Aunque las autoridades de Jalisco cuentan desde el año 2011 con una Ley de Extinción de Dominio que les permite golpear a los grupos criminales en sus finanzas y bienes, hasta ahora no han podido concretar con éxito ni un solo caso, según un informe de la Fiscalía del estado.
Hace unos días, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) federal, Santiago Nieto Castillo, informó que las ganancias de los grupos delictivos con presencia en el país habían ascendido a un billón de pesos entre 2016 y 2018, y que dos de ellos tienen hoy carácter supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el del Pacífico.
La falta de resultados del Gobierno de Jalisco en la utilización de la extinción de dominio significa que nunca ha explotado esta figura legal para debilitar el patrimonio del CJNG, una de las dos organizaciones criminales con redes internacionales, que tiene en Jalisco a su principal plataforma de operaciones.
Un informe generado por la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía local, obtenido vía transparencia (folio 04036620), revela que desde que existe esta medida jurídica en el estado se han promovido solo cinco demandas.
“En el periodo requerido existen dos demandas de extinción de dominio en el año 2016, dos demandas de extinción de dominio en el año 2017 y una demanda de extinción de dominio en el año 2019”, dice.
Sin embargo, todos los casos promovidos tienen sus procesos judiciales inconclusos, por lo que no se tiene ningún resultado.
Aún no ha determinado el tribunal competente la procedencia de las demandas, toda vez que no se ha dictado sentencia definitiva dentro de los procedimientos de extinción de dominio
La actual Ley Nacional de Extinción de Dominio señala en su artículo 7, que “la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización”.
En el caso de Jalisco lo que se intenta arrebatar a los criminales son apenas seis bienes: cuatro inmuebles y dos muebles (vehículos), que se habrían utilizado para la comisión de secuestros y delitos contra la salud.
Persiste falta de resultados en extinción de dominio
El informe rendido por la Fiscalía evidencia que la administración que encabeza el gobernador Enrique Alfaro Ramírez tampoco ha sabido aprovechar el recurso de la extinción de dominio, justo como les sucedió a sus antecesores Emilio González Márquez (PAN) y Aristóteles Sandoval Díaz (PRI).
De las cinco demandas de extinción de dominio interpuestas hasta ahora, cuatro se generaron durante el pasado gobierno de Sandoval Díaz, mientras que solo una fue presentada ya por la actual gestión alfarista, con la Fiscalía estatal en manos de Gerardo Octavio Solís Gómez.
A esto se suma que Jalisco no ha creado su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera, la cual anunció desde julio de 2019 para identificar bienes y operaciones de origen ilícito susceptibles de ser atacados con la extinción de dominio.
Esta ineficacia ha persistido no solo a través de distintos gobiernos emanados del PAN, PRI y ahora de Movimiento Ciudadano (MC), sino también a través de la modificación constante del marco legal en la materia.
Luego de aquella primera Ley de Extinción de Dominio expedida el 13 de agosto de 2011, en agosto de 2015 el Congreso estatal la sustituyó por una nueva legislación que supuestamente mejoraría la aplicación de la figura, iniciativa del entonces gobernador Aristóteles Sandoval.
“La propuesta de una nueva Ley de Extinción de Dominio surge a partir de la necesidad de armonizar un ordenamiento de esta naturaleza con otros que han sido expedidos, tanto nacionales como estatales, además de replantear diversos temas que inciden en hacer más efectiva la aplicación de la Ley, entre las que se destaca dotar de más facultades al Ministerio Público (MP) durante la fase de preparación de la acción de extinción de dominio”, dice.
Esta ley preveía que el MP pudiera solicitar información a las instituciones del sistema financiero mexicano y de tipo fiscal a las instancias federales, y también “imponer medidas cautelares respecto de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio”.
Pero los resultados siguieron sin llegar. Luego de esa Ley de 2015 vendría la actual Ley Nacional de Extinción de Dominio que rige sobre todo el país, y que está vigente en Jalisco desde el 29 de diciembre de 2019.
Nulo interés
El nulo interés que ha mostrado para ejercer la extinción de dominio y que persiste en la actual gestión de Alfaro Ramírez, contrasta con el poderío económico y gran capacidad de fuego y reclutamiento que exhibe el CJNG en el estado, donde tiene además decenas de empresas fachada, según EEUU.
De hecho, en su informe la Fiscalía reconoce que los pocos bienes que están sujetos a procesos de extinción ni siquiera estarían relacionados con el CJNG u otros cárteles.
El 16 de octubre de 2018, el entonces fiscal general de los EEUU, Jeff Sessions, dijo sobre el CJNG que “creemos que ellos (el CJNG) trafican al menos cinco toneladas de cocaína y cinco toneladas de metanfetaminas hacia los Estados Unidos cada mes”.
El volumen de drogas podría generar ganancias por 13 mil 380 millones de dólares al año, según los costos al menudeo que publicó en 2017 la DEA (“CJNG: la otra potencia”, 31 de octubre de 2018).
