El fantasma de Pasta de Conchos
Más de una década ha pasado sin que el caso de los mineros que murieron en Pasta de Conchos sea resuelto. La CIDH revisará el caso y con ello reanimará la esperanza de las familias afectadas que piden justicia
J. Jesús LemusLuego de más de 12 años de buscar sin respuesta justicia en México, los deudos de los 65 mineros muertos en la explosión de la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptará la revisión del caso, en donde se enjuiciará la actuación del Estado mexicano.
El fantasma que envuelve este episodio trágico, será reabierto y podría traer señalamientos a exfuncionarios federales y estatales, así como a la empresa propietaria de la mina.
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Este logro fue gracias a la colaboración que hicieron las organizaciones civiles Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., las que desde el 16 de febrero del 2010 hicieron la formal petición de atracción del caso a la CIDH, luego de considerar que en México no había posibilidades de acceso a la justicia y reparación del daño a las víctimas y sus familias.
La admisión del caso fue anunciada y aplaudida por la presidenta de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach Benavides, quien consideró en entrevista con Reporte Indigo que esta decisión de la CIDH “abre un horizonte en el panorama de México” donde la impunidad ha sido el signo distintivo de las empresas mineras, tanto trasnacionales como mexicanas.
El reclamo de justicia que fue llevado y aceptado en la CIDH, que está firmado por 582 peticionarios de 48 familias de los 65 mineros muertos dentro de la mina de Pasta de Conchos, fue calificado por el Centro de Miguel Agustín Pro Juárez como “un avance histórico para las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, empezando por el rescate de sus familiares”.
Los deudos han insistido en el rescate de los cuerpos sepultados, pero tanto los propietarios de la mina como las autoridades, han evadido esa posibilidad
Cabe recordar que la tragedia por la que hoy interviene la CIDH ocurrió en el municipio de Nueva Rosita, en el estado de Coahuila, al filo de las 02:30 horas del 19 de febrero del 2006, cuando en la mina de carbón Pasta de Conchos, operada por Grupo México, ocurrió una explosión que arrebató la vida a 65 mineros; solo los cuerpos de dos de ellos fueron rescatados, los de los otros 63 aún permanecen dentro de la mina colapsada.
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Desde entonces, los deudos, principalmente las viudas de estos trabajadores, han insistido en el rescate de los cuerpos sepultados. Hasta hoy tanto los propietarios de la mina como las autoridades del gobierno federal, bajo diversos argumentos, han evadido esa posibilidad, incluso la comisión de diputados que se integró para el caso, fue omisa en el reclamo de justicia de las familias de los mineros fallecidos.
Un hecho histórico
Ahora se abre la opción de que el organismo interamericano de derechos humanos evalúe el caso a fin de observar si existe o no responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia para las viudas y los familiares, así como los derechos económicos, sociales y culturales señalados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La admisión del caso de los mineros fallecidos dentro de la mina de Pasta de Conchos podría desembocar en una sentencia contra el Estado mexicano y la minera Grupo México, pero por lo pronto, explicó Cristina Auerbach, se ha abierto un periodo de cuatro meses para que las partes en conflicto aporten toda la información necesaria que permita robustecer sus posturas, en lo que se conoce como Informe de Fondo.
Dentro de este mismo periodo de aportación de información y pruebas, también se abre un lapso para que las partes en conflicto digan si están de acuerdo en una solución amistosa, lo que evitaría una sentencia de la corte, un hecho que aún está en evaluación entre las familias de las víctimas, cuya postura se podría dar a conocer en breve, explicó Auerbach Benavides.
“(Es) un avance histórico para las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, empezando por el rescate de sus familiares”
Por lo pronto, en la demanda de justicia que se admitió en la CIDH, los peticionarios están solicitando a esa instancia internacional de derechos humanos un enjuiciamiento del Estado mexicano y del consorcio Grupo México, a fin de que respondan a cuatro ejes en los que se basa el reclamo: el rescate de los cuerpos de los mineros sepultados dentro de la mina, el castigo a los responsables de la tragedia, garantías de no repetición de sucesos como este y la reparación del daño a las familias de las víctimas.
Daños colaterales
Los alcances de la resolución 12/18 de la CIDH podrían terminar en el enjuiciamiento de funcionarios públicos de las administraciones federales de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la estatal de Coahuila, a cargo entonces de Humberto Moreira Valdés, y de la dirigencia del propio sindicato minero, los que son señalados por los deudos de las víctimas como responsables de la tragedia.
Para la activista Cristina Auerbach, la que dice que esta admisión de la CIDH llega en un buen momento, “tendrá efectos políticos colaterales muy importantes”, pues algunos de los señalados, al menos por omisión, hoy están buscando posiciones políticas de elección popular para ser parte de la próxima administración federal, como es el caso más visible de Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero que intenta llegar al senado con el respaldo de Morena.
Otro actor directo señalado por los deudos de las víctimas y que podría ser indiciado por la CIDH es el que fuera entonces titular de la Secretaría de Energía, Fernando Canales Clariond, a quien le fincan la responsabilidad de omisión de las condiciones bajo las que trabajaba la mina, y que hoy se encuentra integrado en el equipo de trabajo de la candidata independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala.
La CIDH evaluará el caso a fin de observar si fueron violados los derechos a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia, así como los económicos, sociales y culturales
El fantasma de la tragedia de Pasta de Conchos también podría alcanzar al que entonces fue responsable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, quien hoy busca, en calidad de suplente, una candidatura al Senado de la República por el estado de San Luis Potosí, bajo el respaldo del frente PAN-PRD-MC.
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Igual sucede con el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, el que es señalado de haber ignorado los reclamos de justicia de las familias de las víctimas, de la misma forma en que lo hizo su hermano y antecesor en la gubernatura Humberto Moreira Valdez. Hoy Rubén Moreira se encuentra integrado al equipo de campaña del candidato de la alianza PRI-PVEM-PANAL, Jose Antonio Meade.
Otro que busca una posición política a nivel federal, tras las próximas elecciones, es el líder minero Carlos Pavón, quien durante la tragedia era parte del comité directivo del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia; hoy Carlos Pavón, disidente del grupo minero de Napoleón Gómez Urrutia, se encuentra en las listas del PRI para buscar un escaño en el Senado de la República por la vía plurinominal.
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También señalado de responsabilidad por parte de las familias de las víctimas de Pasta de Conchos, el ex panista Javier Lozano Alarcón podría terminar como indiciado de la violación del derecho a la justicia, luego que como secretario del Trabajo y Previsión Social negó a los deudos la posibilidad de reunirse con el entonces presidente Felipe Calderón; hoy Lozano Alarcón es parte del equipo de campaña del candidato presidencial Jose Antonio Meade.
