Las anomalías en contrataciones en las alcaldías de la capital no terminan; hay administraciones locales que adjudican servicios a proveedores con un historial de irregularidades.
Sin distinción de color partidista, dos alcaldías han contratado a un proveedor durante los últimos dos años pese a que se ha comprobado que incumple con servicios contratados, no tiene capacidad técnica para llevarlos a cabo y subcontrata a otras empresas. Lo que viola la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.
De 2019 a 2020, la alcaldía Tlalpan, gobernada por la morenista Patricia Aceves; y Venustiano Carranza, encabezada por el perredista Julio César Moreno, contrataron a Rosa Silvia Delgado Benítez para el arrendamiento de unidades de transporte para los trabajadores.
Durante dicho lapso, Delgado Benítez obtuvo tres contratos que en conjunto suman más de un millón 100 mil pesos como pago.
El monto y los contratos referidos se le adjudicaron aún cuando la Secretaría de la Contraloría General local investigó en 2018 a dicha persona física por cometer irregularidades y violar la ley local en materia de adquisiciones.
Rosa Silvia Delgado Benítez fue contratada a pesar de no contar con las capacidades para brindar el servicio, según una investigación de la Contraloría local
Los contratos de arrendamiento en las alcaldías
El primero de los tres contratos firmados durante 2019 y 2020 es el que tiene el folio AT-2019-114, que Tlalpan otorgó a Delgado Benítez a través de la adjudicación directa para el arrendamiento de equipo de transporte.
El acuerdo se firmó el 30 de septiembre de 2019 y estuvo vigente desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2019. El pago fue de 420 mil pesos. El segundo contrato es el AT-2019-219 que se firmó el 2 de enero de 2020 para el mismo fin que el anterior
Según la información disponible, el acuerdo tuvo una vigencia del 2 de enero al 3 de marzo de 2020.
Por la prestación del servicio, Tlalpan pagó 125 mil pesos a Delgado Benítez.
3
En total, la alcaldía de Tlalpan otorgó dos contratos que ascendieron a 545 mil pesos.
Mientras que Venustiano Carranza adjudicó el convenio AVC/ DGA/014/2020 para el arrendamiento de unidades de servicio de transporte por invitación restringida el pasado 20 de marzo de 2020.
En esta ocasión se fijó la vigencia del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2020.
También se detalla en el documento que por el alquiler de 265 unidades durante dicho lapso, la alcaldía se comprometió a pagar 598 mil 171 pesos.
Los tres contratos adjudicados por ambas alcaldías a Delgado Benítez suman la cantidad de un millón 143 mil 171 pesos.
Proveedora en la irregularidad
En 2018, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México encontró que Rosa Silvia Delgado Benítez es una contratista irregular que subcontrata a otras empresas para realizar servicios adjudicados y no cumple con los términos acordados.
Según la auditoría A-5/2018, publicada el 16 de marzo de 2019, la Contraloría General investigó las contrataciones realizadas por la entonces delegación Tlalpan en 2017.
La indagatoria detalla que en dicho año la administración local otorgó el contrato DT-2017-106 de un millón de pesos a Delgado Benítez para el arrendamiento de equipo de transporte.
Sin embargo, las investigaciones de la Contraloría revelaron que no existen pruebas documentales de que la proveedora realizara los trabajos adjudicados.
Además, detectó que Delgado Benítez subcontrató a otras compañías o personas morales.
La subcontratación de servicios, según el estudio “La subcontratación en México” realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, es cuando una empresa o persona física ofrece un producto y contrata a otra para llevar a cabo los trabajos o adquirir los bienes adjudicados, lo que es también una forma de eludir impuestos pues no se pagan contribuciones de nómina ni tampoco cuotas obrero-patronales.
Además, el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México prohíbe la subcontratación de servicios en entidades públicas.
La Contraloría detalla que se percató de lo anterior porque la proveedora afirmó no pagar impuestos de predial, adquisición de inmuebles, nóminas, tenencias, uso, adquisición de vehículos, prestación de servicios de hospedaje y suministro de agua como una empresa.
1.1
Igualmente, su domicilio no correspondía al de una compañía especializada en transporte.
“De la revisión física realizada a las instalaciones se constató que las instalaciones del proveedor corresponden a una vivienda, donde no se observaron unidades vehiculares para transporte (…) además la entrada no es idónea para el acceso de ningún vehículo”, señala la investigación.
Por lo cual, la Contraloría local determinó que Rosa Silvia Delgado Benítez no es una persona física dedicada al ramo para el que fue contratada y tuvo que recurrir a otras empresas para poder dar el servicio.
“Se constató que el proveedor Rosa Silvia Delgado Benítez no contaba con la capacidad, equipo, herramientas, instalaciones, recursos financieros, humanos y materiales, así como la organización en el momento de la celebración del contrato”, indica la indagatoria.
Cabe destacar que dicha auditoría se publicó en marzo de 2019, antes de los tres contratos celebrados por las alcaldías de Venustiano Carranza y Tlalpan.
