Estudian sanción a Jaime Rodríguez El Bronco
El presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso local, Arturo Bonifacio de la Garza, analiza la sanción al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por promocionar su imagen con recursos públicos para su candidatura presidencial; el senador Samuel García pide destitución
Jesús PadillaLa Comisión Anticorrupción del Congreso local, a cargo de Arturo Bonifacio de la Garza, acatará la petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez El Bronco y al secretario general de Gobierno, Manuel González, por el desvío de recursos en la recolección de firmas para su candidatura presidencial.
Se trata de un análisis jurídico y legislativo para definir el rumbo que seguirán los diputados para obtener al menos 22 votos de 42 posibles, antes del próximo 20 de diciembre y sancionar con apercibimiento, amonestación, multa, destitución e inhabilitación. En esa misma fecha se tendría que discutir el próximo presupuesto estatal.
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Pero el legislador de Morena pretende que el ordenamiento judicial se concrete antes de que inicie la discusión del presupuesto, y con esto evitar que la resolución no se convierta en una negociación entre grupos parlamentarios del Congreso local.
“Estoy viendo los alcances que tenemos y estoy estudiando el tema legislativo y jurídico, para ver qué tengo que hacer o que no debo hacer y qué me marca la ley. Ya cuando tenga todo eso, el miércoles mandaré a todos los integrantes de la Comisión el expediente para estudio y análisis”, dijo el morenista.
El presidente de la Comisión Anticorrupción, Arturo Bonifacio de la Garza, está considerando la destitución e inhabilitación del alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, como antecedente.
El 11 de diciembre de 2018, diputados locales lograron sancionar por tres años a Enríquez Herrera por haber promocionado su imagen con recursos públicos, rumbo a su reelección para la elección del 2 de junio de ese año.
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Pero un amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al edil, en ese entonces con licencia, paró la sanción días después de la votación de los diputados. Finalmente, Herrera sólo fue sancionado con una multa de 100 mil pesos y participó en el proceso electoral, pero no ganó.
El legislador de Morena también considera que casi todos los 572 funcionarios que recabaron firmas en horas laborales tuvieron una sanción administrativa, por lo que no se pueden sancionar dos veces.
Samuel exige destituir a El Bronco
El Gobernador Jaime Rodríguez se jactó de que el Congreso no podría cumplir con la sanción, pero el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, no recula su intención de que diputados del Congreso local voten la destitución del gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco por desvío de recursos en la recolección de firmas para su candidatura presidencial.
Aunque el senador considera que la sanción contra el mandatario pudiera quedar en un apercibimiento, amonestación o multa, él se inclina por una destitución e inhabilitación.
El legislador federal por Nuevo León entregó ante la Oficialía de Partes del Congreso Local, junto con la Diputada local de MC, Mariela Saldívar, un documento de justificación legal para que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón sea sancionado por el desvío de recursos, cometido durante las elecciones de hace un año.
El senador argumenta que es una obligación del Poder Legislativo tomar acciones, porque no está a discusión si tiene o no facultades. García no está pidiendo juicio político, sino una sanción a El Bronco.
“Por eso hoy venimos a pedirle al presidente de la Comisión Anticorrupción, y en voz de dos diputados de la misma, que ya inicien este procedimiento”, dijo García durante la entrega del documento.
El emecista sostiene que se debe considerar la destitución del cargo que el pueblo le confirió en las elecciones de 2015, cuando por primera vez ganó un gobierno independiente, además de imponerse una multa suficiente que al menos resarza el daño ocasionado a la Hacienda Pública Estatal.
“Inhabilitarlo temporalmente para el ejercicio de otro empleo o cargo, dado que el servidor público actuó con dolo en las conductas sancionadas, mismas que la sentencia establece claramente”, dice el senador.
