Estudios en lo oscurito

Desde las ocho de la mañana del 27 de marzo pasado, los miembros de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales de los Pueblos de la Barranca se comenzaron a congregar en el crucero de la Magdalena, en el kilometro 2 de la carretera a Colotlán.

Al enterarse que el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, había convocado a una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio aplicadas en el relleno sanitario de Picachos, los pobladores decidieron protestar en la carretera.

Ahí repartieron volantes a los automóviles e impidieron el paso a tres camiones recolectores de basura que se dirigían rumbo al vertedero.

De acuerdo a los dichos del Ayuntamiento, Onside, laboratorio por el cual se realizaron las pruebas, está avalado por la Procuraduría Federal de Protección de Medio Ambiente (Profepa), además señalaron que las sustancias del agua no son corrosivas, reactivas, explosivas, ni tóxicas al medio ambiente y que no son inflamables, por lo tanto en el cumplimiento de la norma 052 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se consideran que no representan un peligro. 

Sin embargo los pobladores rechazan los resultados presentados por el Ayuntamiento y niegan haber sido informados y mucho menos invitados a la presentación de dichos resultados.

“Entonces ¿por qué se mueren las vacas, por qué se ha estado muriendo la fauna nativa? (…) hay unos eucaliptos hasta de 40 años de vida que ya se secaron, ustedes pueden ver el tamaño de los troncos, tan solo por el paso de los lixiviados”, señaló José Casillas, líder comunal de Ixcatán.

Quién además señala que lo dicho en conferencia de prensa por Héctor Robles era un claro doble discurso.

“Hay todo un doble discurso, por un lado dice que están abiertos a diálogo y ustedes están aquí comprobando que no es así”, expuso Casillas ante la presencia policiaca por parte del Municipio.

Ante el arribo de los manifestantes hacia el camino de paso al vertedero de Picachos, al menos ocho patrullas de la policía municipal de Zapopan impidieron el paso a los pobladores bajo órdenes del director general de Seguridad Pública de Zapopan, Jesús Hernán Guízar Maldonado.

“Nosotros le expusimos que tenemos firmado un convenio con el Ayuntamiento constitucional de Zapopan, con la Profepa (Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente), con la empresa Hasars, desde el 14 de octubre de 2009, en donde tenemos derecho de pasar al basurero (…) sin embargo hoy (27 de marzo) nos encontramos con este operativo”, explicó José Casillas.

Aunque el Ayuntamiento ya mostró un estudio avalado por la Profepa, los pobladores se dicen desconfiados del proceso en que se llevó a cabo, pues señalan que antes de realizarse se estuvo “maquillando” o limpiando el lugar.

Así mismo, el pasado viernes 21 de marzo se realizó una visita al vertedero, en donde se impidió el paso al mismo por parte de la directora de Ecología, Verónica Serrano Padilla, quien señaló que debía haber una lista de quienes querían entrar al lugar y serían solo cuatro personas.

“Nos organizamos para hacer una visita al vertedero con especialistas y pobladores de las rancherías con la finalidad de ver a groso modo la funcionalidad o disfuncionalidad del vertedero, cuando estuvimos ahí me comunicaron con la doctora Verónica Serrano, directora general de ecología del Municipio de Zapopan y me comentaba que nosotros como afectados, como propietarios de la zona, sí teníamos el acceso, pero gente externa no, esto quiere decir que los especialistas que nosotros queríamos integrar no tuvieron el acceso”, explicó Gilberto Rivera, representante del poblado de San Lorenzo.

Porque a pesar de un estudio oficial, los pobladores exigen una revisión técnica por parte de académicos que conformaran una comisión para discutir “el abandono ordenado de los basureros”, pero dicha comisión no ha tenido acceso al lugar por lo antes expuesto.

Este grupo estaría conformado por siete académicos de distintas especialidades, como Gerardo Bernache Pérez, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Armando Chávez Hernández, y Jorge Regalado Santillán, ambos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Arturo Curiel Ballesteros, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UdeG, y Jorge Gastón Rosete del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG. 

Así como el ingeniero ambiental Ricardo Ontiveros Enríquez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y el experto en tratamientos de lixiviados, Manuel Gutiérrez.  Aunque la directora de ecología les propuso que entraran cuatro personas, los pobladores se negaron ya que exigían la revisión de parte de los expertos.

Después de horas de espera la tarde del jueves 27 de marzo, los policías se trasladaron a la única entrada al vertedero de Picachos, por lo que los pobladores también se trasladaron a dicho lugar, en espera de que por fin los dejaran entrar.

A unos metros de la entrada se encontraron con el director de Aseo Público de Zapopan, Moisés Cuadras Abrego, quien se acercó a José Casillas para dialogar, pero ante la presencia de medios de comunicación se retiró diciéndole al líder comunal “yo estoy hablando contigo”.

Cabe destacar que Reporte Indigo buscó la postura de ambos directores en el Municipio de Zapopan, pero la respuesta a una entrevista no llegó luego de varios intentos. 

Ante la negativa de parte de autoridades municipales, los representantes de los pueblos de la Barranca decidieron presentar su pliego petitorio ante el Gobierno del Estado, en donde solicitan el cese de trabajo en el vertedero de Picachos.

“El pliego petitorio lo dirigimos al gobernador del estado, esto fue desde el 11 de febrero, fuimos a Oficialía de Partes para ver si había una respuesta, pero no encontramos ninguna, nos mandaron a Asuntos Interiores y de Asuntos Interiores resultó ser que ese día no había sistema y nos dieron un teléfono de una persona que no nos dijeron que cargo tenía (…) pero no hay nada por escrito, y eso era lo que nos importaba a nosotros”, relató Gilberto Rivera.

Por ahora las peticiones principales es el cese de operaciones en el vertedero de Picachos y la entrada de especialistas para hacer una revisión al basurero y poder entregar una evaluación técnica sobre la condición “confiable” de la zona.

“El gobierno del municipio ha estado buscando la manera de que nosotros le demos nuestro listado de especialistas y en realidad nosotros esperábamos que fueran para que ellos con sus especialidades pudieran comprobar, asegurar los faltantes o el funcionamiento actual del vertedero”, concluyó el representante de San Lorenzo. 

Regidores ausentes

Después de haber sido invitados por los pobladores de las rancherías aledañas al vertedero de Picachos, los regidores de las diferentes fracciones en el municipio de Zapopan no estuvieron presentes, a decir de los manifestantes, estos fueron invitados para hacer más presión a que los dejaran pasar al vertedero.

“Nosotros invitamos a los regidores, invitamos al regidor (Eduardo) Pulido, Augusto Valencia y a Juan Ramón Ramírez Gloria, los invitamos para generar esta visita, básicamente para documentar el estado en el que se encuentra el vertedero”, dijo Gilberto Rivera, representante del pueblo de San Lorenzo.

Gilberto también señaló que la invitación se hizo a un regidor de cada partido, tanto del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, para que no se politizara la problemática. También dijo que se invitó a estos dos últimos ya que han estado interesados en el problema del vertedero.

Sin embargo, dicho interés no se manifestó la tarde del jueves 27 de marzo, puesto que ninguno de los invitados se presentó al lugar y mucho menos se envió a algún representante.

Las invitaciones fueron firmadas y selladas con acuse de recibo para que los regidores no tuvieran pretexto de que no fueron notificados de dicha invitación, según señalaron los representantes.