Los nuevos fiscales del Sistema Estatal Anticorrupción no solo llegarán a sus cargos cuestionados por sus vínculos con el priismo y panismo, también porque ninguno presentó su declaración patrimonial y ahora las pruebas de control y confianza podrían ser un as bajo la manga del Gobierno de Nuevo León.
Los recién nombrados Gustavo Adolfo Guerrero en la Fiscalía General; Javier Garza y Garza en la Fiscalía Anticorrupción y Gilberto de Hoyos Koloffon en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales rindieron protesta la semana pasada.
Durante la creación de las leyes para conformar el SEA, los diputados no establecieron que las personas elegidas para cumplir con esas funciones tendrían que estar obligados a pasar estos exámenes y presentar su riqueza.
Motivo por el cual, la Comisión Anticorrupción en el Congreso, a cargo de la panista Eustolia Yanira Gómez García, no especificó en la convocatoria que el elegido tendría que pasar las pruebas antes o después de ser nombrado al cargo.
Sin embargo, en la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León sí está estipulado que el procurador tendrían que pasar varios controles de confianza, los cuales serán aplicados por el Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (Cisec).
La Ley establece que el funcionario está dentro de las instituciones policiales, así como sus órganos auxiliares como el Ministerio Público, la policía dependiente de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales.
“Son autoridades de las Instituciones Policiales reguladas por este Título: el Gobernador del Estado; el Secretario General de Gobierno; el Procurador General de Justicia; el Secretario de Seguridad Pública y los Subsecretarios y Directores dependientes de la Secretaría”, señala el artículo 122.
En el apartado de instituciones policiales se señala que los integrantes tienen que “aprobar las pruebas de control de confianza a que se refiere el Artículo 198 Bis 29 de este ordenamiento”.
Además esta enmienda señala que los funcionarios o servidores públicos que en contravención a esta disposición ejerzan funciones que no les correspondan o carezcan de la certificación respectiva, serán sancionados conforme al Código Penal vigente en el Estado, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.
Reporte Índigo adelantó que la legisladora no estipuló que el aspirante o seleccionado deba aprobar exámenes socioeconómicos, polígrafo o pruebas de control y confianza, de toxicología y, en especial, que tenga maestría en el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Laguna legal
El exdiputado federal Waldo Fernández, explicó que existe una laguna legal que podría modificar la designación de los fiscales del SEA.
“Esta interesante porque hay una laguna jurídica en el asunto, al no estar en la convocatoria pareciera que no se necesita, pero la convocatoria es para la designación, única y exclusivamente del Fiscal, eso no implica que no se pueda modificar la designación”
Y agregó: “me imagino que la tiene que hacer, en mi opinión jurídica, en los términos de la convocatoria no hay necesidad de hacerlo, pero la norma federal está por encima de la convocatoria, hay que espera para que presenten sus cuatro exámenes”.
“Los cuatro exámenes componen el toxicológico, el control confianza, situación patrimonial y psicométrico, lo correcto tendría que estar en la convocatoria, está interesante porque hay una laguna jurídica, yo veo una laguna”, explicó Fernández.
Por su parte, Juan Manuel Ramos, dirigente de la organización Redes Quinto Poder, dijo que si en la convocatoria no se incluye que tendría que aprobar estos exámenes y presentar su riqueza, ninguno de los tres fiscales está obligado.
“El procurador tiene que presentar las pruebas de control y confianza por el tema de justicia, lo que debe quedar muy claro es el conflicto de interés que tengan los elegidos, que pueda afectar el ejercicio de la función”, expuso.
“La declaración tres de tres no viene en la convocatoria y las pruebas se hacen cuando sea designado, ayudaría mucho a quien quede que aplique estas pruebas de control y confianza para que él mismo pueda legitimarse”, señaló Ramos.
No solicitaron pruebas
El nuevo Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, confirmó que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, no le solicitó que fuera sometido a las pruebas de control y confianza y declaración patrimonial.
La llegada de los tres fiscales es polémica por sus nexos políticos
“Ahorita no hay una obligación de una pruebas de control y confianza, no, no es un requisito”, dijo el recién nombrado.
Guerrero Gutiérrez agregó que está dispuesto a presentar su declaración patrimonial, pero aseguró que no se le fue solicitado ni por el Comité de Selección, ni por la Comisión Anticorrupción.
