Exigen investigar a secretario por despojo

Diputados locales exigieron ayer investigar a fondo el involucramiento que tuvo Manuel González en el caso del despojo del Ejido San Nicolás.

Durante su paso como delegado del Infonavit, el secretario general de Gobierno firmó el traspaso de 360 hectáreas del Ejido San Nicolás al Instituto de Vivienda de Nuevo León.

Ayer, por tercer día consecutivo, el funcionario del gobierno de Jaime  Rodríguez evadió contestar preguntas sobre este caso que se resuelve en el Tribunal Agrario Federal.

El coordinador de la banca del PRI, Marco González, explicó que la ciudadanía no soportaría un escándalo donde esté involucrado otro funcionario de alto nivel.  

“Si está involucrado (Manuel González) sería otro escándalo de otro funcionario de alto nivel, y Nuevo León no soportaría otro escándalo de esa manera.

“Que se investigue a fondo este conflicto de hace varios años, de quiénes estuvieron involucrados en la venta, si se hizo algo malo o no, además de ver qué intereses tienen los desarrolladores en ese ejido”, dijo el legislador tricolor.

Cuestionó porqué hoy en día no se ha resuelto este conflicto que lleva años en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20.

“Y hay que ver al día de hoy porqué no se ha hecho nada a la fecha, a lo mejor hay intereses que no se han detectado, pero también hay que ver porqué se hizo, ya sé que se hizo por dinero, pero al final de cuentas se hizo para beneficiar a algunas gentes”, cuestionó el diputado.

Reporte Indigo reveló que cuando fue delegado en Infonavit hace 16 años, el actual secretario de Gobierno, Manuel González, habría realizado actos administrativos sobre la reserva territorial, a pesar de que se estaba violando un decreto presidencial y la Constitución mexicana.

Habitantes del Ejido San Nicolás acusan los traspasos irregulares de 360 hectáreas, con valor aproximado a los mil 500 millones de pesos.

Ante esto, el Ejido San Nicolás interpuso la demanda 1063/2014 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20.

En la acusación se demanda a Scotiabank, al Instituto de la Vivienda de Nuevo León y al Infonavit por estas irregularidades.

Rodolfo Hernández es el magistrado encargado en desahogar el litigio, y de quien se espera que en los próximos meses otorgue un fallo.

El legislador Marco González añadió que el actual Gobierno independiente no está enfocado en atender los problemas de la ciudadanía de Nuevo León.

“Si ustedes checan en su Facebook no tiene agenda los sábados y domingos, Nuevo León no está para que el gobernador se ausente, hay temas que tiene que atender”, concluyó González.  

Debe atender conflicto

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, consideró que el Gobierno estatal tendría que atender la acusación de los habitantes del Ejido San Nicolás.

“Hay que investigar cómo se sacaron esas firmas ejidales, si participó (Manuel González) y le están pidiendo que resuelva, entonces está un conflicto de interés, creo que el Tribunal debería resolver ese problema.

“Y debe atender ese problema, hay una parte de regulación de las tierras, no sé si depende de Fomerrey o de la Secretaría General de Gobierno, pero tiene que atender ese problema en la regulación de la tenencia de la tierra”, aseguró el legislador.

Agregó que el Tribunal Agrario tendría que resolver e investigar cómo se realizaron las compras de tierras por los desarrolladores.

El legislador panista también coincidió con el diputado priista Marco González en que el gobernador no está atendiendo los problemas de Nuevo León.

“Yo creo que seguimos en la misma dinámica donde se la pasa de viaje, en donde se olvida de los ciudadanos, y bueno, deja escapar el priista que lleva adentro”, concluyó Salinas.

Contraloría abre investigación

Reporte Indigo reveló sobre el fideicomiso con el que Scotiabank Inverlat pretende despojar a un grupo de campesinos de un terreno de 360 hectáreas del Ejido San Nicolás, que involucra a los principales desarrolladores y constructoras de Nuevo León.

Se trata de las constructoras Prohabimex, Urbanizadora del Campestre, e Inmobiliaria Trayectos S.A. de C.V., representadas por  Ernesto Milmo Rangel, así como Carlos Enrique Acosta Valle, quien representa a Ingeniería y Obras S.A. de C.V.

Además de la desarrolladora GP Espacios Industriales del Noreste, representada por José María Garza Treviño; y Casas Javer (anteriormente Inmobiliaria Surveyor), representada por Salomón Marcuschamer.

Aunque la Contraloría de Nuevo León abrió una investigación sobre la venta del Ejido San Nicolás, en Escobedo, por parte del Instituto de la Vivienda estatal, ayer la dependencia se negó a dar un posicionamiento al respecto.

Por medio del departamento de prensa del Gobierno del Estado y de la misma Contraloría se intentó contactar a la titular de dicha dependencia, Nora Elia Cantú, pero aseguraron que la funcionaria no tenía facultad para otorgar un posicionamiento.

En la investigación, la Contraloría investiga una posible operación ilegal en la que el Instituto de la Vivienda vendió a desarrolladores como Garza Ponce, Marfil y Casas Javer, a pesar de que el Ejido San Nicolás fue entregado a un grupo de campesinos por medio de un decreto presidencial emitido por Lázaro Cárdenas en 1936.

En las ventas irregulares también está relacionado Manuel González, exdelegado del Infonavit y actual secretario General de Gobierno.

En su función como delegado hace 16 años, González realizó actos administrativos sobre el predio protegido por decreto presidencial a favor de los ejidatarios. 

> Ricos vs. pobres por ejido en NL

Reporte Indigo publicó ayer la controversia por el Ejido San Nicolás.