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Durante el alegato, los abogados de los exfuncionarios argumentaron que como los 51 mdp se incluían en el Presupuesto de Egresos, eso era suficiente para que sus clientes no fueran vinculados a proceso
"Los datos de pruebas son suficientes a la vinculación a proceso, (porque) se desprenden datos de pruebas que dan indicios que se cometió un delito”
Francisco Valenzuela Castellanos y Jesús Salvador Garza Herrera, exfuncionarios financieros en el gobierno de Rodrigo Medina, quedaron ayer vinculados a proceso por el delito de daño patrimonial del Estado.
El juez Pedro Cisneros Santillán consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción serían suficientes para procesar a ambos exfuncionarios, acusados de desviar sin justificación 51 millones al Sindicato de Trabajadores de la Educación, sección 50.
El juzgador estimó que existe un probable delito en los 12 depósitos que se realizaron al sindicato, de los cuales Valenzuela Castellanos está involucrado en 6 y Garza Herrera en el resto de las transferencias.
“Los datos de pruebas son suficientes a la vinculación a proceso, (porque) se desprenden datos de pruebas que dan indicios que se cometió un delito”, dijo Cisneros Santillán.
Francisco Valenzuela Castellanos fue subsecretario de Egresos de octubre del 2009 a enero del 2013, y Jesús Salvador Garza Herrera fue director de Presupuesto y Control Presupuestal y después sustituyó a Valenzuela.
El juzgador dijo que existen elementos que indican la probable participación de estos dos exfuncionarios.
“(Y) se prevé que se encontró un posible daño al patrimonio del Estado”, señaló el juez.
Por este caso también ha sido señalado Alejandro Dávila Treviño, un tercer implicado que no ha sido localizado, aunque otras fuentes señalan que posee un amparo.
Reporte Indigo adelantó en el año 2012 que Francisco Valenzuela Castellanos no era un subsecretario cualquiera en la administración del exgobernador Rodrigo Medina.
Desde su discreto puesto de segundo nivel en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Valenzuela Castellanos era quien controlaba los recursos estatales y el que decidía el destino del dinero público.
La mayoría de las más de 100 solicitudes de ampliaciones presupuestales eran autorizadas por Valenzuela, ligado con el padre del exmandatario estatal, Humberto Medina Ainslie.
No justifican pagos
La defensa de Francisco Valenzuela Castellanos y Jesús Salvador Garza Herrera, ambos subsecretarios de Egresos del Estado, no pudieron justificar la entrega de 51 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores de la Educación, sección 50.
Los abogados Javier Coello y Javier Esquinca, representantes de Valenzuela, y Cristóbal Hernández y Emiliano Gámez, de Garza Herrera, no presentaron datos de pruebas que justificaran la entrega de millonarios montos.
Sólo se limitaron a decir, durante el alegato, que como ese dinero estaba dentro del Presupuesto de Egresos, eso era suficiente para que no fueran vinculados a proceso sus clientes.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción centró su alegato en que ambos no justificaron la entrega de esos recursos.
Según la Fiscalía, los operadores financieros de Medina tendrían que exigir al Sindicato informar a dónde destinó esos recursos, y si tuvo un beneficio la sociedad de Nuevo León.
Dentro de las imputaciones hechas en la carpeta de investigación 5521/2017, la Fiscalía acreditó que ambos exfuncionarios entregaron 12 pagos por un monto de 51 millones de pesos, sin que se informar en qué rubros se gastaron.
Los recursos fueron entregados del Estado al Sindicato entre enero y diciembre del 2011, en supuestamente a los rubros de “Apoyo económico a programas del SNTE” y “Negociaciones salariales”.
El juez Pedro Cisneros Santillán consideró también que no se tenía una justificación clara del uso de los recursos.
“Sin justificar la liberación de varias órdenes de pago al sindicado sin necesidades económicas”, citó el juzgador.
Sin garantía por daño al patrimonio
Aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitó como medida cautelar una garantía económica de 51 millones de pesos para Francisco Valenzuela Castellanos y 26 millones para Jesús Salvador Garza Herrera, el juez Pedro Cisneros Santillán, negó la petición.
El juzgador consideró que sería suficiente la medida cautelar impuesta la semana pasada a los dos exfuncionarios de Medina, en cual se estableció que tendrían que firmar cada 15 días y el retiro de sus pasaportes.
Pese que la Fiscalía insistió con que se garantizara el daño al patrimonio del Estado, esto fue rechazado de nueva cuenta por el juez.
Solo aceptó que las investigaciones continuaran en un periodo de tres meses, pero abrió la puerta para que se pueda extender más el lapso de las pesquisas.