Pide CIDH investigación independiente

Ante los señalamientos de presuntos intentos de espionaje en contra de los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su estancia en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno mexicano una investigación independiente sobre el caso.

“Debe de haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, señaló el Presidente del CIDH, Francisco José Eguiguren.

El peruano afirmó que las denuncias hechas por el diario The New York Times -basadas en un estudio realizado por investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto- son extremadamente preocupantes, en particular la información presentada por los miembros del GIEI de que también habrían sido espiados.

De acuerdo al estudio, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigaban de forma paralela la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, habrían sido objeto de espionaje.

Uno de los teléfonos utilizados por el grupo de investigadores durante su estancia en México fue blanco de un intento de espionaje a través de un mensaje de texto con un hipervínculo que permitía el acceso al malware Pegasus.

El teléfono donde se recibió el vínculo que ‘escondía’ el programa espía pertenecía al Secretario Ejecutivo del grupo y era utilizado por casi todos los integrantes, ya que funcionaba con un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes y el gobierno de México.

El informe de Citizen Lab detalla que el teléfono móvil recibió dos mensajes de texto los días 1 y 4 de marzo de 2016. Ambos anunciaban un supuesto fallecimiento e invitaban a hacer clic en un enlace que dirigía a un sitio de la infraestructura de NSO en México.

El espionaje, denuncian los investigadores, forma parte de la campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó su investigación sobre los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados, refiere el artículo.

Esta revelación se suma a los señalamientos que hicieron un grupo de periodistas y activistas el pasado 19 de junio en donde también denunciaban intentos de espionaje por parte del gobierno a través del mismo software comercializado por la empresa israelí NSO Group, tecnología que solo se comercializa a gobiernos.

Entre las personas que denunciaron intentos de espionaje a través de sus teléfonos móviles están los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO y Salvador Camarena de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Según un comunicado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), los intentos de infección y la coyuntura del trabajo realizado por los investigadores del GIEI sugiere nuevamente al Gobierno federal como un actor común.

El grupo de expertos fue de los primeros en poner en duda la ‘verdad histórica’ de la PGR en el caso Ayotzinapa, e incluso denunciaron haber sido objeto de una constante campaña de descalificación para desacreditar su trabajo.

El GIEI se conformó en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los estudiantes desaparecidos y el gobierno mexicano para proporcionar asistencia en la investigación sobre los hechos en Iguala y la identificación de los responsables.

En septiembre de 2015, el GIEI presentó su informe sobre el caso en el que concluía que no existe evidencia que ratifique la llamada ‘verdad histórica’ de la PGR que sostiene que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula.

Tras el informe, se acordó alargar la estancia del GIEI, a partir del 31 de octubre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016.

Grupo incómodo

Entre finales de 2015 y principios de 2016, algunas organizaciones, además de la CIDH, comenzaron a denunciar que el GIEI era blanco de una campaña de descalificación e incluso se llegó a señalar a la PGR de entorpecer las investigaciones.

El 28 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI anunciaron el levantamiento de un nuevo estudio sobre el incendio de Cocula, y al día siguiente, el 1 de marzo, fue cuando el teléfono del GIEI recibió el primer mensaje de texto con supuestas intenciones de espionaje.

El 3 de marzo, dos integrantes del GIEI solicitaron formalmente el apoyo a la Unión Europea para continuar la investigación, debido a los obstáculos enfrentados y el 4 de marzo se recibió el segundo mensaje con el enlace malicioso.

La situación entre el GIEI y el gobierno se fue tensando en los siguientes días, hasta el anuncio, el 29 de marzo, por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habría otra prórroga para la estancia del grupo de expertos.

El GIEI presentó su informe final el 24 de abril.

Los dos mensajes recibidos en el teléfono del GIEI guardan similitudes con otros intentos de infección con software malicioso que fueron documentados por Citizen Lab. En primer lugar, ambos contienen enlaces al sitio smsmensaje[.]mx, dominio que fue utilizado en otras 46 ocasiones y que está identificado como un sitio de la infraestructura de NSO.

El contenido de los mensajes, en donde se alude al funeral de una persona cercana, también fue empleado en otros objetivos como Carlos Loret y Carmen Aristegui, e incluso el texto del mensaje recibido por el GIEI el 1 de marzo de 2016 es idéntico a un mensaje recibido por Juan Pardinas el 21 de diciembre de 2015.

Además, el mensaje recibido el 4 de marzo de 2016 fue enviado por el mismo número de teléfono desde el que se intentó en tres ocasiones infectar el celular de la periodista Carmen Aristegui durante el mes de febrero de 2016.