Flotilla del crimen, aseguramientos de fuerzas federales

Las últimas tres administraciones federales que han estado marcadas por la violencia de la delincuencia organizada han arrojado casi 900 aseguramientos de aeronaves por parte de las fuerzas federales de seguridad, ya sea por su involucramiento en ilícitos como narcotráfico y contrabando de mercancías, o por presentar anomalías como documentación apócrifa.

Estos números que consideran el periodo de 2007 a 2020, suman las labores de tres instituciones del Gobierno de México: la Policía Federal –hoy extinta- y la Guardia Nacional, por un lado, con 196 aeronaves aseguradas en este lapso; y el Ejército mexicano, por el otro, que ha procedido en contra de al menos 697 aeronaves.

Los registros que proporciona la Unidad de Transparencia de la Guardia Nacional –institución que absorbió la estructura de la Policía Federal–, tienen la peculiaridad de informar el motivo por el cual fueron aseguradas las aeronaves, un dato que no está presente en las bases brindadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De esta forma, entre los datos que reporta la Guardia Nacional sobre este periodo sobresale el aseguramiento de 10 aeronaves por su involucramiento en delitos contra la salud; otras 14 por contrabando, evasión fiscal y violación a los protocolos de la Ley Aduanera; siete más por robo de combustible; cinco por robo de vehículo; ocho que se encontraban abandonadas; entre otras causas, como la presencia de armas (dos), o de dinero del cual no se acreditó la legal posesión (tres).

En su gran mayoría, sin embargo, los aseguramientos de estas aeronaves ocurrieron por la detección de irregularidades en su documentación y de otra índole, así sucedió con 109, considerando anomalías como éstas: carecer de matrícula o tener una clonada; documentación apócrifa; matrícula adherida; serie alterada; infracción de protocolos de aviación civil; vigencia expirada del certificado de aeronavegabilidad, entre otras.

Aviones intrusos

El Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) de la Sedena se ha vuelto una herramienta central para las labores de aseguramiento de aeronaves que lleva a cabo esa dependencia, particularmente durante la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 13 de diciembre de 2020, por ejemplo, la Sedena informó que dicho sistema de vigilancia le había permitido el aseguramiento de más de 80 aeronaves en lo que va del sexenio: “Durante la presente administración, el Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena ha logrado asegurar, entre otras cosas, lo siguiente: 81 aeronaves ilícitas y más de 11 toneladas de cocaína”.

Justo un día antes, ese sistema de la Sedena se había activado, luego de que se detectara una aeronave que buscaba arribar clandestinamente al país: “El 12 de diciembre del presente año, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, integrantes del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena, detectaron una aeronave procedente de Sudamérica que pretendía ingresar a territorio nacional de manera ilícita”.

Al confirmar que la avioneta se dirigía al espacio aéreo nacional, la Sedena puso en marcha sus “unidades de intercepción aérea, plataformas de vigilancia y las fuerzas de reacción terrestres y aerotransportadas en la frontera sur, mismas que fueron desplegadas para cubrir las probables áreas de aterrizaje y evitar que se diera a la fuga”.

Las autoridades determinaron que la avioneta aterrizaría en Ciudad del Carmen, Campeche, por lo que fue ahí donde los militares concretaron estos aseguramientos: “Una aeronave tipo Cessna con matrícula aparentemente falsa. 380 paquetes que contenían una sustancia con características propias de la cocaína con un peso aproximado de 350 kilogramos. Cuatro armas largas y cartuchos útiles pendientes de contabilizar”.

El Ejército señala que las cinco entidades del país donde ha asegurado el mayor número de aeronaves en este lapso 2007- 2020 son: Sinaloa, con 379; Sonora, con 176; Baja California, con 82; Chiapas, con 13; y Campeche, con nueve (folio de transparencia 0000700140820); mientras que los registros de la Guardia Nacional ubica la mayor incidencia en los estados de México, con 76; Sonora, con 29; Chiapas, con 17; Sinaloa, con 11; y Baja California, con 10 (folio 2800100039320).

Golpes económicos con aseguramientos

Estos aseguramientos de aeronaves pueden llegar a significar descalabros económicos significativos para la delincuencia organizada: por ejemplo, el 27 de octubre de 2020 el Ejército reportó una nueva interceptación a través del SIVA, que originó la confiscación de un cargamento de droga valuado en 392 millones 812 mil 500 pesos.

En aquella ocasión se trató de otro vuelo sospechoso procedente de Sudamérica y “se pudo establecer que la aeronave ilícita inició su descenso en el estado de Quintana Roo, por lo que tropas jurisdiccionadas a la 34/a. Zona Militar, activaron la ocupación de pistas y áreas de probable aterrizaje, lo que motivó que la aeronave realizara su descenso en el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Q. Roo”.

Ya en dicho aeropuerto, las autoridades detuvieron a: “Un civil con pasaporte extranjero, quien manifestó ser el piloto de la aeronave, quien cuenta con antecedentes delictivos”; y fue asegurado “un avión Hawker Mat. XB-RCF, con No. de serie 258051 (estatus vigente). 54 paquetes conteniendo una sustancia con características propias de la cocaína, con un peso aproximado de una tonelada y media”.

Además de los cargamentos confiscados de cocaína, los aviones que han sido asegurados por la Sedena mediante el SIVA transportaban al menos 298 mil 775 pastillas de fentanilo, el opioide sintético cuyo consumo ha generado todo un problema de salud pública en Estados Unidos.

En el caso de la Guardia Nacional, sus Direcciones Generales de Inteligencia, Investigación y Seguridad en Carreteras e Instalaciones dijeron no contar con información sobre tres aspectos: el nombre del aeropuerto o aeródromo donde se aseguraron las aeronaves; el tipo y modelo de éstas; y si pertenecían a algún grupo delictivo y, de ser así, a cuál en específico, según el recurso de revisión RRA 09315/20.

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