Mientras la militarización del país avanza, las violaciones a los derechos humanos aumentan, las principales víctimas de las Fuerzas Armadas son las mujeres.
Valentina Rosenda Cantú, mujer indígena de la comunidad me’phaa fue víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército mexicano cuando salió a lavar ropa a un arroyo cerca de su casa en el municipio de Acatepec, Guerrero. Tenía 17 años.
Su caso se reportó el 16 de febrero de 2002, 34 días antes del de Inés Fernández Ortega, el 22 de marzo, mujer de la misma comunidad que también fue asaltada sexualmente por militares que allanaron su domicilio ubicado en Barranca Tecuani.
Las Fuerzas Armadas, siendo una institución tan opaca y de difícil acceso acerca de qué están haciendo y cómo lo están haciendo afecta más a que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación
Ambos casos fueron denunciados ante las autoridades mexicanas por casi dos décadas, y respaldados por instancias como la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por lo sucedido con Valentina Rosendo; no obstante, fue hasta 2018 que los militares acusados de violentarla y torturarla sexualmente recibieron una condena de 19 años en prisión. El caso de Fernández Ortega aún sigue en investigación.
De acuerdo con el informe “Violencia de género en pueblos indígenas” del CEJIL, el caso de Valentina Rosendo Cantú dio pauta para el desarrollo de los términos “tortura sexual” y “violencia sexual castrense”, una práctica que arroja cifras alarmantes y a la alza en la actualidad.
Datos recabados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por última vez en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que en 2015 aproximadamente 97 mil mujeres mayores de 15 años fueron violentadas por militares o marinos.
La encuesta señala que el 13.7 de las mujeres reportó haber sufrido manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa; 19.7 por ciento declaró haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones; 18 por ciento de las mujeres afirmó haber sido vigiladas, y 4 por ciento reportó violaciones e intento de violaciones por parte de los militares.
Más violentos que la policía
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) denunció en el estudio “La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz” que estas no son las únicas violencias ejercidas por militares contra las mujeres, pues existe evidencia que comprueba que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) actúan de manera más violenta y arbitraria en comparación con las policías.
Por ejemplo, 41 por ciento de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, en comparación con el 5 por ciento de los hombres. De igual forma, de las mujeres arrestadas por el Ejército, 21 por ciento fue víctima de violación, en contraste con el 5 por ciento de los hombres.
“La tortura sexual es específicamente relevante en las mujeres”, anuncia Frida Ibarra, abogada y coordinadora de la serie de MUCD.
De este modo, señala que es apremiante prestar particular atención a las agresiones vinculadas a la militarización en contra de las mujeres, ya que están interconectadas con el sistema patriarcal que impera en el país.
Indica que hay que hablarle a la ciudadanía sobre el impacto diferenciado y desproporcional de la militarización en la vida de este grupo poblacional y recordar que el Estado tiene obligación reforzada de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los factores que pueden exacerbarlos.
“No vamos a salir del tema de violencia hacia las mujeres si no observamos también la militarización de la seguridad pública, que ha cambiado las dinámicas y la intensidad con la que la violencia hacia las mujeres se ejercía antes”, denuncia.
MUCD reporta que, en este sentido, desde el inicio de la llamada “guerra contra las drogas”, los homicidios de mujeres no solo aumentaron, sino que cambiaron de dinámica e intensidad. De 2007 a 2018, la tasa de asesinatos pasó de ser de 1.9 mujeres por cada 100 mil a 5.4 sucesos.
La Guardia Nacional no cambia violaciones a derechos humanos
Con la implementación en 2019 de la Guardia Nacional, con mando militar, como parte de la estrategia de seguridad, las violaciones a los derechos humanos se han mantenido, aunque su cuantificación no ha sido transparentada al punto de poder medir el impacto en hombres o mujeres.
No obstante, las cifras de mujeres asesinadas en 2019 (3 mil 824, diez cada día) guardan relación con este fenómeno de acuerdo con el estudio “Dos Guerras” de la organización civil Intersecta en el que analizan las formas de violencia contra las mujeres a causa del machismo y de los efectos colaterales de la militarización.
Entre estas características subraya el incremento de los homicidios con arma de fuego y en escenarios públicos: “A medida que aumentan los enfrentamientos, los homicidios aumentan”, indican.
Por su parte, el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: “La situación de los derechos humanos en el mundo”, documenta el caso de Jéssica Silva, de 35 años, quien murió a manos de la Guardia Nacional en la ciudad de Delicias, Chihuahua, cuando los elementos abrieron fuego contra el vehículo en el que regresaba de una protesta de agricultores por los derechos sobre el agua.
La naturaleza patriarcal de esas instituciones nos explica la relación de las policías y los militares con las mujeres
El esposo de Jéssica resultó herido de gravedad en el ataque. La Guardia Nacional declaró al principio que sus efectivos habían repelido un ataque armado, pero posteriormente admitió que el ataque contra la pareja había sido un “accidente”. La Fiscalía General de la República detuvo a seis agentes de la institución por su relación con los ataques.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH informó que de enero a diciembre de 2020, el organismo recibió 359 quejas en contra de la Sedena por supuestas violaciones a sus derechos humanos, mientras que la Guardia Nacional acumuló 350 quejas en su contra.
Dentro de las violaciones cometidas por elementos de la Guardia Nacional se encuentran detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas y acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares.
En este contexto, las distintas perspectivas del impacto de la militarización en la vida de las mujeres apuntan, invariablemente, a un desequilibrio de poder y una desproporcionalidad en el uso de la fuerza y la violación de los derechos humanos. De ahí que, MUCD insista en que: “Es urgente que se analice y se planteen alternativas para transitar a un modelo de seguridad pública civil que incluya la sensibilización y la perspectiva de género”.
