Fiscalía General, ¿independiente?
La transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, que se mantuvo en la congeladora durante meses, ha provocado un renovado interés de las fuerzas políticas para intentar amarrar acuerdos sobre quién debe estar al frente de ese órgano y cuál será su alcance.
Imelda García
A principios de 2015 se acordó que el PRI nombraría al fiscal general; el PAN, al fiscal anticorrupción; y el PRD, al titular de la Fiscalía contra Delitos Electoralesf
La transformación de la PGR en Fiscalía General de la República, que se mantuvo en la congeladora durante meses, ha provocado un renovado interés de las fuerzas políticas para intentar amarrar acuerdos sobre quién debe estar al frente de ese órgano y cuál será su alcance.
El interés, sin embargo, no viene de una intención para construir una Fiscalía independiente.
Se trata más bien de los acuerdos sobre quiénes estarán al frente de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, que dependerá de la primera.
En un principio, las bancadas en el Senado habían acordado el reparto de la titularidad de los principales componentes que tendría la nueva Fiscalía General.
De acuerdo con senadores cercanos a la negociación, desde principios de 2015 se acordó que el PRI llevaría mano para nombrar al fiscal general; el PAN, el fiscal anticorrupción; y el PRD, al titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales.
Ante la premura por las elecciones del 2015, el único nombramiento que se concretó fue el de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Le cumplieron al PRD.
Meses después, el fiscal fue cuestionado por ser cercano al partido del Sol Azteca; incluso, hubo voces que pedían su destitución. La idea no prosperó, pues se trataba de un reparto que favoreció al PRD.
La tardanza para aprobar en el Senado lo que ya se había votado en la Cámara de Diputados, provocó que los acuerdos se complicaran en la Cámara alta.
Una vez que se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, llegó el tiempo de nombrar al Fiscal Anticorrupción y el PRI decidió apoyar a algunos candidatos, siendo que el PAN llevaría mano en la elección, según el acuerdo.
El posible incumplimiento de lo que ya se había negociado, provocó que la oposición reactivara el debate sobre quién debía ser nombrado fiscal general; y una vez que Raúl Cervantes fue designado como nuevo titular de la PGR, tanto el PAN como el PRD se opusieron a que pasara automáticamente a la Fiscalía General, como lo establece la Ley aprobada en la Cámara baja.
Ahora, tanto el PAN como el PRD han presentado iniciativas para intentar cambiar la forma en que se decidirá quién encabece la Fiscalía General, en un claro enfrentamiento con el PRI por no respetar el acuerdo sobre el reparto de los órganos de justicia.
En un intento por limar las asperezas en el Senado, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa para que el pase de la PGR a la FGR no sea automático, pero pidió que el hoy procurador sí pueda ser considerado para el puesto.
Aprovechando este enfrentamiento político, las organizaciones de la sociedad civil han prendido las alertas sobre la necesidad de que se construya una Fiscalía verdaderamente independiente, más allá de una que se dedique a proteger a quienes debería perseguir.
Cambio de esquema
En septiembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa a la Cámara de Diputados de la ley secundaria para transformar la Procuraduría General de la República (PGR) en
Fiscalía General de la República (FGR).
La principal diferencia con la PGR, es que la FGR será autónoma e independiente del Gobierno federal; perseguirá los delitos separada de la función gubernamental.
La idea fue ampliamente aceptada por legisladores de todas las bancadas, que la consideraron como una propuesta de avanzada. La idea de la transformación cobró fuerza después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Cámara de Diputados aprobó la creación de la FGR en diciembre del 2014: envió la minuta al Senado para su análisis.
Ahí se empantanó el tema. Los senadores consideraron que debía ser ampliamente discutido y consensuado, pues se trataba del nacimiento de la nueva institución que perseguiría e investigaría los delitos.
El choque por las diferentes visiones ocasionó que el tema se atorara en las negociaciones y fuera mandado a la congeladora, donde había estado desde febrero del 2015.
Junto con la nueva ley de la Fiscalía General de la República y las reglas para el nombramiento de su titular, también fue enviada a la congeladora la elección del Fiscal Anticorrupción, porque al no estar todavía terminado el andamiaje de la FGR, no tenía caso hacer la elección.
Una vez que fue aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), comenzó nuevamente el debate sobre quién sería nombrado Fiscal Anticorrupción, por lo que se abrió nuevamente la convocatoria y se recibieron las postulaciones que hoy están siendo analizadas en comisiones.
Aunque se había acordado que el PAN llevaría mano en esta elección, el PRI decidió impulsar a algunos candidatos, entre ellos a Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI.
Tanto el PAN como el PRD acusaron que el PRI intentaba imponer a un Fiscal Anticorrupción a modo, por lo que pidieron que su nombramiento se realice hasta el 2017.
El cambio en las negociaciones provocó que la oposición respondiera bloqueando la intención de que Raúl Cervantes, nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como nuevo titular de la PGR, se convirtiera en el nuevo Fiscal General.
Al llamado de la oposición se sumaron también voces de la sociedad civil que iniciaron peticiones para que Cervantes no tuviera pase automático a la FGR.
Presión por reparto
El PAN y el PRD tratarán ahora de obstaculizar la posibilidad de que el PRI tenga injerencia en la elección del nuevo titular de la FGR, que deberá concretarse el año próximo.
Por un lado, el PAN presentó una iniciativa de reforma constitucional para que entre los requisitos de quienes aspiren a la FGR esté no haber desempeñado un cargo de dirección o representación de ningún partido político los seis años anteriores a su elección; su mandato duraría solo 7años –no
nueve, como hasta ahora-.
Acción Nacional pidió además que el Senado pueda remover al titular de la FGR, lo que con la ley aprobada por los diputados solo puede hacer el presidente de la República.
El PRD propuso una nueva ley de la FGR para comenzar con su diseño desde una base cero, creando una nueva institución, más allá de lo que hoy es la PGR.
Para el nombramiento del fiscal, el partido del Sol Azteca propuso que el Ejecutivo saque las manos de la designación y ésta quede solo en manos del Senado, que estará obligado a auscultar públicamente a los candidatos.
Las organizaciones de la sociedad civil también presentaron una iniciativa en la que proponen que el Senado evalúe a todos los candidatos y forme una lista con los 10 mejores.
De entre estos 10, el Ejecutivo debe elegir a tres finalistas, de entre quienes votará el Senado.
Se prevé que la elección del Fiscal General se realice cuando se haya desahogado la elección del Fiscal Anticorrupción, en febrero próximo.
