El día de hoy se discute en el Senado de la República la ley para regular la publicidad oficial mejor conocida como ley de comunicación social o ley chayote.
El 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018, fecha en que concluye el periodo ordinario de la XLIII Legislatura.
Ante las prisas, los congresistas han optado por promover una ley que ha sido muy criticada tanto por académicos y expertos como por la sociedad civil, pues aseguran que es una ley hecha al vapor, que no se incluyó en la discusión a la sociedad civil, que no cumple con lo solicitado por la SCJN y que su aprobación es nada más para quitarse el problema de encima.
Ante estos hechos dos expertos de derechos humanos exhortan a las autoridades mexicanas a asegurar un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial que establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
Los expertos Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión dijeron que México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos.
“Nos preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
La ley debe prohibir claramente el uso la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios y además debe establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo, explicaron.
“Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley. La ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados”.
Por último, los expertos pidieron a los legisladores llevar a cabo una reevaluación de la legislación propuesta realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil y otros actores interesados para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.
