Culpar de su asesinato a una víctima de feminicidio desde las instancias que deben garantizar justicia es una práctica que se ha hecho repetitiva en México.
Tras el feminicidio de Danna Miriam, una chica de 16 años en Baja California, el fiscal de la entidad, Guillermo Ruiz Hernández, dijo que “la niña traía tatuajes por todos lados”.
El cuerpo de Danna fue hallado con diversas heridas y quemado en un predio. Ante ello, el fiscal asoció sus tatuajes a conductas delictivas, pues agregó que “traía un tatuaje con una metralleta y un cuerno de chivo en el antebrazo, es muy grave que no tengamos nosotros la precaución de cuidar a los adolescentes. Vamos a buscar cómo sancionamos a los padres que permitan o induzcan esos tatuajes a los menores”.
Los jueces deben deshacerse de prejuicios personales al momento de impartir justicia. Lo mismo debe pasar con los fiscales, no deben guiarse por ideas personales al momento de iniciar una carpeta de investigación
Sin embargo, no es la primera vez que autoridades revictimizan en el delito de feminicidio. En 2017, la entonces Procuraduría de la CDMX publicó en redes sociales una serie de mensajes donde expusieron datos de Lesvy Berlín, asesinada por su pareja en mayo de 2017 y encontrada en Ciudad Universitaria
“Vivía en concubinato con su novio. Debía materias en la escuela”, fueron algunos de los mensajes de la Procuraduría y a los que, a través de redes sociales y con el hashtag #SiMeMatan, decenas de mujeres expresaron su repudio al hecho de criminalizar y culpar a la víctima de su asesinato.
En entrevista para Reporte Índigo, abogadas afirman que enfocarse en la vida personal de la víctima y no investigar a los responsables del delito es un camino que podría llevar a la impunidad, además de negar el acceso al derecho de acceso a la justicia y reparación del daño.
549
Rita Muciño Corro, abogada de Círculo Feminista de Análisis Jurídico, urge a las autoridades a tomar en serio, y sobre todo con perspectiva de género, las agresiones que se dan contra las mujeres.
“Desde las violaciones y abuso sexual que se dio contra mujeres en Atenco, Estado de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado tomar acciones en proteger a las mujeres sin estereotipos, es decir, que no se piense que se lo merecían por su género pues esto le resta la culpabilidad a la parte infractora y se carga en la víctima. Cuando esto ocurre entonces cualquier ataque contra las mujeres se legitima que haya ocurrido”, explica.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 31 de julio, en el país se iniciaron 549 carpetas de investigación por feminicidio, enero con 74, febrero 91, marzo 77, abril 71, mayo 67, junio -el más alto hasta el momento- con 96 y julio 73.
Mientras que la violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la violencia familiar, tuvo dos mil 167 carpetas: enero con 209, febrero 273, marzo 331, abril 345, mayo 301, junio 341 y julio con 367.
En el caso de Danna, la abogada califica como misógino mencionar que la menor de edad tenía tatuajes pues se hace pensar que, al no cumplir con las normas que toda buena mujer debe seguir, su asesinato fue justificable.
Declaraciones como las del fiscal tienen un impacto negativo en la sociedad pues llega la idea de que hechos tan atroces como matar a una joven ocurren porque ellas se lo buscaron y no por el contexto de violencia y discriminación que existe contra las mujeres, se ven como casos aislados con cuestiones particulares y también la sociedad las culpa, se dice que andaban en malos pasos y ya no sientes que es obligación de las autoridades procurar la seguridad y justicia para la ciudadanía, se olvida que dicha violencia de género se debe a las omisiones y a las acciones poco articuladas por parte del Estado mexicano
Capacitación urgente para atender feminicidio
Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), recalca la importancia de la capacitación a las autoridades para evitar prácticas de revictimización.
“Es fundamental identificar y corregir la constante de culpar a la víctima desde cualquier puesto de las autoridades pues cuando una figura como el fiscal dice algo cómo Ruiz Hernández no solo afecta la dignidad y memoria de la víctima, sino que se cae en la normalización de la violencia contra las mujeres y eso no puede seguir en un contexto en el que tenemos más de 10 feminicidios al día”, menciona.
De acuerdo con Pérez Garrido, es necesario iniciar un trabajo en la promoción de derechos humanos de las mujeres que debe partir desde la capacitación correcta de las autoridades así como una profunda selección del personal.
“En esta área es necesario tener personas con trayectoria y formación en derechos humanos, que tengan experiencia trabajando con víctimas, que haya sanciones contra los servidores públicos que culpen a las mujeres de las agresiones en su contra o por lo menos que hagan una disculpa pública para reparar el daño”, sostiene.
Por su parte, Viridiana Valgañón, abogada de Equis Justicia, recuerda que en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género que establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que vayan a resolver.
“En dicho protocolo se establece que por ejemplo los jueces deben deshacerse de prejuicios personales al momento de impartir justicia. Lo mismo debe pasar con los fiscales, no deben guiarse por ideas personales al momento de iniciar una carpeta de investigación”, asegura.
De no aplicarse el protocolo de la Corte, Valgañón señala que se seguirá violando el derecho a las víctimas directas a la intimidad, una vida libre de violencia, o como en el caso de Danna su derecho a la libre identidad.
