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El área de Finanzas del Gobierno de Jalisco seleccionó a un par de bancos en 2016 para contratar deuda, sin garantizar que fueran las mejores opciones para las finanzas públicas, y con procesos violatorios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en uno de los casos.
Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su auditoría 1092-GB-GF, donde hace cuestionamientos directos al titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida, por haber favorecido con su actuación a ciertos bancos sobre el resto, entre otras anomalías.
“Se identificó que en las actas de sesiones del Comité, éste utilizó la información notificada por el despacho como un análisis realizado por él mismo”
La ASF analizó dos préstamos que tramitó la Sepaf en 2016 para el ente estatal Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y en los cuales el Estado funge como aval: uno por 800 millones de pesos (MDP), y otro de mil 074.8 MDP.
El crédito con las violaciones más flagrantes es el de 800 MDP, pues dado su monto y según lo establece la Ley citada, debió contratarse mediante licitación pública para que los bancos compitieran entre sí, no obstante, en lugar de ello, el secretario restringió la participación a unas pocas instituciones que él mismo invitó:
“El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, al emitir ocho cartas invitación al mismo número de instituciones financieras el 21 de junio de 2016 para la contratación de un crédito por 800 MDP, contravino la legalidad y transparencia del proceso competitivo, debido a que el importe superó el equivalente a los 100 millones de UDIS (541.2 MDP)”.
Estas acciones del funcionario, dice la ASF, “incumplieron lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Disciplina y en el artículo 12 de los Lineamientos para el cálculo del menor costo (financiero)”. El 7 de julio de 2016 el Comité de Financiamiento que encabeza Sepaf eligió ganador a Banamex.
Más anomalías
De forma posterior a la emisión de esas invitaciones a un grupo cerrado de bancos, “el secretario convocó mediante licitación pública para la adquisición de los 800 MDP”, pero esto ocurrió hasta el 30 de junio de 2016, señala la ASF.
La ventaja competitiva que explotaron los bancos beneficiados por Pérez Partida se evidenció en el hecho de que los cuatro que presentaron ofertas, Banorte, Banamex, BBVA Bancomer e Interacciones, lo hicieron “en respuesta a las cartas invitación”, pues “ninguna institución financiera presentó oferta en respuesta a la convocatoria de la licitación”.
Otra violación es que “el secretario publicó los resultados cuatro y cinco días hábiles posteriores a la fecha en que el Comité determinó a Banamex como ganadora (el límite eran dos días) y no confirmó que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado”, esto contravino los artículos 26 y 29 de la Ley, y 49 y 52 de los Lineamientos citados.
Por el proceder del secretario, la ASF emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que la Contraloría investigue “y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Jalisco”.
Por el proceder del titular de la Sepaf, Héctor Pérez Partida, la ASF emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Contraloría investigue
Mala decisión
El otro crédito por mil 074.8 MDP fue para refinanciar la deuda del SIAPA. La tramitación inició en marzo de 2016, poco antes del de 800 MDP -de junio de 2016-, y antes también de que entrara en vigor la Ley de Disciplina Financiera el 28 de abril de 2016, que regula la contratación de bancos.
Es por eso que la ASF no cuestiona en este caso el proceso seguido de selección –aunque también fue por invitaciones del secretario-, sino el hecho de que el banco ganador no ofrecía el costo más bajo.
De las dos únicas ofertas en forma, BBVA Bancomer y Banorte, el Comité eligió al segundo el 15 de abril de 2016. Sin embargo, la ASF descubrió que: “al determinar como ganadora a Banorte, el Gobierno del Estado eligió la oferta que representó un mayor costo financiero para el SIAPA”.
Esto debido a que la tasa integral de Banorte era más alta: “el Comité calculó tasas integrales de cada oferta presentada por las dos instituciones financieras y determinó para BBVA Bancomer una TIIE más 89 pb (puntos base) y para Banorte una TIIE más 117 pb”.
Por esta decisión de Sepaf, la ASF solicitó el 13 de octubre pasado la intervención de la Contraloría y de la Auditoría Superior estatal, para realizar una investigación e imponer sanciones.
El despacho
Hay un tercer elemento en el proceder de Sepaf que también fue cuestionado por la ASF, que cedió indebidamente facultades a un despacho, el cual incluso determinó qué bancos debían ganar, y cuyos estudios se hicieron pasar como análisis propios de la Secretaría.
El 28 de julio de 2015 la Sepaf contrató al despacho Estrategia Financiera Profesional para fines de asesoría jurídica y financiera, y en 2016 le pagó 10.7 MDP por sus servicios para la contratación de ambas deudas del SIAPA por mil 874.8 MDP.
No obstante, la ASF descubrió que “el despacho fue el que negoció, administró y controló la totalidad de la información que se utilizó en los procesos competitivos, además de analizar las ofertas presentadas por las instituciones financieras y determinar la mejor oferta, facultades que le correspondían a los servidores públicos de las áreas administrativas del SIAPA y del Gobierno del Estado así como al Comité”.
La ASF detectó que en ambos créditos de 2016, el despacho le notificó al secretario los resultados de sus análisis determinando cuál era “la mejor oferta”, aunque esa “actividad que no era de su competencia.
