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El informe que realizó la Conavim para emitir en Nuevo León la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) exhibe las omisiones y negligencia en las que incurrieron las autoridades estatales para atender casos de feminicidios.
Una gran mayoría de casos sin resolver, abandono de las investigaciones, cuestionadas medidas de conciliación, posible complicidad de las autoridades, falta de preparación, son algunos de los señalamientos que dejan mal parados a los actores e instituciones encargados de la justicia en
Nuevo León.
En el informe para atender la solicitud de alerta de violencia de género, el grupo de trabajo que lo elaboró encontró que un significativo número de los casos de homicidios dolosos de mujeres en los últimos 16 años se encuentran inconclusos.
Entre 2000 y 2011, en una tercera parte de los asesinatos perpetrados no se ha realizado imputación alguna, y la misma situación se da con cerca de la mitad de los casos registrados entre 2012 y 2016.
Esta situación, advierte el informe, podría indicar que las investigaciones no han sido realizadas con la debida diligencia y de manera exhaustiva.
Las cifras resultan más preocupantes al estudiar otros delitos en contra de las mujeres entre 2000 y 2016.
El grupo de trabajo concluye que del total de indagatorias iniciadas por delitos como secuestro, desaparición, violencia intrafamiliar, violación o trata de personas, se consignaron solo el 6.7 por ciento de los casos.
Además, el estudio pudo determinar múltiples fallas en los órganos y actores del sistema de procuración e impartición de justicia en la entidad.
Los investigadores observaron que con frecuencia las autoridades ministeriales recurren a la conciliación para resolver los casos de violencia en contra de las mujeres.
Detectaron que no existe una coordinación adecuada al interior de las instancias encargadas de la procuración de justicia.
Revertir la situación
Con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG ) decretada el pasado 18 de noviembre para los municipios de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey, el Gobierno de Nuevo
León deberá adoptar acciones para mejorar la situación de las mujeres en la entidad.
La AVG en Nuevo León fue solicitada desde el 2012 por la organización Arthemisas de la Equidad, dirigida por Irma Alma Ochoa, pero inicialmente fue declarada improcedente por la intervención de María Elena Chapa, extitular del Instituto Estatal de Mujeres de Nuevo León.
Además de medidas de reacción inmediata como el reforzamiento de patrullajes, alumbrado público, instalación de cámaras, etcétera, el Gobierno estatal tiene entre sus grandes pendientes los rubros de prevención y sobre todo de justicia, como lo ha señalado el propio informe, y cuyas medidas están enumeradas en la declaratoria.
En cuanto a la prevención, deberá crear Unidades de Género en todas sus dependencias involucradas que operarán coordinadas, además de integrar y actualizar de manera adecuada el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres.
Otra medida es la creación de un programa obligatorio para todos los servidores públicos, de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres, así como campañas permanentes a nivel estatal y municipal.
En el rubro de justicia se deberán adoptar medidas para garantizar que se investiguen y resuelvan todos los casos de delitos vinculados a la violencia de género.
Para ello, la declaratoria requiere una mayor asignación de recursos a la Procuraduría Estatal, la elaboración de protocolos de investigación, y una capacitación adecuada para los servidores públicos, así como mecanismos de supervisión.
Sin embargo, todo podría quedar en buenas intenciones si no existe voluntad por parte del Gobierno del Estado, pues se ha señalado que ha sido la propia administración estatal la que, por motivos políticos, quiso evitar la declaratoria, precisamente para no ser señalada.
