La absolución del magistrado

El aparato de justicia de Jalisco fue inusualmente veloz y benigno con el magistrado, Leonel Sandoval Figueroa, quien en menos de seis meses vio cómo se cerraban cinco averiguaciones en su contra, todas absolviéndolo de los delitos electorales que se le imputaban. 

Ese magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Jalisco es el padre del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, y el mismo que recibió la reprobación pública de las fuerzas políticas del 

Partido Movimiento Ciudadano (PMC), PAN e incluso de compañeros suyos del PRI, por su oscura intervención en los comicios de 2015.  

Sandoval Figueroa se vio involucrado en cinco denuncias penales tras la relevación de los audios de abril de 2015, en los que se le atribuía la promoción de delitos electorales para apoyar al candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, alfil impuesto por el gobernador. 

Ahora que el magistrado busca ser ratificado por una década más, se revela que la Fiscalía General mantuvo vivos los casos en su contra solo por unos meses, para luego archivarlos de forma definitiva, allanándole así el camino para continuar en el STJ. 

Las primeras denuncias contra el magistrado, un político con mucha influencia en el PRI y una estructura propia, datan del 16 de abril de 2015, sin embargo para el 5 de octubre de 2015 ya habían sido enviadas al archivo por su correligionario: el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez. 

Este último, exdirigente estatal del PRI, está ya en franca carrera por la candidatura a la gubernatura o la alcaldía tapatía en el 2018. 

Justicia precoz

Suerte para el magistrado que sus averiguaciones se resolvieron de una forma tan expedita, pues en Jalisco, de todas las que se abren –más de 95 mil en 2015- solo se concluye el 10.3 por ciento, según lo indica la Fiscalía en su Programa Sectorial:

“Existe un rezago importante en la integración de averiguaciones previas, resolución de investigaciones, cumplimiento de órdenes de aprehensión (…) búsqueda de personas desaparecidas…”.

Para medir la demora que puede sufrir un ciudadano sin influencias, ahí están las víctimas de desaparición: hay 2 mil 476 casos en Jalisco, de los que 984 persisten sin resolverse desde el sexenio pasado (2007-febrero de 2013); ocho aún de 2006 a 1994, y mil 484 de la actual gestión. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 indica que de todos los delitos con averiguación en 2015, el 71.8 por ciento de sus víctimas dijeron que no vieron ningún resultado en su caso o seguía en trámite, pero el magistrado no está entre ellos. 

A él se le involucraba en cinco casos por delitos como asociación delictuosa y el desvío de recursos públicos para apoyar al PRI, y todas concluyeron a su favor antes del sexto mes. 

En el dictamen que elaboró el STJ para pedir al Congreso que ratifique por una década más al magistrado, se aborda el estatus de las denuncias en su contra por los comicios de 2015. 

El STJ se dice al tanto de la “averiguación 08/2015 que contiene la resolución del 5 de octubre de 2015 pronunciada por el fiscal, a la que se acumularon las diversas indagatorias 09/2015, 16/2015, 20/2015 y 33/2015”.  

El fiscal absolvió al padre del gobernador, y lo deslindó de los audios, pues dice:

“Se detectaron múltiples ediciones/alteraciones a lo largo de la reproducción de los archivos multimedia analizados, correspondiendo a cortes con silencio, cambios de contexto, inserción de voz e inserción de efectos de tonos de transición, determinándose que ambos archivos no son auténticos y se encuentran editados. 

“Se realizó la búsqueda en la base de datos de muestras de voz controladas y dubitadas de este Instituto (Jalisciense de Ciencias Forenses), no lográndose ningún (resultado) para las voces de los interlocutores que se escuchan en los audios”, por lo que resolvió que no se acreditaba la probable responsabilidad de los denunciados. 

Fama pública 

La ratificación del magistrado ya fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso el 14 de septiembre, pero aún falta el pleno. 

Los diputados del PRI, PRD y PVEM votaron a favor del magistrado, pese a haber enfrentado cinco investigaciones penales, cuatro denuncias de juicio político, y un vendaval de críticas que lo obligó en 2015 a retirarse temporalmente a petición de su hijo el gobernador. 

Y no obstante, en su dictamen afirman en el considerando V que evaluaron, junto al desempeño, “la buena reputación y la buena fama”, pues así lo fija la jurisprudencia P./J. 103/2000 sobre estas ratificaciones:

“Los requisitos exigidos para la designación como son la buena reputación y la buena fama tienen plena vigencia para el acto de ratificación”, sostienen en el dictamen.  

El daño profundo en la imagen del magistrado no impidió que le dieran su voto Saúl Galindo y Mónica Almeida, de PRD; Enrique Aubry y Omar Hernández, de PVEM, y Hugo Contreras de PRI. El panista Miguel Monraz se abstuvo. 

Una de las indicaciones a los priistas que le atribuyeron al magistrado en esos audios, es: “Ayer en una asamblea alcancé a ver que no les hablaron de movilización porque, bueno, es una acción ilegal, ilícita el día de la elección, pero eso nosotros no lo vamos a andar diciendo”.

Millones en juego

La decisión por ratificar o no al magistrado vale más de 25.6 millones de pesos, eso es lo que significarían sus sueldos por los 10 años que se le asegurarían.

Además de la influencia política que implica un sitio en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Jalisco.

De los 39 diputados del Congreso, 

Su ratificación requiere de 26 votos. En el Congreso local hay 39 diputados, y los 14 del PMC han dicho que votarán en contra, y se espera lo mismo del independiente Pedro Kumamoto. 

Así que su ratificación por votación parece improbable. 

No obstante, el magistrado ha presentado un amparo por el que busca una “ratificación tácita”, aludiendo que el Congreso debió resolver su proceso desde diciembre de 2015.