Expropiaciones: la deuda histórica

Pese a la órdenes de pago emitidas por los jueces, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) no ha entregado los recursos a los cientos de afectados por las expropiaciones de predios que desde el 2000 ya suman una deuda de mil 500 millones de pesos que debe el Gobierno de la Ciudad de México.

El principal argumento que sostiene en tribunales la Seduvi, encabezada por Felipe de Jesús Gutiérrez, es que carece de recursos para hacer frente a los pagos.

La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, reconoció la deuda millonaria y dijo que ya no se expropiará ningún predio a menos de que se cuente con dinero en efectivo para liquidar a los dueños.

El predio de Mesones 126, Centro Histórico, forma parte del paquete de inmuebles que, bajo el argumento de recuperar el entorno urbano de la zona centro, expropió el gobierno capitalino a partir del 2007 con el compromiso de indemnizar a los afectados.

El 5 de septiembre de 2007 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal que por causas de utilidad pública, el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard autorizó la expropiación de los inmuebles ubicados en las calles de Apartado, Regina, Mesones, República de Colombia, Jesús María y Plaza de la Santísima, en la delegación Cuauhtémoc.

“La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones, determinó como caso de utilidad pública la ejecución de acciones de mejoramiento urbano y atenuar los efectos del despoblamiento, deterioro social, económico y del patrimonio cultural de la ciudad, a través de la construcción de obras que permitan aprovechar el potencial comercial de la zona y contribuir con ello al reordenamiento urbano”, se argumentó en el decreto publicado en septiembre de 2007.

A partir de esa fecha comenzó el peregrinar de un grupo de 13 comerciantes, propietarios de locales comerciales que se encontraban en el viejo inmueble, que en un principio había funcionado como el Hotel San Pedro.

Desde enero de este año, la jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, Ana Luisa Priego Enríquez, ordenó al gobierno de Miguel Ángel Mancera pagar sin dilación la indemnización que le corresponde a un grupo de comerciantes cuyos locales fueron expropiados desde 2007.

Mancera ordena pago…

El Poder Judicial de la Federación amparó a este grupo de ciudadanos que ha enfrentado una larga batalla legal desde hace nueve años para obtener el amparo y protección de la justicia.

La jueza Ana Luisa Priego Enríquez reconoció que a lo largo de todos estos años “la administración pública ha entorpecido el pago de la indemnización a través de una serie interminable de trabas burocráticas que impiden a los quejosos el pago pronto, adecuado,

efectivo”.

En la sentencia refiere que el tiempo transcurrido sobrepasa excesivamente el plazo razonable para que el Estado indemnice a la quejosa, Diana Leticia Huerta Méndez, y el resto de comerciantes del inmueble de Mesones 126, Centro, que se han enfrentado al Gobierno de la Ciudad de México desde el sexenio de Marcelo Ebrard.

“Esta demora ha generado otras consecuencias, además de la vulneración del plazo razonable, tal como una evidente denegación de justicia, ya que después de haber transcurrido más de siete años desde la publicación del decreto expropiatorio y múltiples gestiones de pago, no se ha resuelto en definitiva la indemnización por la expropiación”, razonó la juzgadora.

En calidad de extra urgente, el pasado 27 de enero, Vicente Lopantzi García, director general de Servicios Legales del GDF, informó a la jueza que el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, mediante oficio del 25 de enero, ordenó el cumplimiento sin dilación de la ejecutoria a Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de Seduvi.

Con esa fecha, Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, le envió oficio al titular de Seduvi:

“Le ordeno por única ocasión para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la acate sin mayor dilación. El caso de no cumplir con la sentencia se dará vista a la Contraloría Interna para el efecto de que determine el inicio del procedimiento contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya sanción puede llegar a la destitución del puesto que desempeña”.

“No omito manifestar que para el caso de que la autoridad directamente obligada al cumplimiento no acate la ejecutoria de amparo, se procederá a la remoción”, sentencia el documento.

Sin embargo, nada ha pasado. Ni las órdenes de Mancera ni Mercado han logrado que los comerciantes obtengan el anhelado pago por sus locales arrebatados desde 2007.

Seduvi no tiene dinero

En la administración de Marcelo Ebrard se ordenó la expropiación del predio.En la Seduvi solicitaron prórroga para pagar apenas se emitan los dictámenes valuatorios de los inmuebles de la expropiación, aunque refieren claramente no contar con lo recursos para proceder con el pago.

De acuerdo con el oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/2274/2015, se describe que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dentro de su partida presupuestal para el ejercicio 2016 no contempla de manera expresa que la Seduvi enfrente los compromisos realizados por el Ejecutivo Federal en fechas anteriores, pues “carece de recursos o asignación específica para efectuar los pagos por concepto de indemnización”.

El abogado que representa a los comerciantes, Leocadio Guadalupe Ramírez Arrieta, refiere que la táctica del gobierno de la Ciudad de México es reconocer la deuda y argumentar que no tiene dinero.

“Solicitan prórrogas a la jueza, muchas trabas, el juego es ganar tiempo, le apuestan al cansancio de los ciudadanos”.

“Estamos en la última etapa del juicio de ejecución de sentencia que ordena el pago, sin embargo, las prórrogas que pide la Seduvi son una estrategia que parece interminable”, detalla el abogado.

A nueve años años de la acción, los propietarios no han sido indemnizados, en cambio en ese mismo inmueble se le dio cabida a otros grupos de comerciantes.