El nuevo Fiscal General de Nuevo León garantiza que vendrá una nueva etapa en la justicia. Gustavo Adolfo Guerrero, recién llegado al cargo central del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aseguró que los casos que analizará bajo su gestión se llevarán con imparcialidad, como la denuncia contra un agente del Ministerio Público por presuntamente utilizar hechos falsos y leyes inexistentes para tratar de vincular a proceso a un exfuncionario.
“Totalmente, tenemos que ver el planteamiento de la víctima y contrastar al Ministerio Público para ver si se constituye o no un delito. Y vamos a definir si hay responsabilidad, y de cierta forma solicitar la vinculación o no”, explica en entrevista con Reporte Indigo luego de que se publicara hace unos días la demanda que presentó la defensa de Víctor Ramón Martínez Trujillo en contra del agente Ulises Soteno Torres.
Gustavo Adolfo Guerrero agregó que buscará que en los casos de la competencia de la Fiscalía General se aplique una justicia con objetividad. “Nosotros como Fiscalía vamos a ser muy objetivos en relación a los planteamientos que nos hagan o las imputaciones que quieran hacer, vamos a trabajar muy profesionalmente en la investigación”, señaló.
El Fiscal aseguró que buscará una cercanía con la ciudadanía, así como tener una labor institucional, lo que califica como un reto y será materia de programa inmediata institucional, meta que será presenta ante los diputados del Congreso de Nuevo León.
“Fui elegido bajo un esquema ciudadano, que realmente podamos dar ese resultado, el compromiso es con la ciudadanía y el compromiso es ser eficiente, y que la ciudadanía sienta que vamos a trabajar para ellos, con resultados inmediatos”
Guerrero, quien ostentará el cargo durante seis años, expuso que “las investigaciones se tienen que realizar objetivamente, no basadas en venganzas, ni en rencores, seremos muy objetivos, se vinculara procesalmente al que sea responsable, no cuestiones mediáticas”.
La Fiscalía General, la Anticorrupción y la Especializada en Delito Electorales, las cuales conforman el SEA, tendrán un presupuesto de 3 mil millones de pesos.
Actualmente, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por el interino Manuel González, pretende impugnar el proceso de selección, no solo del Fiscal General, sino también de Javier Garza, Fiscal Anticorrupción y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Fiscal en Delitos Electorales.
Los argumentos de reclamo del gobierno son sobre irregularidades en torno al proceso, pues exponen que el Comité de Selección del SEA sesionó con ocho integrantes, cuando tendría que ser con nueve como marca la Constitución.
También cabe recordar que existe una controversia en esta máxima autoridad judicial, la cual fue presentada el 6 de junio de 2017, por el entonces gobernador, hoy con licencia, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. La audiencia será el próximo 18 de abril.
Agente en la mira
Ulises Soteno Torres, agente del MP, es acusado por Zárate Abogados, representante de Martínez Trujillo, de tratar de vincular a proceso basándose en hechos falsos y leyes inexistentes, es por eso que está bajo la lupa, asegura el Fiscal General.
“Ahorita está en proceso, efectivamente existe una denuncia contra un Ministerio Público de la Procuraduría Anticorrupción y se están haciendo las investigaciones correspondientes y estamos en proceso”, explicó Gustavo Adolfo Guerrero.
Y agregó que se investigará “si existe una responsabilidad que haya cometido el servidor público, en este caso un agente del Ministerio Público, haya cometido alguna irregularidad, hacer las imputaciones correspondientes”.
Reporte Indigo adelantó el pasado miércoles 21 de marzo que Zárate Abogados demandó que durante una audiencia que se celebró el 6 de marzo, Soteno Torres intentó vincular a proceso Víctor Ramón Martínez Trujillo, exdirector del Sistema Estatal de Caminos en el sexenio de Rodrigo Medina, con argumento falsos.
La defensa del exfuncionario acusa al agente de ofrecer como pruebas una serie de contratos del 2011 y 2012, los cuales fueron celebrados supuestamente bajo la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y citó el artículo 42, el cual no coincide el contenido que presentó con el que se establece en la norma además de que la competencia es a nivel federal.
Cabe recordar que Martínez Trujillo se convirtió en julio del 2016 en el primer funcionario medinista en ser vinculado a proceso por el gobierno independiente.
Aún falta el Comité Ciudadano del SEA
A pesar de que los diputados del Congreso local festejaron la integración de los fiscales del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) falta el toque ciudadano: El Comité de Participación Ciudadana.
Este consejo será primordial para la vigilancia de los nuevos fiscales de SEA, pues tendrá la obligación de que las Fiscalías trabajen bajo los principios de transparencia, honestidad y una justicia pareja.
El comité estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Los integrantes no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal,
“Ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. Serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno”, dice la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
