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Comisionados ciudadanos y representantes de partidos políticos ante la CEE coincidieron en que se debe de investigar al proveedor favorito del organismo que elaboró los planes de contingencia durante los comicios pasados.
Y exigieron que se finquen sanciones administrativas o penales a los funcionarios a los que se les compruebe su responsabilidad.
Reporte Indigo publicó ayer que Anselmo Reyes Martínez es el operador tanto de Brawie S.A. de C.V., como de Desarrollo de Capital Humano y Consultores S.A. de C.V., dos empresas aparentemente independientes entre sí, que cobraron por su consulta 792 mil 948 pesos.
El representante del PRI ante el organismo, el diputado local Édgar Romo, adelantó que en la siguiente sesión de la CEE que se celebrará el próximo lunes, pedirá una investigación sobre la asignación del servicio a ambas compañías.
“Lo que cuestionamos no es solamente la contratación de este proveedor con sospechas, sino también el ejercicio del gasto, fue un gasto que se debió haber evitado”.
La institución contrató la asesoría externa aunque a la Junta Local del IFE le salió gratuita una asistencia similar mediante un convenio de colaboración con Protección Civil del Estado y sus homólogas en los 51 municipios de Nuevo León.
“Alguien posiblemente cometió una negligencia o con dolo fue omiso en realizar acciones para poder coordinarse con Protección Civil del Estado”, continuó el legislador tricolor.
Jovita Morín, representante del PAN ante el instituto, coincidió en que se deben de investigar esta y otras contrataciones señaladas como irregulares en los resultados preliminares de la auditoría practicada por la firma Pricewaterhouse Coopers.
“Para Acción Nacional no hay nada más prioritario que transparentar y sancionar la opacidad y en determinado momento, si hubiese un desvío de recursos, por supuesto que seremos los primeros en solicitar que se sancione”, expresó.
La revisión externa de los gastos reveló diversas anomalías en el padrón de proveedores de la Comisión, sin embargo, el presidente del organismo Luis Daniel López, se ha negado a hacer públicos los detalles del reporte.
En la sesión pasada de la institución, se comisionó al coordinador técnico electoral Héctor García a iniciar los procedimientos para determinar posibles sanciones a funcionarios de la CEE.
“Lo que estamos esperando son las conclusiones de denuncia”, aclaró la vocera albiazul, “estamos en contra del mal manejo que se ha dado y en contra de la opacidad”.
Las compañías operadas por la misma persona también fueron cuestionadas por los comisionados ciudadanos del organismo, quienes impulsaron desde el año pasado la auditoría por presuntos malos manejos de recursos.
“Para mí sí está claro de que hay irregularidades y así me gustaría que se fincaran las sanciones administrativas o penales, en su caso”, manifestó el comisionado Gilberto Pablo de Hoyos.
El abogado cuestionó al titular del organismo, a la directora de Administración Marcela Niño de Rivera, y al jefe de Operaciones de la Dirección de Administración, Tomás Álvarez, quienes firmaron los contratos.
“Yo creo que ellos debieron haber analizado esto a detalle, si es que querían hacer las cosas correctamente, porque es gente que tiene mucho tiempo ahí y no debieron haberse hecho estos errores o estas omisiones.
“Se me hace muy raro que no le hayan puesto atención a esto, sabiendo que se establecen ciertos requisitos para poder determinar qué proveedor es apto para poder dar un servicio”.
El comisionado Manuel Gerardo Ayala aseguró que hay indicios de que la contratación de las empresas favoritas fue un proceso simulado.
“Toda vez que una de las empresas es la que no cumple con los requisitos de los 18 meses de antigüedad, como Brawie, esta misma empresa fue la que facturó el servicio”.
Ayala preside la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral de la CEE, encargada de atraer, investigar y sancionar estos casos, pero dijo que el órgano a su cargo ha sido marginado con el propósito de que no se inicie este proceso.
Atribuye CEE a ‘error’ nexos entre empresas
El presidente de la CEE, Luis Daniel López, aseguró en un comunicado que por un error en la redacción de los contratos aparece una persona como el enlace de las dos empresas que brindaron la asesoría externa al organismo.
“La Dirección de Administración refiere que la coincidencia en el nombre, corresponde a un error involuntario en la redacción del contrato de Brawie S.A de C.V. en donde se manifestó cómo enlace al Ing. Anselmo Reyes Martínez, quien no cuenta con vinculación alguna con la empresa mencionada”, se lee.
“Deseo precisar que en el caso de la empresa Desarrollo de Capital Humano y Consultores S.A. de C.V., el enlace y representante legal fue el Ing. Anselmo Reyes Martínez, y en el caso de Brawie S.A. de C.V., el enlace y representante legal fue el Ing. Carlos Osvaldo Uribe Zapata”.
López también manifestó que a la Junta Local del IFE no le salió totalmente gratuita la capacitación, en comparación a la que fue brindada a la CEE.
Señaló que mientras la primera organizó sólo charlas en 13 inmuebles distritales, la Comisión recibió un programa completo en 68 locales, integrados por las 51 comisiones municipales y los 17 centros de capacitación.
El titular reiteró que los cinco consultores elegidos para elaborar los planes de contingencia estaban dentro de un listado de proveedores certificados, proporcionado por Protección Civil del Estado, que dio el Visto Bueno al programa completo.