Fiscal será ‘juez y parte’

Tras el duro golpe que significó la muerte de 15 oficiales en Soyatán el pasado lunes 6 de abril, el enfrentamiento más cruento en la historia de Jalisco, la Fiscalía General del Estado (FGE) seguirá concentrando poder y facultades, ahora como “juez y parte” en la evaluación y depuración de las fuerzas de seguridad. 

Su titular, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, será el nuevo responsable de evaluar a todo el personal que quiera integrarse y continuar dentro de la FGE, que engloba a los cuerpos de seguridad estatales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario.  

Derivado de una reforma a la Ley de Control de Confianza estatal que amplió sus facultades en esta materia, el fiscal tendrá la última palabra en el otorgamiento de los certificados que requiere todo elemento y funcionario de seguridad para poder ingresar, permanecer y ascender en la FGE.  

En la sesión del 20 de noviembre de 2014, los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley en su artículo 17, que ahora dice:

“La FGE contará con su propia Unidad de Confianza, que tendrá autonomía técnica y será la encargada de aplicar y evaluar los exámenes de control de confianza a que se refieren la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

“Tendrá las atribuciones y facultades establecidas en el presente artículo al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y emitirá la certificación a que alude la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a quienes acrediten los requisitos de ingreso, permanencia y promoción”.

Así, la evaluación y depuración de las instituciones de seguridad en toda la esfera estatal,  pasan a ser nuevas tareas bajo control del fiscal, lo cual repercutirá sobre la conformación de cuerpos como la Fuerza Única, las Policías estatal, Vial y Ministerial, las agencias del Ministerio Público (MP) y la custodia penitenciaria. 

Antes del cambio, la FGE no podía evaluarse a sí misma; esto era tarea del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de la Secretaría General de Gobierno, y aun cuando ambas instancias son parte del Ejecutivo, la primera fungía como un contrapeso para el proceso. 

Los exámenes aplicados por el Centro habían llegado a despertar una tensión en la relación de la Secretaría General con las instituciones de seguridad evaluadas. 

El fiscal se destacó por sus críticas severas hacia las pruebas de confianza, a las que desestimaba al atribuirles poca certeza y cuestionaba por reducir la cantidad de oficiales.

El 7 de enero del 2013, cuando todavía era titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social en la gestión panista del exgobernador Emilio González Márquez, declaró en contra de los exámenes para los policías, y de la vinculación que señalaban de éstos con el crimen organizado:

“Estamos viendo cosas que no tienen nada que ver con la confiabilidad, cuestiones de obesidad o que el entrevistador los cataloga como alcohólicos y tantas cosas. 

“Estamos viendo el temor a la delincuencia y los problemas que tenemos con el control de confianza, nos estamos quedando sin policías y ahora sí vamos a ver cómo le vamos hacer frente a los delincuentes. 

“Lo único que viene en la boleta ‘probable responsabilidad’, en ningún momento el examen de control de confianza viene con una certeza, y como están las leyes pues no dan ninguna defensa a los policías y muchos elementos acuden a Derechos Humanos, porque se les cataloga como presuntos responsables”, dijo el funcionario en citas al diario local El Informador.

Pequeño gran cambio

La reforma a la Ley de Control de Confianza nació de una iniciativa del diputado del PRI, Miguel Castro, el 23 de septiembre de 2013. Cuando llegó al pleno del Congreso se aprobó con 24 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

La iniciativa de Castro parecía plantear un cambio sencillo y sin  mayor trascendencia: debido a que en la FGE se habían fusionado la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, era necesario actualizar sus nombres en dicha ley para sustituirlos por el de FGE. 

“En la legislación vigente se sigue refiriendo a las extintas dependencias, por lo tanto, resulta necesaria tal adecuación para dar certeza jurídica”, dice la iniciativa. 

En la Ley se preveía originalmente, además del Centro, otra Unidad de Confianza en la Procuraduría para su personal ministerial sustantivo, esto es, cerca de mil 500 elementos (como sus 230 agentes del MP y mil 189 policías investigadores), lo que le daba un alcance sumamente limitado. 

Pero cuando los diputados cambiaron la ley, lo que crearon fue una Unidad de Confianza que, lejos de restringirse al personal ministerial –como lo establecía originalmente-, tiene competencia sobre toda la FGE, una estructura que supera los 8 mil agentes en sus corporaciones. 

En perspectiva, de los 21 mil 345 oficiales que forman el universo a evaluar en Jalisco, 8 mil 286 están en la FGE y los 13 mil restantes son de las fuerzas municipales, a éstos se limitó la competencia del Centro Estatal. 

Se le preguntó a la FGE acerca de su Unidad de Confianza, de sus planes de inversión y asignación de personal, y respondió:

“Considerando el decreto número 25141/LX/14, publicado el día 18 de diciembre de 2014, en el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Control de Confianza, donde en el artículo 17 punto 2 refiere que la FGE contará con su propia Unidad de Confianza, no se cuenta con ningún documento que pueda dar respuesta a lo peticionado por lo que se considera inexistente”.

Más poder

Jorge Rocha, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente es crítico de la fusión en una sola instancia de las facultades de las extintas Procuraduría y Secretaría de Seguridad. 

A la pregunta de si ve riesgos en una FGE que ahora podrá evaluarse a sí misma, dice: “Sí, toda cuestión de excepción puede sonar a peligro, yo creo que no vamos a resolver el tema mientras no repensemos el modelo policial en su conjunto”. 

El académico es partidario de que Jalisco explore ya dotar de autonomía al MP, para una persecución del delito libre de injerencias políticas. 

“Sería mucho más partidario de que las evaluaciones de las policías tendrían que ser ciudadanas, tal cual. Mientras siga el gobierno evaluándose a sí mismo, el riesgo de que no sea una evaluación buena es muy alto, más bien tendrían que ser terceros externos”. 

En una carta para el diario El Occidental, el 8 de octubre de 2008, el entonces director de Prensa, Genaro Pacheco, afirmaba sobre su jefe: 

“En el país es uno de los primeros secretarios al que se le han aplicado (las pruebas) -y a petición de él-, pudiendo que sea otra instancia -en este caso, la Secretaría de Seguridad Publica Federal- la que los lleve a cabo para no ser juez y parte”.