Fiscalía en retraso por presupuesto
El organismo a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero no ha implementado el Plan Estratégico de Transición debido a que no obtuvo los recursos solicitados para 2019; el gobernador Jaime Rodríguez presentó una iniciativa para que el Congreso aumente o disminuya el monto asignado con libertad
Luz RangelLa Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León incumplió con la implementación del Plan Estratégico de Transición (PET), según un acuerdo publicado en el Periódico Oficial y firmado por su propio titular, Gustavo Adolfo Guerrero.
El fiscal sostiene que no ha podido lograrse la transición de una institución de procuración de justicia dependiente del Ejecutivo a un organismo con autonomía constitucional debido a la falta de recursos.
“El acotado presupuesto autorizado para este ejercicio fiscal 2019 ha impedido que se implemente a cabalidad el Plan Estratégico de Transición a que hemos aludido”, sostiene el documento del 10 de mayo.
La guerra presupuestaria comenzó desde diciembre de 2018, cuando el Congreso local otorgó una partida menor a la solicitada y a la que había ejercido la Procuraduría General de Justicia el año anterior
“Se autorizó a la Fiscalía General de Justicia un presupuesto anual de 2 mil 963 millones 700 mil 43 pesos, que es inferior al gasto público que durante el ejercicio fiscal de 2018 se planeó destinar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León equivalente a 3 mil 221 millones 849 mil 963, lo cual contraviene lo establecido en los preceptos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia”, reclama el órgano.
El 6 de diciembre de 2017 el Decreto número 314 del Periódico Oficial del Estado expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El artículo quinto transitorio establece que el fiscal tenía un plazo de 60 días para la presentación del PET y hasta un año para implementarlo.
Pero a la fecha continúa aplicándose el Lineamiento Provisional para la Organización Interna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. El retraso también impacta en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Doble pretexto
El 18 de febrero de 2019 la FGJ interpuso una demanda de controversia de inconstitucionalidad para el ejercicio fiscal 2019. El 20 de febrero el Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió la demanda y concedió la suspensión del plazo para implementar el PET.
“Si bien la suficiencia presupuestal se erige como un impedimento fáctico para la implementación del Plan Estratégico de Transición de esta institución de Procuración de Justicia, la medida cautelar decretada por el Presidente H. Tribunal Superior de Justicia del Estado constituye un impedimento jurídico”, sostiene el órgano.
Es decir, la fiscalía a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero argumenta que está material y jurídicamente impedida para sus funciones de procuración de justicia.
“Durante el poco más de un año de funcionamiento, en esta Fiscalía General de Justicia se ha detectado la necesidad de crear unidades administrativas estratégicas que permitirían una especialización del Ministerio Público y de sus auxiliares en las funciones propias de persecución e investigación de delitos; empero, la insuficiencia presupuestal a la que hemos aludido, ha impedido hasta ahora la creación de las mismas”, insiste
El PET delinea la transición de la procuraduría a la fiscalía, considerando su organización financiera, presupuestal, de recursos humanos y materiales y su funcionamiento respecto a su autonomía técnica, de gestión, investigación y estructura orgánica.
Para ejecutar el PET, la fiscalía dice necesitar siete programas conforme a siete objetivos. Uno de ellos es el traspaso de recursos presupuestales y patrimoniales; esto abarca los bienes muebles e inmuebles que estén asignados al Ministerio Público de Nuevo León, los que el Estado haya destinado para su uso, los recursos que apruebe el Congreso y los que reciba por otros conceptos.
“Lo anterior, concluye en la necesidad de una ampliación al presupuesto de egresos”, sostiene el PET.
“El Bronco” contra FGJ
Cuatro días después del acuerdo publicado en el Periódico Oficial por el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, Jaime Rodríguez Calderón presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y blindar las asignaciones presupuestales.
“La facultad del Congreso del Estado para poder modificar el presupuesto de egresos significa poder realizar alteraciones sobre el monto y estas modificaciones sólo pueden realizarse en aumento o disminución. Por lo tanto, el Congreso tiene facultad expresa para aumentar o disminuir el monto del presupuesto presentado ya sea de los poderes o de los órganos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General”, dice la propuesta.
El Poder Ejecutivo sostiene que debe garantizarse la autonomía de la fiscalía y su suficiencia presupuestal pero esto no limita ni condiciona al Congreso para realizar asignaciones libres.
“No puede llegarse al extremo de una petrificación del presupuesto estatal con la sola posibilidad de ir incrementando su monto año con año. Esta interpretación aparte de contradecir las facultades constitucionales del Órgano Legislativo, resultaría ineficaz ya que implicaría la imposibilidad de adaptación del ejercicio de las finanzas públicas a las circunstancias económicas prevalecientes, a la atención prioritaria de situaciones extremas adversas de fuerza mayor y, además, a los distintos momentos históricos y a las necesidades de los propios poderes y órganos autónomos”, argumenta.
La iniciativa que propone el gobernador de Nuevo León cambiaría el artículo 8 de la Ley Orgánica de la FGJ. Actualmente establece que su presupuesto “no podrá reducirse en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior”. De refrmarse, cambiaría por “se procurará que no se reduzca”.
