Exhiben desvíos en Conagua

La falta de regulación en la construcción de obra pública en el país ha provocado que la creación de infraestructura se convierta en la pantalla perfecta para el desvío de recursos.

Dentro de las instituciones que destacan por su opaca forma de actuar se encuentra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual salió salpicada después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer los resultados del Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. 

A través del estudio se revelaron diversas anomalías e irregularidades en la actuación del órgano encargado del registro, administración, gestión y custodia de las aguas nacionales, operación y control del Registro Público de Derechos de Agua.

En una primera instancia y después de haber analizado decenas de expedientes, incluidos los que establecen las normativa interna que regulan a la CONAGUA, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que tanto al interior del organismo como en las labores que éste se encarga de llevar a cabo el trabajo fue de mala calidad.

Túnel Emisor Oriente, fallas de planeación y cálculo

Las obras y servicios del Proyecto de Saneamiento y la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) se realizaron con el objetivo de garantizar a todos los mexicanos el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.

Para financiar el proyecto se creó el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago y el Mandato del Túnel Emisor Oriente para el cual eligieron como Coordinador Técnico a la CONAGUA .

Después de los procedimientos de auditoría aplicados por la ASF con corte al año 2016 se comprobaron diversas fallas en la estimación de recursos, la planeación del proyecto, el tiempo requerido para su realización y el número de personas que serían beneficiadas por la obra.

En un principio, la construcción del Túnel Emisor Oriente se planeó para que se concluyera en el 2012, no obstante la fecha se tuvo que mover hasta el 2018 debido a que no se habían cumplido las metas establecidas, informó la ASF.

Por su parte la CONAGUA informó que de acuerdo con el programa de ejecución al 31 de diciembre de 2016, la obra debería de tener un 83.25 % de avance físico; sin embargo, el avance físico global es del 74.65 %.

Lo anterior demuestra debilidades en la planificación del Proyecto que, aunadas al retraso en las obras y al incremento en su costo, explican por qué no se ha logrado subsanar el problema de las inundaciones en el Valle de México, ya que prevalece la falta de capacidad para el desalojo pluvial.

El no contar con un proyecto ejecutivo inicial y comenzar la construcción del TEO con carácter urgente, como una contingencia de seguridad nacional, ocasionó un incremento en su costo estimado del 110.2% reveló la ASF.

Como consecuencia del mal manejo de la obra por parte de las autoridades, el incremento de las lluvias registrado en los últimos años podría afectar aproximadamente a 22 millones de personas que habitan la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

De cuando comenzó la obra en 2007 al 2016 se han gastado 43 mil millones 883 millones 948 mil pesos, una cantidad que de no concluirse en tiempo y forma como advierte la CONAGUA puede seguir aumentando.

De los avances que se tienen registrados destacan los primeros 10 kilómetros del TEO que se pusieron en funcionamiento en junio de 2013 en combinación con la planta de bombeo El Caracol para desalojar hasta 40 m3/s hacia el Gran Canal del Desagüe (GCD), cuya capacidad actual es de 55 m3/s, lo que ha evitado inundaciones en la Delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos en el Estado de México, en beneficio de 4 millones 106 mil 175 habitantes.

Los 52 kilómetros restantes en proceso de construcción entrarán en funcionamiento a partir de la conclusión total de las obras, probablemente hacia finales de 2018.

El nuevo AICM

En el proyecto de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), del cual se encuentra encargada la CONAGUA y cuyo objetivo es el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Taxco, se le otorgó al organismo encargado de la obra un presupuesto de 165 millones 970 mil pesos.

El dinero, proveniente de los impuestos de la ciudadanía, tenía como meta la construcción de túneles profundos y semiprofundos, entubamiento de cauces, construcción de plantas de tratamiento, revestimiento de canales y construcción de bordos, entre otras cosas, para dar sustento a la obra aeroportuaria y evitar las inundaciones ocasionadas por la lluvia, la confluencia de aguas residuales de la Zona Metropolitana del Valle de México y la convergencia de los nueve ríos de Oriente.

Sin embargo, después de que la ASF revisó cuatro contratos de servicios relacionados con las obras públicas y sus convenios respectivos determinó que en varias de la licitaciones públicas, la CONAGUA no evaluó correctamente las propuestas de los concursantes a quienes se adjudicaron contratos por montos de 162 millones 997 mil pesos, 49 millones 487 mil pesos y 36 millones 137 mil pesos.

Esto generó un sobrecosto por la prestación de los servicios de 1 millón 456 mil pesos, 568 mil 500 pesos y 245 mil 400 pesos.

En respuesta la Comisión Nacional del Agua proporcionó memorandos mediante los cuales el gerente de Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA informó que cada dependencia fija el procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, no obstante, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación persiste.

La ASF también dio a conocer que en el proyecto que se lleva a cabo en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de la CONAGUA se realizaron pagos indebidos por 7 millones 129 mil pesos tanto por la incorrecta integración del análisis del costo del financiamiento como por la integración incorrecta de los costos indirectos.

Por último el órgano fiscalizador informó que no se aplicaron restricciones a los contratistas por 2 millones 354 mil pesos por los incumplimientos de las cláusulas contractuales.

Irregularidades AICM

Pagos no autorizados

$7 millones 129 mil

Pagos extras a contratistas

$2 millones 354 mil

Pagos por servicios incumplidos

$1 millón 927 mil

Recuperaciones probables

$9 millones 484 mil

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