[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”1_g3frc7ll” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Andrés Manuel López Obrador asumirá el próximo 1 de diciembre la presidencia de México con el Fiscal General de la República, el Fiscal Anticorrupción y el Fiscal Electoral ya designados.
Así lo anunció la semana pasada al llegar al aeropuerto de Ciudad Juárez, desde donde inauguró el primero de los foros para la pacificación del país.
“Les adelanto que en materia de seguridad vamos a tener, desde el día 1 de diciembre, ya la nueva Secretaría de Seguridad Pública totalmente constituida, y vamos a tener también para entonces al Fiscal General, al Fiscal Anticorrupción y al Fiscal Electoral”
Sin embargo, el tabasqueño no ofreció ningún detalle sobre la ruta jurídica o parlamentaria que implementará para realizar estas designaciones en la fecha prometida.
De concretarse estas acciones, se pondría fin a un largo proceso que comenzó hace cuatro años con la aprobación del Congreso para la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y de una Fiscalía General autónoma que sustituya a la hoy Procuraduría General de la República.
El problema es que en ambos casos, la LXIII Legislatura fue incapaz de generar los acuerdos necesarios tanto para realizar los nombramientos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción como para aprobar las leyes y reformas secundarias que darían vida a la Nueva Fiscalía General como la Ley Orgánica y las modificaciones al artículo 102 Constitucional, el cual garantizaría la autonomía e independencia del próximo titular de este organismo.
Esto ha provocado que las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado lo que es la reforma de justicia más importante de los últimos años, como lo es el colectivo #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, estén presionando para que se resuelvan todos estos pendientes de la mejor manera y lo más pronto posible.
Para que la PGR pueda convertirse en Fiscalía primero se debe aprobar la Ley Orgánica que reglamentará a este nuevo órgano autónomo del Poder Ejecutivo
Pese a que la semana pasada se acordó que se organizarían una serie de mesas de negociación entre el gobierno entrante y el colectivo Fiscalía Que Sirva para hablar del tema; y de que la otra agrupación llamada Vamos Por Más ha organizado una recolección de firmas ciudadanas con el apoyo de la Coparmex para que López Obrador no haga los nombramientos sin antes realizar los cambios necesarios, el tabasqueño ha dicho estar decidido a comenzar su sexenio con un Fiscal General del Estado propuesto por él y aprobado por el Congreso con el método actual.
“Lo expresé en la campaña, yo estoy por el procedimiento actual, vigente, y vamos a cumplir con esto […] Vamos primero a que tengamos un buen Fiscal Anticorrupción y también un buen Fiscal Electoral para acabar con la antidemocracia, para acabar con los fraudes electorales.
Les pido nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar la corrupción, es el compromiso que hicimos en la campaña y vamos a cumplir”, aseveró.
Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no reformara el artículo 102 Constitucional antes de nombrar al próximo Fiscal General de la República
Las exigencias de las ONG´s
El foco de atención respecto a la creación de una nueva Fiscalía General de la República que cuente con autonomía del poder Ejecutivo ha estado centrado en cómo se llevará a cabo la designación de la persona que encabezará dicho organismo.
Sin embargo, hay muchos temas que han pasado a un segundo término y que deben atenderse antes de siquiera poder pensar en llevar a cabo un nombramiento.
A través de distintos colectivos más de 300 organizaciones no gubernamentales han buscado hacer entender al nuevo gobierno la importancia de garantizar que los próximos fiscales se nombren de manera transparente, que sean independientes y que cuenten con autonomía
Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, asociación que forma parte del colectivo Fiscalía Que Sirva y la cual ha estado involucrada directamente en las mesas que se establecieron con algunos de los integrantes del próximo gobierno como Tatiana Clouthier, Zoé Robledo y Mario Delgado, explica que lo primero que tiene que quedar en claro es que sin la aprobación de la Ley Orgánica que dé vida a la nueva Fiscalía General de la República no se puede llevar a cabo el nombramiento del Fiscal.
“Hoy lo único que pueden nombrar es al Procurador en funciones y a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, pues hasta que no se apruebe la Ley Orgánica, la Fiscalía General no puede entrar en vigor y mucho menos se puede nombrar al encargado de encabezar este organismo”, indica Girault.
El objetivo de la Ley Orgánica es reglamentar la forma de organización, funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y otras disposiciones aplicables.
Una vez que esto se logre, Girault indica que se podría pasar a ver el método en el que se llevaría a cabo el nombramiento del Fiscal General, procedimiento para el cual se ha pedido precisamente la reforma del artículo 102 Constitucional, pues de mantenerse como está, sería muy difícil poder garantizar que la persona que encabece este nueve organismo sea completamente autónoma e independiente.
Actualmente, de acuerdo con el artículo 102 Constitucional, el Presidente de la República designará al Fiscal General y este nombramiento será ratificado por el Senado
Sin embargo, Pablo Girault relata que lo que buscan los colectivos que han luchado por este cambio es que se utilice un mecanismo donde también participe la sociedad civil en conjunto con el poder Ejecutivo, el legislativo y que no dependa exclusivamente del presidente.
“El método que nosotros hemos propuesto es que quienes quieran participar para convertirse en Fiscal General se inscriban y que el Senado nombre a un grupo de personas de la sociedad civil para que los auxilie a hacer un análisis de capacidades técnicas de estas personas. Al igual que el proceso para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Después se eligen a 10 de las personas que cumplen con todos los requisitos y se le envían al presidente para que él elija a tres y finalmente el Senado determine al ganador”, dice Girault.
El consejero de la asociación civil Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia también ve otra serie de problemas que podrían suscitarse en caso de que el próximo gobierno se niegue a escucharlos y a implementar los cambios que han sugerido.
Cuando se planteó la reforma original en el año 2014 se incluyeron dos artículos transitorios, uno que ya logró modificarse, que es en el que se permitía que el procurador en funciones se convertiría en el primer Fiscal, y el otro que sigue vigente, que dice que todo el personal que labora en la PGR se pasaría directo a la Fiscalía.
“Si no logramos que el próximo gobierno entienda la importancia de realizar todas estas modificaciones legales y constitucionales, la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General simplemente sería un cambio de membrete.
Eso nos preocupa mucho porque se heredarían todos los vicios con los que actualmente cuenta la PGR y no habría un cambio real en la manera de aplicar justicia.
No quiere decir que no haya personal ahí dentro que valga la pena porque sí lo hay, pero hay otros que no y hay redes de complicidades que fomentan la corrupción y en donde el poder político aún pesa mucho, cuestiones que no nos gustaría que llegaran a la Fiscalía”, comenta.
Por ese motivo, Pablo Girault, añade que dentro de las mesas que se han organizado para discutir el tema con el gobierno entrante han propuesto que en lo que se logra crear la Nueva Fiscalía General de la República desde cero, se mantenga por un breve periodo de tiempo a la PGR.
“Lo que estamos proponiendo es una manera de enfrentar el problema que es muy amplia, distinta y cuyo objetivo está enfocado en la creación de una institución que funcione, más que en llevar a cabo un nombramiento.
Por ello estamos buscando que se inicie una nueva institución que pueda existir por un tiempo en paralelo con la PGR, para que cuando llegue el nuevo Fiscal deveras pueda hacer cosas.
“Queremos una institución nueva que comience con un personal muy bien seleccionado, con nuevos procedimientos, nuevas instalaciones, con autonomía. Mientras vas trayendo al personal de la PGR que valga la pena”
El plazo propuesto para que coexistan ambas instituciones tendría como límite el 2022. Y ayudaría para que el nuevo Fiscal llegue a construir sobre lo nuevo y no se distraiga con los problemas de la PGR”, explica.
A estas propuestas también se ha incluido la Coparmex, la cual se encuentran aliada al colectivo Vamos Por Más y, quienes a diferencia de su homólogo, Fiscalía Que Sirva, han optado por buscar recolectar más de 110 mil firmas para enviar una iniciativa al Congreso mediante la cual se reforme el artículo 102 Constitucional y se incluya el nombramiento de un fiscal de transición que estaría en el cargo por tres años.
En rueda de prensa, el presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther informó que para recabar los apoyos necesarios utilizarían la plataforma digital que usó el Instituto Nacional Electoral (INE) para las firmas de los candidatos presidenciales.
La recolección inició el 2 de julio en los 65 centros empresariales y delegaciones de la Coparmex en todo el país, y se espera lograr el mínimo requerido a más tardar en septiembre próximo.
Los pendientes del SNA
La lucha que comenzó el Estado mexicano para erradicar la corrupción en el país con la creación e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción ha brindado, hasta el momento, muy pocos resultados.
La carencia de acciones no se deben únicamente a la falta del nombramiento del titular que encabezará la Fiscalía Nacional Anticorrupción, sino a que todavía existen una serie de pendientes que impiden que esta institución pueda llevar a cabo la labor para la cual fue creada.
El ejemplo más claro en este momento es la ausencia de los 18 magistrados anticorrupción, personajes que serán los encargados de imponer sanciones a funcionarios y particulares involucrados en casos graves de corrupción.
Desde agosto de 2017 estos funcionarios fueron designados por el presidente Enrique Peña Nieto para que fueran ratificados por el Senado, sin embargo, ante la falta de acuerdos entre los legisladores, los nombramientos siguen pendientes.
El PT, Movimiento Ciudadano y el PRD fueron los partidos que se opusieron de manera reiterada a que se realizaran las designaciones, pues argumentaron que no hubo participación de la sociedad civil y que no se justificó por qué cada uno de los personajes propuestos por Peña Nieto eran los indicados para ocupar el cargo
En este sentido, el vicecoordinador de la bancada de PT-Morena en el Senado, Luis Humberto Fernández, dijo en entrevista para Reporte Indigo, que lo único que ellos pedían para llevar a cabo estos pendientes eran dos cosas.
“Lo que pedimos es que el Presidente de la República justifique la lista de magistrados que propuso uno a uno, o dos, que se reponga el proceso de nombramientos para que se haga de manera abierta y puedan participar ONG´S y la sociedad civil por igual”
Sin embargo, ninguna de estas dos opciones se llevaron a cabo, lo que provocó que un juez federal ordenará la semana pasada al Senado y al Presidente de la República transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de quienes integrarán la Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La sentencia del juez provino de un amparo interpuesto por el Comité de Participación Ciudadana del SNA después de que éstos criticaran la selección del actual presidente de la República de los 18 magistrados, ya que de acuerdo con ellos las 18 plazas fueron asignadas a personal de carrera del propio TFJA y abogados que han sido funcionarios públicos o son cercanos a los partidos políticos.
Sin embargo, la sentencia del juez aún puede ser impugnada por ambos Poderes, lo que significa que por ahora no tiene que ser acatada ya que la revisión, ya sea por parte de un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia, podría tomar varios meses.
Ante esta situación lo más probable es que el 1 de septiembre que entre en funciones la nueva Legislatura en la que Morena tendrá mayoría absoluta se desechen los nombramientos planteados por Enrique Peña Nieto y López Obrador mande unos nuevos para que sean ratificados por sus aliados.
Algo similar ocurrirá con el nombramiento del próximo Fiscal Electoral, pues Andrés Manuel López Obrador buscará designarlo mediante el mismo método que ocupará con los otros dos fiscales.
El Sistema Nacional Anticorrupción no sólo se encuentra acéfalo, sino que hay otros nombramientos como los 18 magistrados anticorrupción que no se han elegido por la falta de capacidad de los legisladores para llegar a acuerdos en el Congreso
Por ahora hay tres presuntos personajes en la lista del tabasqueño que son dignos a ocupar el cargo. La primera es María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica de López Obrador cuando éste era Jefe de Gobierno.
La segunda es Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente funge como diputada federal de Morena.
La tercera opción corresponde a Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue secretario de Gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal.
De darse así las cosas, difícilmente se podrá hablar de un Fiscal Electoral y Anticorrupción independiente o de un Fiscal General autónomo.
