El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil ante una Corte de Distrito en Texas para tratar de embargar un condominio en la Isla del Padre que presuntamente fue adquirido con dinero procedente del narcotráfico.
La demanda indica que cuando Tomás Yarrington fue candidato a gobernador de Tamaulipas por el PRI, recibió dinero del Cártel del Golfo y utilizó prestanombres para adquirir propiedades en Estados Unidos.
El departamento que busca confiscar el gobierno de Estados Unidos está registrado a nombre de Napoleón Rodríguez y está ubicado en el la torre Bridgepoint, unidad 1401.
Y según la acusación, Rodríguez es prestanombres de Tomás Yarrington y colaboró con el ex gobernador en su campaña de 1998.
A través del expediente 12-CV-167 y con fundamento en las leyes civiles que permiten al gobierno estadounidense embargar las inversiones que proceden de ilícitos, la demanda busca confiscar el condominio 1401, ubicado en el 334 del Padre Boulevard.
Esta demanda civil llega después de que el pasado mes de febrero Reporte Indigo publicó que el gobierno mexicano emitió una alerta migratoria contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma.
Alerta motivada por una investigación de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) , de la cual Reporte Indigo tiene una copia, porque presuntamente los dos ex gobernadores recibieron dinero del Cártel del Golfo.
Según la relación de hechos de la demanda civil que busca confiscar la propiedad, ésta tiene un valor de 450 mil dólares.
Y fue adquirida con un depósito de 300 mil dólares en 1998, cuando Yarrington buscó la gubernatura que ganaría y ejercería entre 1999 y 2004.
Con el financiamiento, la propiedad terminó de liquidarse en abril de 1999, pero según el gobierno estadounidense el dinero era procedente del narcotráfico.
La demanda indica que Napoleón Rodríguez, quien aparece como propietario del condominio, adquirió el departamento con dinero de Yarrington.
Porque según los demandantes, Rodríguez recibió el dinero del ex gobernador para liquidar la propiedad en el corazón de la Isla del Padre.
El presunto prestanombres
Napoleón Rodríguez es también dueño de la empresa Ferretera Industrial Rodríguez, S.A. de C.V.
La demanda dice: “Rodríguez recibió contratos para proveer a la ciudad de Matamoros y al Estado de Tamaulipas, México, con suplementos como pinturas y luces. Rodríguez también fue contratado como asistente para la campaña de Yarrington.
“Cerca de diciembre de 1998 Rodríguez hizo la transacción para adquirir la propiedad en su nombre, en representación o como prestanombres de Yarrington.
“La propiedad fue pagada totalmente con dinero de Yarrington que procedía del tráfico de drogas”, dice la demanda civil.
Ésta y otras propiedades que el ex gobernador de Tamaulipas adquirió en Estados Unidos serán motivo de demanda civil por parte del gobierno estadounidense luego de la investigación de la DEA.
Y es que en febrero pasado, un mensaje de texto enviado vía celular por Miguel Treviño Morales “Z-40”, involucró al ex gobernador con el lavado de dinero, e incluso con el asesinato del candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú.
Según la declaración del agente de la DEA Stephen A. Parkinson ante la Corte estadounidense, además del mensaje de texto hay cuatro testigos protegidos que advierten de la conexión de Tomás Yarrington con el Cártel del Golfo.
El agente Parkinson testimonió para que la DEA obtuviera la orden de aprehensión contra Antonio Peña Argüelles, detenido la semana pasada en Laredo, Texas, bajo el cargo de lavado de dinero.
En el acta para la Corte, el investigador Parkinson dice que la vinculación del ex gobernador tamaulipeco con la delincuencia organizada fue documentada por él desde el año 2000, dos años después de que Yarrington asumió la gubernatura.
Que en su investigación de lavado de dinero, Parkinson obtuvo libros contables donde encontró la entrada y la salida de millones de dólares al sistema bancario estadounidense.
Y que ese dinero era de cuentas de Antonio Peña Argüelles y de Tomás Yarrington.
También, dice que la investigación llegó a un punto crucial el 29 de noviembre del año 2011.
Y es que ese día fue localizado asesinado Alfonso Peña Argüelles, hermano mayor de Antonio Peña Argüelles, detenido por la DEA en febrero pasado.
El cuerpo de Alfonso, con rastros de tortura, amaneció en el monumento a Cristóbal Colón en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Y junto a él estaba una manta donde Los Zetas acusaban al hermano de la víctima, a Antonio Peña Argüelles, de ser el contacto entre Tomás Yarrignton y el crimen organizado para el lavado de dinero.
También en la manta, Los Zetas acusaban al hermano del hombre asesinado de haberse quedado con 5 millones de dólares de ese grupo delincuencial.
Dinero que Antonio Argüelles debió entregar a los políticos de Tamaulipas para protección al Cártel, que hasta antes de 2010 integraba a Zetas y Golfo en la misma organización.
Pero desde antes de la aparición de esa manta, la acusación contra el ex gobernador Tomás Yarrington y sus nexos con el narcotráfico ya eran parte de una investigación de la DEA.
Por ello es que todas las propiedades que el gobierno de Estados Unidos presuma son del ex gobernador a través de supuestos prestanombres, entrarán a un proceso civil para su confiscación.
Ligan a constructor con cártel
El gobierno de Estados Unidos acusó de lavado de dinero al empresario y constructor tamaulipeco Fernando Alejandro Cano Martínez, quien ha sido relacionado con Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas.
Un Gran Jurado le presentó cargos a Cano Martínez por presunta colaboración con el Cártel del Golfo para enviar dinero de México a Estados Unidos para la compra de bienes raíces, principalmente.
El texto de la acusación también relata que el dinero proviene del pago de sobornos a funcionarios de Tamaulipas para evitar la interferencia de la policía en el tránsito de droga dentro del estado.
Adicionalmente, se señala que con esos recursos se pagaron campañas de candidatos a puestos de elección popular.
Mediante el Acta Criminal B-12-435, la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas en Brownsville le finca delitos por los que Cano Martínez deberá ser presentado ante las autoridades judiciales de Estados Unidos.
Al mismo tiempo que fue anunciada la acusación contra Cano Martínez, la fiscalía estadounidense de los distritos Sur y Oeste de Texas, con sede en Corpus Christi, interpuso una demanda civil para investigar dos inmuebles presuntamente propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
Una de las propiedades es un departamento en la Isla del Padre, con valor de 450 mil dólares. La otra, ubicada en San Antonio, Texas, estaría valuada en 6.6 millones de dólares.
Cano Martínez ha sido ligado con Yarrington desde que este último era gobernador de Tamaulipas.
Fraude bancario
Además de los cargos por lavado de dinero, Fernando Alejandro Cano Martínez es acusado de fraude bancario al incurrir en falsedad de datos para abrir cuentas en diversas instituciones financieras de Texas.
Por ambos delitos, se ha fijado una compensación mínima de 40 millones de dólares que el constructor deberá pagar si es condenado. Adicionalmente, se le embargarían todas las propiedades con las que cuente en territorio estadounidense.
Los cargos del Gran Jurado señalan que Cano y otros personajes –cuyos nombres no fueron revelados– habrían montado una operación de lavado de dinero que habría sido obtenido de sobornos pagados a políticos y funcionarios mexicanos por el Cártel del Golfo.
La operación habría incluido la constitución de diversas empresas que abrieron cuentas de cheques en bancos texanos para recibir depósitos desde México.
Algunas de las empresas que se mencionan son: SPI Development Partners LLC, Cantera-Parkway Development Partners LLC, Premier International Holdings Ltd y Culebra 179 Acre Residential Development LLC, entre otras.
Casi todas las transferencias fueron hechas desde la operadora de cambios Monex, y eran recibidas por diversos bancos, entre los que destacan First National Bank y el Inter National Bank.
El texto de la acusación precisa que Cano y otros involucrados abrieron 10 cuentas en bancos mexicanos. Entre ellos, HSBC, Scotiabank, BBVA Bancomer, Banamex y Banregio.
Además de las propiedades señaladas, en la acusación también se indica la compra de un avión turbo Pilatus en 2 millones 750 mil dólares en 2005.
La operación
La investigación es resultado de un esfuerzo conjunto en el que participaron la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Internal Revenue Service Servicios de Impuestos Internos), además de los fiscales Kenneth Magidson y Robert Pitman, de los distritos Sur y Oeste de Texas.
El gobierno de Estados Unidos solicitó evidencias a las autoridades mexicanas al amparo del tratado de cooperación entre las dos naciones.
“Mantenemos nuestra determinación en nuestro compromiso de perseguir no solo a los cárteles de la droga, sino también a aquellos que les proveen soporte y ayuda”, dice el comunicado del gobierno estadounidense citando al fiscal Magidson.
“Este caso es un ejemplo más de nuestra cooperación con diversas agencias antidrogas y otras oficinas de fiscales en Estados Unidos, incluyendo evidencia proveniente del gobierno de México a la hora de acusar a aquellos que buscan evadir las leyes de Estados Unidos”, agrega.
