“Estamos tratando de acercar posiciones. Lo que queremos es tener un fiscal anticorrupción que sirva, que tenga atribuciones, que no dependa al 100 por ciento, como actualmente está en la ley, del Procurador General, sino que tenga condiciones distintas; que se aborden otros aspectos”
El fiscal anticorrupción tendrá que ser una persona con autonomía política, conocimientos técnicos, trayectoria y capacidad en materia penal y administrativa
Los estados de la República tienen hasta el 18 de julio próximo para implementar sus sistemas locales anticorrupción, que deberán ser espejos del sistema federal
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República pospuso nuevamente el nombramiento del fiscal anticorrupción hasta la segunda quincena de abril, una vez que regresen de los días de asueto por la Semana Santa.
A pesar de que el PRI se había comprometido a que ayer se daría a conocer el nombre de la persona elegida por los coordinadores parlamentarios, el PAN logró frenar el nombramiento si antes no se discute la autonomía de la entidad mayor, la Fiscalía General de la República.
En una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano en el que confluyen los coordinadores parlamentarios de las cinco bancadas de la Cámara alta, los senadores decidieron realizar una reflexión junto a sus grupos parlamentarios no solo sobre el nombramiento del fiscal, sino de la Fiscalía General y de la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Fernando Herrera, presidente de la Jucopo, entregó a los senadores una carpeta con los perfiles y las evaluaciones de los aspirantes y expuso la importancia de ser responsables en todo el proceso.
“Estamos discutiendo la ruta completa de todo el Sistema y también el nombre. En eso tenemos matices distintos, hay quienes sugieren que se nombre el fiscal de una vez y hay quienes consideramos que primero debe de dictaminarse la iniciativa que envió el Presidente para eliminar el pase automático de PGR a Fiscalía General.
“Y a la par, entrar al proceso de elección del fiscal anticorrupción con el compromiso de, a través de una serie de foros públicos, perfilar lo que será la nueva ley que dé vida a la Fiscalía General de la República”, dijo el senador por el PAN.
Acción Nacional se ha opuesto a nombrar a un fiscal anticorrupción y continuar con el esquema legal vigente, en que se permitiría que el actual procurador se convierta automáticamente en fiscal general, lo que haría que dependiera directamente del presidente de la República y pudiera no ser independiente de intereses o grupos políticos.
“Estamos tratando de acercar posiciones. Lo que queremos es tener un fiscal anticorrupción que sirva, que tenga atribuciones, que no dependa al 100 por ciento, como actualmente está en la ley, del Procurador General, sino que tenga condiciones distintas; que se aborden otros aspectos”, señaló Herrera.
El senador por el PAN comentó que pretende modificarse el plazo en que el fiscal general deba estar en su cargo ya que originalmente estaría 9 años, pero si trascendiera la administración federal, no podría ser por más allá de uno o dos años.
“Hay que equilibrar el tiempo de duración del fiscal anticorrupción que actualmente en ley terminaría en 2018; hay que darle un término de vida similar al del fiscal general. En fin, son detalles que estamos discutiendo y que esperamos que a la brevedad nos pongamos de acuerdo”, comentó el senador.
Piden fiscalía independiente
Organizaciones, académicos y activistas agrupados en el Observatorio de Designaciones Públicas pidieron que al tiempo que se realiza el nombramiento del fiscal anticorrupción, se discuta la autonomía plena de la Fiscalía General para que no dependa del Ejecutivo.
“De acuerdo con la experiencia comparativa a nivel internacional, sabemos que ésta falta de autonomía puede limitar sustancialmente investigaciones relacionadas con actos de corrupción de altos funcionarios federales, especialmente los adscritos a dicho poder (…).
“La legislación actual permite al Procurador General dar por terminada toda investigación relacionada con hechos de corrupción, aún en contra de la opinión del futuro fiscal anticorrupción”, denunciaron las organizaciones.
En una carta enviada al Senado, firmada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, cinco redes y colectivos –que a su vez agrupan a decenas de organizaciones- y casi 70 académicos, activistas y ciudadanos, se pidió abrir la discusión en el Congreso de la Unión para definir el modelo de Fiscalía General que México necesita.
“La tarea para la creación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción será una de largo aliento. En ese camino es indispensable consolidar la institucionalización a partir de un fortalecimiento sustantivo de los mecanismos para la selección y promoción de su personal, así como la definición del marco jurídico necesario y las garantías presupuestales adecuadas de forma que cuenten con las condiciones para garantizar un Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la legalidad en nuestro país”, llamaron.
Para dar certeza a la población sobre la actuación del fiscal anticorrupción, el Senado debe ser absolutamente transparente sobre los criterios que utilice para su selección, pues tendrá que ser una persona con autonomía política, conocimientos técnicos, trayectoria y capacidad en materia penal y administrativa.
Despacio en los estados
Los estados de Puebla, Nayarit y Chiapas son los únicos que tienen ya la base legal necesaria para desarrollar sus sistemas locales anticorrupción, según una evaluación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ayer, el IMCO presentó la actualización a marzo del Semáforo Anticorrupción en el que monitorea el avance de los estados en su legislación para el sistema local anticorrupción.
En diciembre pasado, el Instituto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana, presentaron una Ley Modelo para la construcción de los Sistemas Locales Anticorrupción para auxiliar a los congresos estatales en la redacción de su legislación.
Mientras apenas el 10 por ciento de los estados ya van avanzados en la construcción de ese andamiaje legal, los demás tienen diferentes grados de atraso que van desde algunos que tienen deficiencias hasta otros que ni siquiera han hecho su reforma constitucional.
Los estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco no han trabajado en su reforma constitucional; las entidades de Jalisco, Morelos y Veracruz ya tienen una reforma constitucional, pero deficiente –inconstitucional-.
Los estados que tienen apenas una iniciativa de reforma constitucional son Baja California (deficiente); Oaxaca y Quintana Roo (regular); así como Guerrero, Hidalgo; Tamaulipas y Tlaxcala (satisfactoria).
Y ya con una reforma constitucional están las entidades de Colima, la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas (regular); y Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán (satisfactoria).
Los estados tienen hasta el 18 de julio próximo para implementar sus sistemas locales anticorrupción, que deberán ser espejos del sistema federal.
