La funcionaria mantuvo privada de su libertad a la adolescente durante cinco días, sin que contara siquiera con una orden de aprehensión. Mucho menos le permitió que se comunicara con sus familiares
A sus 21 años de edad Pamela ha sido víctima más de una vez, por parte de la delincuencia y del gobierno.
Hace un año, la joven huyó a salto de mata de su casa mientras un hombre asesinaba a su madre; luego, las autoridades del Estado de México, presionados por el alto índice de feminicidios en la entidad, le inventaron una confesión: ella y su novio, fueron los culpables.
Sin ninguna evidencia en su contra, ambos jóvenes universitarios fueron acosados por policías y Ministerios Públicos de la Fiscalía de Feminicidios de Tlalnepantla, quienes les fabricaron una supuesta confesión que los llevó a la prisión de Barrientos.
Al cabo de siete meses, 10 días y 12 horas, Angélica Pamela Ruiz Domínguez y su novio Luis Carlos Jiménez Aguilar fueron exculpados por el Tribunal de Juicio Oral del Tlalnepantla, Estado de México.
“Es absurdo e inverosímil. Atenta contra la inteligencia. No puede ser. Qué grave atentar contra los más elementales derechos. No son penalmente responsables”, le dijo el juez Felipe Landeros Herrera, encargado de dictar sentencia, al Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios de Tlalnepantla respecto al proceso en contra de la pareja de jóvenes.
La resolución de los jueces fue unánime y evidenció la pésima integración de la carpeta de averiguación por parte de la Fiscalía de Feminicidios de Tlalnepantla, cuya titular es Liliana Guadalupe Rosillo Herrera, quien encabezó el “armado” del expediente bajo amenazas, según acusa Pamela.
La funcionaria mantuvo privada de su libertad a la adolescente durante cinco días, sin que contara siquiera con una orden de aprehensión. Mucho menos le permitió que se comunicara con sus familiares.
Doblemente víctima, por la delincuencia que asesinó a su madre y por las autoridades que la acusaron injustamente, Pamela recobró su libertad el pasado 7 de marzo.
Con la Ley General de Víctimas que aprobó hace dos días la Cámara de Diputados, se podría indemnizar con hasta 935 mil pesos a las personas que como Pamela y Luis Carlos sufran violaciones a sus Derechos Humanos.
El logro ciudadano, sin embargo, difícilmente borrará las imágenes de su madre muerta en la plancha de la morgue, mismas que como medida de presión, la fiscal Rosillo Herrera mostró una y otra vez a Pamela para que confesara el crimen.
La ley amortigua los errores y las deudas del sistema con los ciudadanos.
“Atenta contra la inteligencia. Que grave atentar contra los más elementales derechos”, resumió el juez mientras los dos agentes del Ministerio Público que acusaron a los jóvenes se reían al escuchar la sentencia de la causa 01/2012.
Eduardo García Zarazúa, abogado defensor de Pamela y Luis Carlos, lo definió como un caso de impacto social que llevó a dos inocentes a la cárcel.
“No es por el simple hecho de tener que cumplir con una cuota de trabajo que puedan estar inculpando y acusando falsamente a las personas”, puntualizó el abogado.
Las cuentas pendientes de Peña
En el Estado de México el alto índice de homicidios contra mujeres, obligó a la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Socialmente el tema es doloroso y ha motivado, incluso, la movilización ciudadana, quienes exigen cuentas al ahora candidato presidencial Enrique Peña Nieto, por la nula solución a este problema.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la gestión de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres.
La mayoría de ellos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.
En el Estado de México la inconformidad social de los familiares se maneja con extremo cuidado, dado que la ciudadanía manifiesta su inconformidad y dudas en el manejo de la cifras de víctimas de este delito que maneja la PGJEM.
El tema apunta a la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del estado y amenaza con empañar su carrera rumbos a Los Pinos.
Y no pierde vigencia. Apenas en el mes que terminó, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) del Gobierno del Estado de México, impugnó la sentencia del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, que en febrero pasado concedió un amparo a organizaciones civiles para que se investigaran los asesinatos de mujeres en la entidad.
Aunque la Ley General de Víctimas surgió como un reclamo de los familiares de fallecidos o desaparecidos por la llamada guerra contra el crimen organizado o por acciones de la autoridad, contempla la protección a las personas afectadas por la inseguridad o la violación a sus derechos humanos y obliga a los tres niveles de Gobierno a la reparación del daño.
La madrugada del crimen
Pamela abrió la puerta de la casa, el hombre la golpeó en la cara y ambos salieron a la calle en direcciones contrarias
A las tres de la madrugada del 4 de abril de 2011, Pamela no dio importancia a los ruidos que escuchó en el patio de su casa pues creyó que los ocasionó la perra doberman de su propiedad.
La joven, quien vivía sola con su madre Angélica Patricia Domínguez Escamilla, médico de profesión adscrita al DIF estatal, se quedó dormida hasta que la alarma de su celular sonó a las 4:30, hora en la que se levantaba para bañar.
Salió de su recámara y se dirigió al patio externo para encender el boiler, de regreso en su cuarto, otra vez se acurrucó entre la cobijas. A las 5:30 volvió a despertar, de nueva cuenta por el sonido del aparato. Otra vez escuchó ruidos y de su cuarto salió a investigar.
Desde su recámara su madre le gritó: “Se le oía la voz diferente como entrecortada y angustiada por lo que me asusté, di un paso atrás y tiré un jarrón, luego caminé hacia donde colgamos las llaves y no las vi”.
Los nervios se apoderaron de la joven quien intentó abrir la puerta de madera que desemboca al patio de la casa. Sin saber cómo reaccionar fue sorprendida por un hombre que intentó detenerla.
Al fin logró abrir la puerta que da al exterior, el hombre la golpeó en la cara y ambos salieron a la calle en direcciones contrarias. Lo vio correr y alejarse sin siquiera identificar su rostro.
A la distancia observó las luces de una patrulla de la policía a quienes les gritó en busca de ayuda. Al mismo tiempo gritaba a su amiga y vecina Andrea quien de inmediato salió con su familia para ver qué ocurría.
Rocío, la madre de Andrea, intentó tranquilizarla mientras su esposo corría hacia la casa de Pamela. Ya no supo más, la calle se llenó de policías y vecinos curiosos que incluso se metieron hasta el cuarto de su mamá.
Todos evitaron que la joven se acercara al cuarto en el que dormía su madre. Algo le había hecho aquel hombre.
Tras una llamada a su celular de parte de Andrea, en poco tiempo llegó al lugar su hermana mayor Ivonne Zully. Un paramédico le explicó a Andrea lo que ocurría: “Un cabrón se metió a tu casa a robar y tu mamá está muy lastimada, hay mucha sangre… ya falleció, tranquiliza a tu hermana, falta que llegue el Ministerio Público”.
Al llegar el Ministerio Público, Ivonne y Pamela fueron requeridas para presentar su declaración. La hermana mayor declaró ante las autoridades que ésta no era la primera vez que se metían a robar a la casa. Detalló que su madre pertenecía a un grupo de danzantes en Tepoztlán, a quienes pidió investigaran para determinar si alguien participó en el crimen.
Pamela dio los detalles desde el momento que escuchó los ruidos en su recámara hasta que se topó con el homicida en la puerta donde ambos forcejearon al salir.
