La muy pobre derrama que ha tenido hasta ahora el llamado fondo minero entre los municipios de Jalisco que padecen los efectos de las actividades extractivas, tiene que ser corregida por parte de las autoridades federales y estatales, urgen voces especializadas.
Esta bolsa creada en 2014 con el nombre de Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, concebida para paliar el impacto socio-ambiental que deja la industria minera en las comunidades del país, ha sido prácticamente inexistente para Jalisco, a pesar de ser uno de los mayores productores mineros de México.
Como lo dio a conocer antes Reporte Indigo, en el periodo 2014- 2018 el fondo llevaba transferidos a los municipios de Jalisco apenas 31 millones 429 mil 078 pesos, a pesar de que solo en 2017 la producción minera total del estado se valuó en 48 mil 848.9 millones de pesos, la tercera más grande de México, según el “Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2017, edición 2018”, del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Jorge Antonio Mejía Rodríguez, doctor en Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG), afirma que la bolsa de recursos muestra deficiencias en su implementación.
“Aún vemos efectivamente que es necesario realizar por ahí ajustes, que es necesario realizar algunas observaciones para su mejor funcionamiento porque es muy visible que entidades como la nuestra, como Jalisco, han obtenido valores de extracción significativos sobre todo en los últimos años, pero no se corresponden con los montos de inversión que aterrizan en los municipios específicos donde se realizan dichas actividades”.
Solo en 2017 la producción minera total del estado se valuó en 48 mil 848.9 millones de pesos, la tercera más grande de México, según el “Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2017, edición 2018”
El fondo minero se compone de los derechos o contribuciones que pagan las empresas mineras para operar en el territorio nacional, sin embargo, a pesar de que su distribución entre las comunidades debe regirse bajo un principio de proporcionalidad –según el valor de su producción-, en los hechos hay indicios de que su asignación es discrecional, así lo asevera Fundar en su reciente Anuario 2018 “Las actividades extractivas en México”.
“Si bien es cierto que desde las administraciones pasadas se han buscado los mecanismos necesarios para ‘distribuir’ o ‘repartir’ la riqueza que generan las industrias extractivas entre los municipios y estados productores, la realidad es que muy pocas de estas comunidades han visto un verdadero beneficio”.
Advierte que esto se constata en los análisis del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, donde se observó que el gobierno sigue repartiendo de forma discrecional los recursos obtenidos por las actividades extractivas que le corresponden a las distintas poblaciones productoras y que, además, éstas no siempre reciben las cantidades que deberían asignárseles conforme a las reglas de operación de cada Fondo.
Según la Ley Federal de Derechos, en su Artículo 275, la repartición del fondo “se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda”.
Fondo minero ralentizado
El especialista Jorge Antonio Mejía Rodríguez explica que corresponde a las autoridades estatales esclarecer si los recursos que han sido transferidos a Jalisco del Fondo Minero son los correctos o si se están quedando por debajo de lo previsto, particularmente ahora que las finanzas públicas nacionales no atraviesan por un buen momento.
“Ante la carencia de recursos presupuestales federales pues (…) lo más obvio es hacer expedito la asignación de dichos recursos y aquí parecería que el responsable correspondiente del Gobierno del Estado no está haciendo bien su función (…). Hay que exigirle cuentas para que dichos recursos aterricen a las comunidades correspondientes a la mayor brevedad posible”.
El académico de la UdeG considera que “raya en lo absurdo que siendo esta la única vía de financiamiento para realizar proyectos de bienestar en dichas localidades, se ralenticen o simplemente estén siendo omisos quienes deben agilizar dicha operativización de dicho fondo”.
Durante el periodo 2014-2018, reportado en el informe de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y obtenido con el recurso de revisión RRA 5717-18, el fondo minero les transfirió a las comunidades mineras de todo el país un monto de 5 mil 083 millones de pesos (mdp).
Jalisco aparece hasta el lugar número 15 entre los estados receptores de estos recursos, mientras que los tres primeros son: Sonora, con mil 721.3 mdp; seguido de Zacatecas, con mil 231.3 mdp; y Chihuahua, en tercero, con 480.5 mdp.
Fondo incierto
Actualmente existe incertidumbre sobre la manera en que seguirá operando el fondo minero, luego de los cambios que está implementando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los cuales incluyen un nuevo nombre: Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras.
Aunque está pendiente la publicación de las nuevas reglas de operación del fondo, al parecer se entregarán de forma directa a los beneficiarios.
Anteriormente, los proyectos a financiar debían aprobarse en comités estatales con representación del estado, la federación, los municipios, las comunidades indígenas y agrarias, y las mineras.
El pasado 2 de septiembre, el presidente López Obrador reconoció que los cambios a la bolsa habían generado impugnaciones judiciales aún sin resolución.
“Miren, hay un fondo que se destina a los municipios en donde hay explotación minera (…), hay la mala experiencia que se transfería el dinero, se entregaba el dinero a los estados, los estados lo entregaban a los municipios y no se invertía en apoyar a las comunidades mineras (…) Lo que queremos es que les lleguen de manera directa (a los beneficiarios), que no haya intermediarios en el manejo de estos fondos. Así estamos actuando en todo”, señaló.
