Las confesiones ministeriales de policías de San Pedro en torno al robo de un vehículo confirman la infiltración de esa corporación por parte del Cártel de Los Beltrán Leyva.
Y la prueba es literal en las declaraciones en el caso de dos policías que habrían dejado seguir su camino a los ladrones de un automóvil.
Declaraciones de los uniformados que, por cierto, provocaron una serie de acusaciones entre el munícipe, entonces Mauricio Fernández, y la Procuraduría del Estado.
Se trata de las comparecencias que aparecen en el auto de formal prisión del Juzgado Primero de lo Penal, a las que Reporte Indigo tuvo acceso.
En ellas, los policías Héctor Eduardo Balleza, de 24 años, y Jorge Eduardo Garza Castillo, de 29 años, confiesan que en el municipio de San Pedro opera un grupo del Cártel de Los Beltrán Leyva, que se separó del Cártel de Sinaloa.
Y que la Secretaría de Seguridad de San Pedro “está arreglada” para permitir que esta célula, denominada “La Oficina”, pueda vender drogas y circular libremente por el municipio.
Que este grupo es dirigido por “El Cochi” o “Comandante 19”, y que si algún uniformado de San Pedro detiene gente en automóvil o a pie y ésta le dice que trabaja para “La Oficina”, deben dejarlos continuar su camino.
Como lo dice literalmente en su declaración el policía Jorge Eduardo Garza Castillo: “…Que desde aproximadamente como un año, que el compareciente tiene contacto con un grupo de la delincuencia organizada conocidos como ‘La Oficina’.
“…Que el encargado de la plaza de las actividades que realizan en San Pedro es una persona apodada ‘El Comandante 19’ o ‘El Cochi’.
“…Menciona que la instrucción que esa persona le dio, fue que a los miembros de esa organización los dejaran jalar, es decir, que su principal actividad sería la venta de droga…
“Que ha detenido a personas que andan caminando o que andan conduciendo vehículos por la zona en donde se encarga de patrullar y cuando se entrevista con estos sujetos le dicen que ‘ya quedamos 35, somos de La Oficina’ y que por ese motivo el de la voz los deja que se vayan…”, dice la declaración de Garza Castillo.
Y es tal y como ocurrió en junio del año pasado en San Pedro, cuando un hombre siguió a dos sujetos que habían despojado del vehículo a su hija.
Hechos que fueron denunciados penal y públicamente por Luis Carlos Cantú González, padre de Verónica Cantú Ríos, quien es la víctima del robo.
Suceso que fue rechazado en su momento por quien era el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, quien acusó a los ciudadanos de mentir y a la Procuraduría de fabricar un montaje.
Sin embargo, las declaraciones de los dos policías detenidos son contundentes.
Porque no solamente se incriminan mutuamente de conocer la existencia de la célula de la delincuencia organizada que opera en San Pedro, sino que además coinciden con las declaraciones de un “halcón” de ese cártel.
Porque cuando sucedieron los hechos fue detenido Pedro de Jesús Aveldaño García, junto a los dos policías.
Y este hombre declaró ante el Ministerio Público que hasta su detención llevaba tres o cuatro meses de pertenecer al Cártel del Sinaloa, agrupación con la que operaba como “monitor” (halcón).
Que por esa actividad le pagaban entre 700 y mil dólares mensuales, y que su jefe era “El Comandante 12” o “El Greñas”.
Y que sabía que los policías de San Pedro, incluyendo los detenidos, estaban “arreglados” por el grupo delictivo llamado “La Oficina”.
El “halcón”, o como lo llaman en esta organización delictiva de San Pedro “El Monitor”, detenido junto con los policías, detalla la forma en que operan para permitir que los del cártel circulen libremente en ese municipio.
Jesús Aveldaño García dice cómo lo contrataron y asegura que la Policía de San Pedro, que tanto presumió el exalcalde Mauricio Fernández, está infiltrada por el crimen.
Escándalo que trasciende
Los hechos que narran los policías y el “halcón” ocurrieron el lunes 11 de junio de 2012, aproximadamente a las 17:15 horas.
Cuando Ana Verónica Cantú Ríos circulaba en una camioneta Odyssey, marca Honda y color gris, placas SJN-8099, entre los límites de Monterrey y San Pedro, cerca de la avenida Lázaro Cárdenas.
Y que ahí fue despojada del vehículo por dos sujetos, que la bajaron amenazando con dispararle.
Ella avisó del asalto a su padre Luis Carlos Cantú González, a través de una llamada telefónica.
Cuando Cantú González acudía a ver lo que ocurrió, circulaba por la avenida Fundadores en Valle Oriente, San Pedro, cuando vio que en el sentido opuesto iba una camioneta como la de su hija.
Y al acercarse vio que arriba de ella viajaban dos sujetos.
Luego vio que los dos sujetos a bordo de la camioneta de su hija estaban en el cruce de fundadores y San Patricio.
Cerca de ellos, Cantú González esperó a una patrulla de San Pedro. Cuando la vio, le marcó el alto para decirle lo ocurrido.
Al lugar llegó otro patrullero de San Pedro, quien le pidió que se alejara del lugar.
Mientras él veía a la distancia lo que pasaba, vio que uno de los hombres descendió de la camioneta que la acababan de robar y luego de saludar a los dos policías se retiró por la calle San Patricio.
Entonces Cantú González gritó a los policías que se estaba escapando uno de los asaltantes, pero éstos le dijeron que por su seguridad trepara a su auto y no se acercara.
Así escapó uno de los asaltantes mientras el otro se quedó arriba de la camioneta robada.
Posteriormente, los policías de San Pedro Héctor Eduardo Balleza Vázquez y Jorge Eduardo Garza Castillo fueron detenidos por agentes ministeriales, acusados de haber permitido que los ladrones de autos se dieran a la fuga en Valle Oriente.
Y en sus declaraciones los policías confiesan el hecho, pero el martes 12 de junio, un día después de la aprehensión, el alcalde de San Pedro Mauricio Fernández hizo públicos los hechos y declara que los dos agentes fueron torturados para confesar.
“Yo le reclamó al gobernador del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, que se pongan las pilas en los temas de seguridad y deje de estar fastidiando a San Pedro Garza García.
“Se me hace francamente inaudito que estén pasando estas cosas, y más en este momento electoral, o yo no sé si luego quieran sacar una declaración de los policías que desde ahorita la invalido porque sé que las personas fueron torturadas”, dijo el martes 12 de junio el entonces alcalde.
Pero luego, en conferencia de prensa, el procurador Adrián de la Garza desmintió los supuestos actos de tortura.
Al día siguiente, el miércoles 13 de junio el secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra Hinojosa, dijo públicamente que si el alcalde tenía pruebas de la inocencia de sus policías que las presentara.
Y al siguiente día, el jueves 14 de junio los elementos policiacos de San Pedro fueron presentados ante los medios de comunicación.
“La Policía de San Pedro deja ir a las dos personas implicadas para posteriormente traer a alguien como presunto responsable del robo”, dijo en esa ocasión Jorge Domene, vocero de Seguridad.
Una vez que se entera de esas declaraciones, el alcalde públicamente reta a golpes al procurador.
“A golpes pónganme al procurador, haber cuántos madrazos aguanta y le hago firmar lo que yo quiera, pues si a madrazos se trata, yo también te hago firmar al procurador que él pertenece al cártel que quiera”, advirtió Mauricio Fernandez.
Tres horas más tarde, el munícipe convocó a conferencia de prensa y entregó a los medios de comunicación la copia de la descripción de llamadas recibidas por el radio operador el día de los hechos.
Este documento, que fue acompañado por el audio de una llamada telefónica recibida, asegura que un comandante de la Policía Ministerial que se identificó sólo con el apellido de Zambrano, tenía conocimiento de los hechos.
El alcalde aseguró que la detención de los policías era un complot para procesarlo a él como funcionario.
“Los están presionando a involucrarme a mí que estoy coludido con los policías en el crimen organizado, hasta ese descaro están tratando de hacer en la Ministerial, a torturarlos y estarles diciendo que hagan un testimonio en el cual yo estoy involucrado con el crimen organizado”, dijo en la rueda de prensa el munícipe.
Ante el escándalo, el gobernador Rodrigo Medina habló de que esto no se arreglaría ni a gritos ni a sombrerazos, ni con ofensas o descalificaciones.
Actualmente los dos policías están recluidos en la prisión de Cadereyta, mientras fue interpuesto un amparo contra el delito de delincuencia organizada para tratar de sacar de lña cárcel a los uniformados.
Pero las declaraciones de los propios policías que obran en el expediente son muy detalladas sobre la operación y los líderes de la célula delictiva en San Pedro.
Además de la acusación del padre de la víctima, que asegura que los policías dejaron ir al menos a uno de los ladrones.