Garantizar la seguridad de las mujeres es la promesa del gabinete federal, sin embargo, el acceso a la justicia y reparación del daño es una de las grandes deudas que tienen que saldar para cumplir con su promesa contra la violencia de género.
Durante la conferencia de prensa matutina, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que en México la violencia contra las mujeres y niñas es “la otra pandemia” que se vive día a día.
De acuerdo con la secretaria, para proteger la vida e integridad de las mujeres, se hará una implementación nacional de policía, se apelará que actúen bajo una justicia cívica y sobre todo que cuenten con las capacidades de dar los primeros pasos en materia de combate a la violencia de género.
Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que para la prevención, atención y sanción de la violencia, el gobierno federal ya trabaja con mesas estatales y regionales sobre la construcción de paz.
“Contamos ya con 24 mesas estatales en las cuales se involucra a redes de mujeres de las localidades para reconstruir el tejido social. Lo primordial es fomentar el diálogo comunitario, identificar los problemas de la comunidad y proponer acciones específicas para solucionarlos y así transformar espacios desde el familiar hasta el comunitario”, señaló.
Gasman afirmó que durante el año pasado, con apoyo de los fondos de Fortaseg y FASP, se trabajó en 26 entidades federativas, en 100 municipios de mayor grado de violencia y se logró la construcción de 117 redes con una inversión de 124 millones de pesos.
Por su parte, Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aseguró contar con un diagnóstico del fenómeno de la violencia para desplegar acciones y recursos que permitan atender la problemática.
“De enero a diciembre de 2020, tenemos datos que indican que del conjunto de víctimas del delito que ocurrieron entre enero y diciembre de 2020, el 31 por ciento son mujeres, de todos los delitos, además, cada hora se reciben siete denuncias por lesiones dolosas de mujeres, lo que equivale a la apertura, al inicio de una investigación mediante carpetas de investigación de 158 casos. En 2020 hubo la apertura de 57 mil 495 carpetas de investigación por diferentes delitos ocurridos en contra de las mujeres”, explicó.
Con respecto al tema de feminicidios, la funcionaria destacó que actualmente hay una etapa de contención de las muertes violentas de mujeres.
“Cada muerte violenta de una mujer nos obliga a reforzar las acciones desde el gobierno federal, a no escatimar recursos y erradicar paulatinamente las muertes violentas de mujeres, por ello hemos decidido intervenir desde la Comisión en una acción coordinada con las fiscalías para que en 2021 partamos de una ruta que nos permita la prevención de los feminicidios, queremos llegar antes de que ocurra el delito, por eso tendremos una inversión de 200 millones de pesos en las entidades federativas para reforzar respuesta de fiscalías y áreas que atienden a las mujeres víctimas de violencia”, sostuvo.
Acciones insuficientes contra la violencia
Pese a los anuncios de los planes para disminuir las agresiones contra las mujeres, especialistas en la materia explican que serán insuficientes si no se acompañan de una capacitación con perspectiva de género a los funcionarios.
En entrevista, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que si bien es alentador escuchar a titulares del gobierno federal con compromisos sobre una política de Estado que pueda enfocarse en tener avances, no es sinónimo para poder cantar victoria pues solo es el primer paso de un largo camino en la erradicación de la violencia.
Mencionó que el feminicidio es la cúspide de las agresiones contra las mujeres y es la más visible pero no es la única violencia. Además, el plan de acción debe incluir todas las posibles violencias y entender que el feminicidio se da en dos contextos: el privado y el público.
“Se necesita de dos estrategias diferenciadas, por ejemplo, en el íntimo hace falta reforzar, y con urgencia, órdenes de aprehensión mientras que en el público es la acción de seguridad ciudadana con enfoque de género”, explica la asesora.
Además, para Pérez Garrido, una de las deudas de las que poco se habla y la cual no puede seguir en el olvido, es la deuda de justicia con las víctimas.
“Se habla de tener una inversión mayor en los estados del país, este punto es vital para poder pelear por la verdad y la reparación del daño. A decir verdad, es un aspecto un poco lejano que alcanzar pero no imposible, para alcanzarlo es necesario no escatimar recursos, no es posible seguir con la revictimización y violencia con las mujeres, pero tampoco puede haber precariedad para los investigadores. No podemos tener ministerios públicos en los que se detiene la investigación porque no tienen siquiera para imprimir un oficio”, recalca.
Por último, Pérez Garrido enfatiza que la justicia y la no revictimización hacia las víctimas indirectas de los delitos es una deuda del Estado mexicano, por lo que debe tener como eje de partida la inversión y la profesionalización de los servidores públicos para detener la violación a los derechos humanos de las personas denunciantes.
“Necesitamos personal capacitado, no podemos seguir en un contexto en el que las redes criminales sean más sofisticadas que las autoridades”, expresa.
