La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe de la Cuenta Pública 2016 un probable desfalco de 237 millones de pesos en los recursos obtenidos por la Tesorería estatal del Gobierno de Nuevo León mediante financiamientos a corto plazo.
La ASF pide iniciar una investigación porque el Estado no ha informado sobre el destino de este dinero, producto de dos créditos contratados el año pasado.
El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón informó a la ASF que ese dinero fue destinado a cubrir necesidades de corto plazo de la administración, sin embargo, no ha podido presentar la documentación para comprobar el gasto.
El daño o perjuicio al patrimonio corresponde a 182 millones de pesos provenientes de los recursos de un crédito de Banorte a corto plazo, y de 55 millones provenientes de otro crédito del banco Interacciones, de los cuales no se ha identificado el destino y aplicación de dichos recursos.
Dentro de las observaciones de la ASF destaca que durante 2016, el Gobierno estatal celebró siete contratos de financiamiento a corto plazo por un total de 5 mil 250 millones de pesos, utilizados para el pago de otros créditos a corto plazo y para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, es decir, gasto corriente, lo que está prohibido por la Constitución.
Fiscalizado por diputados
El Gobierno del Estado informó que el motivo del financiamiento a corto plazo se debió al desfase en el tiempo que existe para recibir los recursos de libre disposición y las fechas para el pago de las obligaciones, motivo por el cual se financia temporalmente con préstamos a corto plazo.
Además de los 5 mil 250 millones obtenidos a través de los siete créditos, el Gobierno de Nuevo León utilizó mil 400 millones de pesos para fines distintos respecto a los que fueron solicitados.
El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó también un probable daño o perjuicio a las arcas públicas del Estado por un monto superior a los 11 millones de pesos por incumplimiento de una de las cláusulas de otro crédito contratado.
La auditoría sobre el Financiamiento Público de Nuevo León determinó seis observaciones de las cuáles solo una ha sido solventada, y las restantes generaron cuatro recomendaciones, tres promociones de responsabilidades administrativas y tres pliegos de observaciones.
En total la ASF determinó recuperaciones probables por 249 millones de pesos durante el ejercicio 2016.
A quién pidió y cómo lo gastó
El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón no ha podido presentar ante la ASF la documentación para comprobar el gasto:
5,250
Crédito solicitado a Banorte para obligaciones de pago directo o contingentes
1,750
De los cuales
1,567.5
182.5
Crédito solicitado a Interacciones para Inversión Pública Productiva
1,400
De los cuales
1,345
55
237.5
El esquema de los desvíos
En febrero de 2016, el Gobierno de Nuevo León obtuvo un crédito de corto plazo con Banorte por un monto de mil 750 millones de pesos, el cual solicitó para cubrir obligaciones de pago directas o contingentes.
Parte de ese recurso, mil 567 millones de pesos, fueron destinados a liquidar dos créditos a corto plazo con el banco Interacciones, y el restante, 182.5 millones, fueron destinados al gasto corriente, según informó la administración estatal; sin embargo no ha podido aclarar el destino de dicho monto.
En marzo solicitó otro crédito al banco Interacciones por un total de mil 400 millones de pesos para la Inversión Pública productiva de la entidad, sin embargo se destinó a pagar otro crédito a corto plazo con Banorte por mil 345 millones de pesos.
Nuevamente, la diferencia restante, 55 millones de pesos, habría sido destinado para el gasto corriente, según lo informado por el Gobierno de la entidad, pero tampoco ha podido comprobar el destino final de los recursos.
Además, entre julio y diciembre de 2016, el Gobierno de Nuevo León recibió financiamiento a través de 5 créditos, uno de HSBC por 700 millones en julio, otro de Afirme por 700 millones en octubre, otro de BBVA Bancomer por 100 millones en diciembre, uno más de HSBC por 250 millones en diciembre, y finalmente otro de Interacciones por 350 millones, también en diciembre.
Los cinco créditos cuya suma es de 2 mil 100 millones de pesos fueron solicitados para necesidades de corto plazo, como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Los recursos fueron depositados en cuentas autorizadas para realizar el pago de nómina, impuestos, aguinaldos, servicios generales y gastos de operación del gobierno, entre otros.
Además de las observaciones sobre la utilización de recursos por mil 400 millones de pesos para fines distintos de los que fueron solicitados, la ASF concluyó que al haber utilizado recursos de financiamientos a corto plazo para gasto corriente incurrió en un acto inconstitucional.
Específicamente el Gobierno de Nuevo León habría falta a lo establecido en el artículo 117, fracción VIII de la Constitución que establece que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura y en ningún caso podrán destinarse para cubrir gasto corriente.
La ASF concluyó que al haber utilizado recursos de financiamiento a corto plazo para gasto corriente, el Gobierno de Nuevo León incurrió en un acto inconstitucional
