Será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el que determine la constitucionalidad del acuerdo mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó facultades en seguridad pública a las Fuerzas Armadas en mayo de 2020, y que fue controvertido un mes después por la Cámara de Diputados.
De manera unánime, los cinco integrantes de la Primera Sala, encargada de asuntos en materia civil y penal, determinaron pasar al pleno de la Suprema Corte la discusión del acuerdo publicado por el Ejecutivo federal para permitir que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad hasta finales de marzo de 2024.
Esto, en el marco del nuevo acuerdo que López Obrador publicó el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual otorga el estatus de “seguridad nacional” e “interés público” a los proyectos de infraestructura de su administración, la mayoría ejecutados por las mismas Fuerzas Armadas.
El proyecto original de la ministra Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala y primera titular del Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de López Obrador, planteaba avalar la constitucionalidad del acuerdo; pero en la discusión se consideró que se debía tomar en cuenta la opinión de los 11 ministros.
Lo anterior, debido a la importancia y trascendencia del acuerdo, puesto que, a partir de su publicación, el primer mandatario ha desplegado más de 80 mil elementos en diversas tareas de seguridad pública a lo largo del territorio nacional. Sin contar a los otros 60 mil policías militares y navales integrados a la Guardia Nacional.
Acciones de inconstitucionalidad
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta en junio de 2020 por la Cámara baja del Congreso de la Unión por instrucción de Laura Rojas, diputada de Acción Nacional, en su papel de presidenta de la Mesa Directiva, pues argumentó que el acuerdo no marcaba los controles de excepcionalidad, subordinación y fiscalización.
Además de esta medida promovida por el Poder Legislativo, también existe otra acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2019 contra la Ley de la Guardia Nacional, la presencia de efectivos militares en esta corporación para tareas de seguridad pública.
