[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_qeuc3rjn” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Las fuerzas políticas de Jalisco enfrentarán los comicios de este año con una Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales sumida en la inoperancia, lo que les allana el camino para desplegar las prácticas ilegales que se han vuelto parte de cualquier elección en el país.
Desde su designación en enero de 2015 al frente de esa Fiscalía, Ricardo Suro Gutiérrez ha fungido como un fiscal cómodo para todos los partidos, pues no ha logrado una sola detención por delitos electorales en toda su gestión, según sus propios registros (folio 05095217).
Suro Gutiérrez llegó a la recién creada Fiscalía Especial electoral a propuesta del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, del PRI, pero en consenso con las otras fuerzas de más peso, Movimiento Ciudadano (MC) y PAN, en un proceso cupular carente de la vigilancia ciudadana que ahora comienza a verse en el Congreso local.
La primera jornada electoral que vigiló fue la de junio de 2015, en la que se eligió a diputados y se renovaron alcaldías, y que tuvo como gran triunfador al MC de Enrique Alfaro Ramírez, haciéndose de Guadalajara y buena parte de la metrópoli.
Los registros de la Fiscalía Especial muestran que su papel fue más bien testimonial: abrió 89 averiguaciones por delitos electorales denunciados en esa elección, pero el 95 por ciento ya están archivadas -85-, y el 5 por ciento restante –cuatro- siguen abiertas.
De todas esas indagatorias la Fiscalía Especial no pudo consignar una sola, tampoco concretó ninguna detención, Así que no figura ninguna sentencia condenatoria en su historial.
Delincuentes electorales
En los comicios de 2015, Guadalajara registró la mayor incidencia delictiva electoral de todo Jalisco con un tercio de todas las averiguaciones, 29 de las 89 totales, y se incluyen tanto ilícitos por la alcaldía como por diputaciones.
Los delitos más denunciados en todo Jalisco en la elección del 2015 fueron por solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación
Del abanico de ilícitos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en Guadalajara se denunció, por ejemplo: el “precandidato que aproveche fondos, bienes o servicios” de índole pública (art. 14); el servidor público que “Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios (art. 11)”; solicitar “votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación (art. 7)”; y hacer proselitismo o presionar “objetivamente a los electores el día de la jornada electoral (art. 7)”.
El segundo municipio con más delitos electorales fue Zapopan, donde también ganó MC con el empresario Pablo Lemus Navarro, con 14 denuncias; las denuncias fueron por solicitar “votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación (art. 7)”, o “Al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de un candidato (art. 15)” siendo ilegal.
Señalados
Municipios con más delitos electorales en elección 2015
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El sometimiento
Quizá el caso penal que mejor ilustra el sometimiento en el que se halla el fiscal electoral de Jalisco por parte de las fuerzas políticas, es el que abrió contra el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Leonel Sandoval Figueroa, con gran poder en el PRI, y padre del gobernador.
En las elecciones de 2015 los opositores del PRI difundieron un audio del magistrado con miembros de la estructura tricolor, con el que le atribuyeron la preparación de prácticas ilegales para la campaña, y frases como esta:
“Ayer en una asamblea alcancé a ver que no les hablaron de movilización porque, bueno, es una acción ilegal, ilícita el día de la elección, pero eso nosotros no lo vamos a andar diciendo”.
Por ese audio filtrado en abril de ese año se interpusieron cinco denuncias penales contra el magistrado –y tres de juicio político-, y si bien el fiscal especial abrió las averiguaciones respectivas, la 08/2015 con las acumuladas 09/2015, 16/2015, 20/2015 y 33/2015, no tardó ni seis meses en mandarlas al archivo.
El 5 de octubre de 2015 el fiscal especial cerró los casos con esta resolución de su superior, Eduardo Almaguer Ramírez, entonces fiscal general –y exlíder estatal del PRI-:
“Al no existir medios de prueba que configuren delito alguno, mucho menos que acrediten la probable responsabilidad de los denunciados, no se ejercitó la acción penal y se autoriza el archivo definitivo”
Así lo transcribió el pleno del STJ en su dictamen de agosto de 2016, en el que solicitaron al Congreso que ratificara al magistrado por un periodo de 10 años más, pese al escándalo de corrupción que pesaba sobre él desde 2015. Al final el magistrado logró su ratificación por medio de un amparo.
Por cierto, el actual presidente del STJ, Ricardo Suro Esteves, a quien se le considera cercano al magistrado priista Sandoval Figueroa, es medio hermano del fiscal electoral de Jalisco.
Más inoperancia
Además de las 89 indagatorias de la elección de 2015, la Fiscalía Especial abrió otras 11.
La Fiscalía Especial tiene ya cinco denuncias relacionadas con el actual proceso electoral
Una de ellas se abrió en 2016 y diez de 2017; de estas últimas, cinco ya están relacionadas con el proceso electoral 2018 (tres en Zapopan, el otro par en Mascota y El Grullo).
En estos 11 casos tampoco hay detenidos: uno está archivado, ocho en integración, y dos fueron remitidos a otras entidades federativas.
