El Congreso del Estado de Jalisco pretende aprobar una ley en materia de desaparición de personas para armonizarla con la Ley federal, pero ayer miércoles diversas organizaciones de familias que buscan a sus desaparecidos y defensoras de derechos humanos expresaron su inconformidad por el contenido al no haber sido tomadas en cuenta.
Jalisco suma alrededor de seis mil desaparecidos desde 2006 a la fecha, según datos de la Fiscalía General del Estado, y los colectivos han sido fundamentales para la búsqueda, pues con la difusión de características de cuerpos en el Servicio Médico Forense han logrado identificar alrededor de 10 personas en los últimos meses
De acuerdo con lo contemplado en la Ley General, la armonización de las mismas en las entidades federativas debía quedar listo antes de los 180 días posteriores a su entrada en vigor. La Ley General arrancó desde el 16 de enero y el plazo venció el 15 de julio.
La falta de cumplimiento con los plazos evidenció la indiferencia e indolencia respecto a la gravedad de las desapariciones, acusaron organizaciones que buscan a desaparecidos. En ese sentido se presentaron tres exigencias al Poder Legislativo de Jalisco, que en síntesis pugnan por la abstención de aprobar el dictamen para que sea ley si no incluye todas las voces de las familias en la entidad.
“Rechazamos la aprobación de una Ley de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por particulares del Estado de Jalisco, sin la participación de las y los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México”, se lee en un comunicado emitido por ellos.
El posicionamiento está firmado por el colectivo Por Amor a Ellxs, que integra a familiares que buscan a sus desaparecidos y que en las últimas semanas ha sido crucial para la identificación de algunos cuerpos, así como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), que han estado involucradas en el diálogo directo con el gobierno de Jalisco para avanzar en esta problemática.
Del mismo modo, el escrito viene acompañado por otras firmas de cerca de 85 organizaciones en 23 distintos estados de la república, donde destaca la Red de Enlaces Nacionales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundem) región centro.
“Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que las y los diputados de la LXI legislatura quieran aprobar un dictamen en el que evidencian una profunda ignorancia y una falta de comprensión de los objetivos de la Ley General y los estándares internacionales en la materia.
“Durante el proceso de elaboración de dicho dictamen no se ha consultado de manera adecuada y transparente a familiares que sufren la desaparición de un ser querido en Jalisco ni a las organizaciones de la sociedad civil, contraviniendo de esa manera los principios fundamentales de transparencia, máxima publicidad y participación conjunta”, señalaron las organizaciones.
Este dictamen surgió luego de que tres distintos partidos presentaran su iniciativa en la materia. El proyecto de la comisión legislativa incluye las propuestas de los diputados locales Refugio Ruíz Moreno del PRI, Salvador Caro Cabrera de Movimiento Ciudadano y Érika Ramírez Pérez del Partido Verde Ecologista de México.
De aprobarse, en Jalisco se crearían nuevas instancias como el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Persona, la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y no localizadas, el Registro estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Banco Estatal de Datos Genéticos.
Uno de los puntos destacables son las figuras ciudadanas de este tema, como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda, cuyos titulares locales han sido designados por organizaciones y colectivos de familias.
Con el dictamen de ley también se contempla la creación de esta instancia, como un órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular sería nombrado y removido por el gobernador tras una terna del Consejo Estatal Ciudadano.
En este punto las organizaciones hicieron una anotación puntual sobre las implicaciones de este tipo de designaciones. En un documento de poco más de 50 páginas se hacen anotaciones específicas al contenido del dictamen donde señalan que, en cuando al proceso de designación del comisionado de búsqueda, se desconoce el anterior proceso en donde la sociedad y las víctimas fueron cruciales.
“Los procesos de selección que contemplan y garantiza la participación conjunta e incluyen a la sociedad civil, y en particular a familiares de personas desaparecidas, brindan la seguridad a que la persona titular pueda llevar a cabo las acciones de manera más libre e independiente”, señalaron en el documento.
Piden nuevo proceso
Las organizaciones que buscan a desaparecidos pugnan por un nuevo proceso que incluya a las familias. Sobre el tema de la Comisión de Búsqueda –una entidad fundamental para encontrar a sus seres queridos– señalan la importancia de tomar su opinión tanto para la designación como para una posible remoción.
En cuanto a la iniciativa expresaron que los datos y consideraciones están desfasadas de los últimos avances en la materia, lo que muestra la falta de análisis de los contextos locales en los que surgen las desapariciones.
“La exposición de motivos representa una profunda falta de comprensión de la gravedad y magnitud de las desapariciones de personas en Jalisco. Evidencia un desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos relativos”, señalaron en el documento entregado a la Mesa Directiva del Legislativo Local.