Exigen aclarar nexo entre despacho panista y empresa

La bancada legislativa del PRI en el Congreso del Estado y el Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, el INCIDE, coinciden en que la licitación para instalar luminarias en San Nicolás era un negocio millonario para beneficiar a panistas.

Ambos concuerdan en que ahí existe un interés de miembros del PAN, porque la empresa a la que se le canceló el contrato de arrendamiento comparte el domicilio fiscal con un despacho de contadores relacionado con una nicolaíta que es adherente albiazul.

Reporte Indigo publicó la semana pasada que la dirección que la compañía Tecno Bombas de México, S. de R.L. de M.I., dio de alta en Hacienda, es la de la firma Consorcio Ejecutivo, donde es socia la panista Ana Luisa Araceli Meléndez Zamora.

La licitación que ganó esta empresa fue cancelada el pasado 28 de marzo, luego de ventilarse que el socio Ramiro Sergio Rangel García fue acusado de robo de vehículos en 2010 y después absuelto por un Tribunal Colegiado.

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, el diputado Edgar Romo García, señala que la vinculación entre el despacho y la sociedad demuestran que el PAN tenía la intención de hacer un negocio con el erario de San Nicolás.

Por esa razón, apunta el legislador, el alcalde Pedro Salgado Almaguer debe explicar por qué existe una relación entre un miembro del mismo partido del edil con la empresa que ganó la licitación para colocar 32 mil lámparas LED.

“Es otra evidencia más del intento que se realizó para defraudar o saquear las arcas de San Nicolás”, insiste el tricolor.

“Se ve que están coaligados los miembros de Acción Nacional para tratar de sacar un negocio de las arcas públicas, esto evidencia la coalición que tenían”.

Desde su punto de vista, Romo García manifiesta que la socia panista del despacho de contadores debe comparecer ante el Ministerio Público, porque en este caso hubo tráfico de influencias y malversación de recursos.

“Es el momento en que Acción Nacional sea congruente con sus principios e ideología que tanto enarbola y pregona”, expresa, “ésta es la gota que derramó el vaso para solicitar la expulsión de Pedro Salgado de Acción Nacional”.

El diputado indica que el Cabildo nicolaíta debe separar temporalmente del cargo al munícipe, pero sostiene que la posibilidad de un juicio político en el Congreso del Estado sólo se podría dar si se agotan las otras instancias legales.

“Hay que esperar que las investigaciones tomen su curso y ver la opinión del Ministerio Público en cuanto al procedimiento, que es lo legalmente procedente, y si se requiere acudir al Congreso del Estado de Nuevo León”.

La cotización de la empresa involucrada era dos veces más cara que la propuesta más económica, pero el contrato fue invalidado después de darse a conocer que el socio mayoritario fue arrestado por pertenecer a una banda de robacoches.

El empresario y un supuesto cómplice fueron consignados por la Procuraduría del Estado en 2010, por presuntamente robar 21 automóviles de lujo en San Pedro, pero fueron absueltos aquel año por un Tribunal Colegiado.

Por su parte, el rector del INCIDE, Ernesto Cerda Serna, asegura que la investigación publicada por Reporte Indigo será aportada como una prueba más dentro de la denuncia penal interpuesta por el organismo ante la Procuraduría de Nuevo León.

La semana pasada, el fundador de Movimiento Ciudadano acudió al Centro de Orientación y Denuncia del Palacio de Justicia del Topo Chico, donde denunció el irregular proceso de licitación de las luminarias.

De acuerdo con su querella, en el concurso lanzado por la Secretaría de Administración de San Nicolás presuntamente se configuraron los delitos de desviación de recursos, uso indebido de funciones y delincuencia organizada.

Cerda Serna asegura que pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal que se investigue a la empresa concursante y presentará otra querella ante el Instituto Nacional de Elecciones.

Por lo pronto, adelanta que este miércoles tiene programada una cita con el subprocurador de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, para conocer el estatus en que se encuentra su denuncia y si el caso va a ser asignado a una fiscalía.

“Para nosotros hay las pruebas suficientes de la presunción de conseguir un ilícito para beneficiar al Partido Acción Nacional”, continúa.

“Esto es un presunto acto de desvío de recursos públicos hacia un partido político”.

El rector del INCIDE agrega que dentro de la denuncia interpuesta por el organismo a su cargo, va a solicitar que la socia panista del despacho Consorcio Ejecutivo acuda como coadyuvante del Ministerio Público.