Fiscalización complicada

La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco tiene una tarea difícil luego del periodo electoral pasado. 

Y es que a decir de su propio director de área, Héctor Javier Díaz Sánchez, hay varios elementos en las elecciones locales del año pasado que no se habían visto en otros periodos. 

Ahora el fenómeno de las redes sociales e Internet tuvieron un papel preponderante.  

Ángel Plascencia Ángel Plascencia Publicado el
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"Toda la información que el IFE nos mande –y nos mandó- será verificada con lo que tenemos en informes"
Héctor DíazDirector de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
"(En) 2012 encontramos que la inventiva, la creatividad de los que diseñaron las campañas, sí dio para que haya una volatilidad tal que incluso la actividad fiscalizadora fue complicada"

La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco tiene una tarea difícil luego del periodo electoral pasado. 

Y es que a decir de su propio director de área, Héctor Javier Díaz Sánchez, hay varios elementos en las elecciones locales del año pasado que no se habían visto en otros periodos. 

Ahora el fenómeno de las redes sociales e Internet tuvieron un papel preponderante.  

Pero sobretodo, el uso de recursos de propaganda que antes no existían, así como la “volatilidad” de lo contratado en publicidad, dificultan aún más el trabajo del área encargada de fiscalizar los recursos de las elecciones pasadas. 

“La propaganda electoral fue ahora más dinámica, los espectaculares se movieron cada semana, las versiones de éstos eran movidas continuamente; se utilizaron más medios alternos para realizar campañas electorales -incluso el Internet- y eso es resultado de las nuevas tecnologías. 

“(En) 2012 encontramos este fenómeno que la inventiva, la creatividad de los que diseñaron las campañas, sí dio para que haya una volatilidad tal que incluso la actividad fiscalizadora fue complicada”, indicó Díaz Sánchez.

A finales de febrero se entregará un informe sobre la revisión de los gastos de los partidos políticos en las campañas. 

Y es que a pesar de que la fecha oficial de entrega por los plazos que fija la ley debería ser el 29 de mayo del año en curso, Díaz Sánchez señaló que la unidad que preside busca dar certeza, por eso se entregará este informe preliminar. 

La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos acaba de obtener la certificación ISO 9001:2008, con lo que el IEPC de Jalisco es de los pocos institutos electorales que cuentan con dicha acreditación en el país. 

Por eso aunque se ha continuado aportando nueva información al proceso, el director del área confía en que el trabajo será satisfactorio. 

Para Héctor Díaz las alternativas que usaron los encargados de las campañas, les incrementó el trabajo, por enfrentarse ante transacciones inéditas en procesos anteriores. 

 “Contratos variados: hubo contratos que no solo publicitaron espectaculares sino una gama de medios alternos como parabuses, como pendones, como espectaculares, como camiones, como pantallas electrónicas, (todo) por un solo proveedor que prestaba ese servicio a los partidos dentro de márgenes legales. 

“Anteriormente los  monitoreos se recibían y el procedimiento era muy sencillo porque todo cuadraba, teníamos cuatro meses y a lo mejor había 100 espectaculares que se habían movido solo una vez o dos, ahora esas cifras cambiaron 4 o 5 veces hacía la alza”. 

Respecto a los 6 millones de pesos de los monederos Monex que reportó el IFE que fueron usados en Jalisco para el pago de operadores electorales, Díaz Sánchez señaló que es información que sí será considerada en la fiscalización de los pasados procesos. 

“Sí, toda la información que el IFE nos mande –y nos mandó- será verificada con lo que tenemos en informes, y es similar a las quejas: las recibimos y verificamos que esté reportada”. 

Con lupa  

La revisión que hace el IEPC a los gastos de los partidos políticos durante los periodos electorales, esta primordialmente basada en los informes oficiales que los institutos deben entregar. 

De ahí se desprende el informe financiero que presentan los partidos políticos ante la auditoría respecto a los gastos de sus candidatos. 

También se encuentra la pre-auditoría que los propios partidos hacen de sus cuentas. 

Pero además hay otros mecanismos a los que por ley se obliga a los partidos, que permiten una mejor fiscalización. 

Así, la bancarización de actividades de partidos permite conocer las transacciones que se hicieron, pues todo debe ser depositado en cuentas bancarias. 

También la determinación de los límites de las aportaciones de particulares al partido, el respaldo de la información con documentación como cheques, facturas, etc. 

Y por otro lado, el monitoreo de medios que realiza el IEPC sirve para cotejar lo que se conoce que se compró y lo que en realidad apareció en las calles o en los medios. 

Díaz Sánchez explica que las empresas que realizaron transacciones por los partidos son requeridas para que rindan informes sobre lo que les compraron. 

Y adicional existe el mecanismo de quejas, que permite al IEPC llegar donde –por limitaciones técnicas- no puede: 

 “Hemos recibido varias de las quejas, dentro de las cuales hemos detectado información no reportada. 

“Cuando hay un indicio nosotros hemos requerido a empresas, a particulares, con los que w se hayan realizado estas operaciones y nos han confirmado actividades que se han realizado pero que no se desprendían de los informes financieros”. 

Por último respecto a la evidencia recientemente ventilada por regidores de oposición respecto al uso de recursos públicos del Ayuntamiento de Guadalajara en la campaña a gobernador de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Díaz Sánchez indicó que no se ha presentado queja: 

 “No ha habido nadie que haya venido a denunciarlo a la unidad o al instituto pero además que haya acompañado con indicio o prueba que merezca su estudio. 

“Sí podemos proceder de oficio cuando existan indicios, no solo de ese tema, de cualquier otro, cuando existen indicios de desvío de recursos, pero sobretodo de omisiones”, concluyó Díaz. 

Del ayuntamiento a las campañas

Por Esteban Contreras

El 8 de febrero se rechazó en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara una iniciativa de acuerdo para solicitar al actual alcalde que obligue a la Secretaría de la Contraloría a realizar una investigación sobre el desvío de recursos a favor de la campaña del gobernador electo.

La iniciativa presentada por Salvador Caro Cabrera como regidor integrante de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano, fue rechazada por mayoría de votos de los regidores priistas.

En su postura de oposición los regidores del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano presentarán denuncias ante las autoridades correspondientes para que se auditen los recursos que salieron del municipio para la campaña de Aristóteles Sandoval.

Los representantes de la oposición señalan que si es necesario, recurrirán a tribunales para insistir que esa información y otra sobre las finanzas del municipio se den a conocer.

Según Caro Cabrera la información se les ha negado por las complicidades que existen entre los funcionarios de la administración saliente y los cercanos al gobernador electo, como el caso de Francisco Ayón, quien “tapó” el desvió de recursos hacia la campaña por el gobierno de Jalisco.

Y es que en el proceso de entrega recepción Caro Cabrera señala que se les ha negado la consulta de cerca de 18 mil contra recibos en los que se evidencia el desvío de recursos del ayuntamiento tapatío. 

Esto se suma a la ola de contrataciones de personal supernumerario que se dio entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.

Los regidores del PAN Alberto Cárdenas y Maribel Alfeirán han señalado que existe opacidad en las cifras financieras del Ayuntamiento y que después de las campañas electorales el municipio estaría endeudado por casi 4 mil millones de pesos.

La deuda oficial de Guadalajara es de 2,671 millones dice el regidor panista Alberto Cárdenas Jiménez, pero él cree que se deben agregar alrededor de mil 300 millones de pesos por deudas que no son reportadas. 

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