El Ayuntamiento de Guadalajara está incurriendo en faltas a un mandato judicial que podría derivar en sanciones para los funcionarios del municipio que no han acatado la suspensión de plano que emitió el Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, por el proyecto que se pretende llevar a cabo en el bosque urbano de Arboledas del Sur.
De acuerdo con el representante de la Red de Defensa de las Áreas Verdes, Pedro León, las autoridades municipales están incurriendo en delito federal por no acatar la suspensión que se emitió a favor de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, según lo estipulado por la Ley de Amparo.
Incluso, a pesar de las manifestaciones vecinales, la autoridad municipal ha continuado con las obras que suspende el oficio judicial, bajo el argumento de que no habían sido notificados de dicha suspensión.
“Ellos son los que incurrieron en desobediencia, y de acuerdo a la ley de amparo es un delito federal. Y el juez tercero de distrito tiene los dientes para hacer cumplir y es el primer el obligado a hacer cumplir”
Entre los responsables por tal disposición refiere que está el Presidente Municipal Interino, Enrique Ibarra Pedroza; así como el Pleno del Ayuntamiento, el secretario general, el síndico, el director de obras públicas, el director de parques y el comisario de la policía que se ha encargado de acordonar la zona para que los trabajadores de la construcción sigan con sus labores.
“Se concede la suspensión de plano (de los actos reclamados) para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos encaminados a afectar los predios del cerro de Santa María (43-00- 00 has) y Agua de los Coyotes”, se lee en la resolución judicial.
De modo que el juez podría proceder contra los policías y funcionarios que han estado en los predios para impedir las manifestaciones de los vecinos que se oponen a las obras.
Ayer, el Ayuntamiento de Guadalajara fue notificado en tiempo y forma sobre el mandato judicial. Pero hasta ahora no ha habido una respuesta de los funcionarios municipales, sino exposiciones en redes sociales sobre el tipo de proyecto que se pretende llevar ahí.
El mandato judicial señala que las autoridades municipales deben abstenerse de la privación de la propiedad, posesión y disfrute de la superficie en disputa. Pero desde el sábado ha permanecido resguardado por policías municipales que acordonaron la zona donde se llevan a cabo los trabajos de obras públicas
Acusan irregularidades en arresto
El lunes, nueve personas fueron detenidas mientras se encontraban realizando un plantón dentro del cerco policial, que habían podido cruzar para sentarse en el interior. Entre los manifestantes había vecinos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se solidarizaron con la causa.
Entre las personas que fueron arrestadas están Mónica Cárdenas Guevara, Luis Javier Pérez Hernández, Yosabeth Barrera Lemus, José Villafaña, Denis Alejandra Ávila, Ángel David Alvarez Zuber y Héctor Rafael Ramírez.
“Están criminalizando el derecho a pedir justicia con nueve detenidos”, expresó Pedro León, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo este martes.
Desde la noche del lunes y hasta el cierre de esta edición, vecinos y estudiantes se han manifestado a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en donde se presume que fueron llevado los detenidos por la imputación de cargos de daños a las patrullas de la policía, a pesar de que los vídeos de la detención muestran que se detuvo a estas nueve personas en una zona alejada de donde se encontraban los vehículos municipales.
De acuerdo con los testimonios de vecinos y la red de defensa, quien ordenó la detención de las personas fue el Comisario de la Policía, Juan Bosco Agustín Pacheco, pues los elementos accionaron cuando este funcionario se presentó al lugar.
Los activistas y defensores señalaron que se va a llamar a defensores de derechos humanos y relatores, pues las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Guadalajara en contra de las manifestaciones de defensa de los espacios públicos han aumentado en agresiones.
Entre las 9 personas que fueron detenidas había vecinos y estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que se solidarizaron con la causa y por ello realizaron un plantón para frenar las obras
“Estamos sufriendo una represión. Porque usan de manera excesiva la fuerza pública”, expresó Raquel Gutiérrez, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental.
Ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares, pues al momento de su detención se desconocía a dónde habían sido llevados los detenidos y era crucial dar con su localización. Esta situación evidenció que los detenidos fueron objeto de agresiones por parte de los oficiales, ya que algunos tuvieron que ser llevados a la cruz verde para ser revisados por personal médico.
