Un conjunto de asociaciones civiles que se han especializado en la defensa de los derechos de las mujeres exigen al Congreso de Jalisco que la magistratura faltante dentro del Sistema Estatal Anticorrupción sea entregada a una mujer, para avanzar así en la agenda de equidad de género en el Poder Judicial de la entidad.
La convocatoria para elegir a quien será el tercer magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco fue aprobada por el Congreso ayer mismo, sin embargo, de recaer dicho nombramiento en manos de un varón más se ahondaría, antes que acortarse, la brecha de inequidad que prevalece en el Poder Judicial del Estado.
Por ello, organizaciones como la Red de Defensoras en Jalisco por los Derechos Políticos de las Mujeres, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), la Agenda Feminista Jalisco, el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, Wikipolítica –la organización de Pedro Kumamoto- y Tómala, emitieron un posicionamiento público en el que advierten:
“El Poder Judicial se encuentra conformado de la siguiente manera: 88 por ciento hombres en el Supremo Tribunal de Justicia; 80 por ciento hombres en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 90 por ciento hombres en el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que se advierte una inequidad significativa en la presencia de mujeres juzgadoras”.
Siendo así, continúa: “se hace necesaria y urgente medidas de acción afirmativa (sic) que garanticen la paridad en el corto y mediano plazo, de tal manera que las próximas vacantes se emitan convocatorias solo dirigidas a mujeres para hacer visible la construcción de la igualdad sustantiva que nuestra Constitución ampara, a la luz de sumarse en el compromiso ético, jurídico y moral en torno a la participación política de las mujeres, reafirmando la paridad como medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de decisión en el ámbito público y privado”.
La convocatoria aprobada por el Congreso no contempla únicamente la asignación de la magistratura anticorrupción pendiente, sino también de otras dos magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia, no obstante, la misma no condiciona la recepción de solicitudes de participación para que se trate exclusivamente de mujeres.
De acuerdo con las organizaciones aludidas, de direccionarse este proceso de selección para dar prioridad a las mujeres en la asignación de esos cargos judiciales, se estaría “atendiendo a la Recomendación General 33 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), numeral 15, inciso F, de fecha 3 de agosto de 2015, donde el Comité recomienda a los Estados parte que confronten y eliminen obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y a todos los niveles de los sistemas judiciales y cuasi-judiciales y de los servicios relacionados”.
