La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León, a cargo de Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, muestra deficiencias en el proceso de sus investigaciones en defensa del voto libre y secreto de los neoleoneses.
Esta Fiscalía se creó en 2018 como parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) y el Congreso local decidió por mayoría que De Hoyos Koloffon fuera titular de este órgano autónomo.
Desde entonces sus resultados han sido pocos en cuanto a prevención del delito e investigación. En su debut en la jornada electoral de 2018, esta Fiscalía recibió 330 denuncias, según su propio Informe de Actividades 2018-2019.
De todas estas denuncias, la Fiscalía dejó un total de 185 asuntos pendientes por determinar y, según dice el informe, en 10 casos se abstuvo de investigar al no haber un acto delictivo.
“10 abstención de investigar, es decir, el hecho denunciado no es delictivo, es decir, no se encuentra establecido en el catálogo de delitos electorales ni dentro de la tipificación del Código Penal local y federal, se hace efectivo el dispositivo del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, revela el informe.
Hasta el 9 de marzo de 2019, la Fiscalía terminó de manera definitiva un total de 145 denuncias, lo que representa apenas 44 por ciento del total de carpetas.
Sólo seis personas fueron detenidas en el proceso ordinario de 2018 por la compra de voto, de las cuales una fue vinculada a proceso.
“Una vez lograda la vinculación a proceso, se otorgó a la persona imputada una solución alterna al procedimiento judicial, consistente en la suspensión condicional del proceso durante el periodo de seis meses”, dice el informe.
FEDE No investiga denuncias
Sin especificar el tipo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) se abstuvo de investigar un total de 26 denuncias de 83 que recibió en años anteriores por considerar que no existía una falta.
Según cifras del Informe de Actividades 2018-2019, en estas denuncias no se encontraron elementos que violaran el catálogo de delitos electorales o que estuvieran dentro de la tipificación del Código Penal local y federal.
El documento señala que un total de 27 denuncias pasaron a remisión, pues no se consideró un delito electoral. Sin embargo, sí se consideró alguna falta diversa, competencia de la Fiscalía General del estado a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero o de una unidad diversa.
Mientras que 19 denuncias se calificaron como de incompetencia, ya que el hecho denunciado sí es considerado delito electoral, pero con base en el sistema de competencias coincidentes se considera que le correspondía a la Federación y fue remitido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
El Informe de Actividades 2018-2019 de la Fiscalía revela que 26 denuncias fueron recibidas en el proceso electoral extraordinario por la alcaldía de Monterrey. En total, 16 personas fueron detenidas: 10 por la compra de voto y seis por el uso ilegal de documentos.
Las detenciones se realizaron en coordinación con elementos de la Policía Regia, de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes pusieron a disposición del Ministerio Público a dichas personas.
