Dentro del presupuesto nacional, uno de los rubros más opacos en la pasada administración fue el del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), donde había miles de millones de pesos entregados a los estados con total discrecionalidad.
La falta de reglas para entregar ese dinero hizo que el monto del Fortafin aumentara en un mil 600 por ciento, entre lo presupuestado y lo que realmente se gastaba.
Para el 2017 se tenía un gasto proyectado de 3 mil 243 millones de pesos; al final del año, lo que realmente se ejerció fueron 55 mil 116 millones de pesos.
La asignación de ese dinero a los estados se realizó sin reglas de por medio para su operación.
No solo eso. De cada peso que la Federación envió a los estados mediante ese fondo, 63 centavos fueron utilizados para gasto corriente —pago de salarios y otros gastos de los propios gobiernos locales— y solo 37 centavos fueron invertidos en obra pública, su principal fin.
La falta de comprobación del gasto, obras de mala calidad, además de la utilización para gasto corriente en los gobiernos locales, fueron las principales observaciones de la Auditoría al gasto del Fortafin
En su Informe de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que existen inconsistencias en 7 mil 422 millones de pesos en la aplicación de esos recursos.
Se detectó que los estados de Michoacán, Tlaxcala, Coahuila y Puebla son los que más montos observados tuvieron en el manejo de los recursos del Fortafin.
Sin embargo, la entidad que más recibió dinero fue el Estado de México, con 8 mil 509 millones de pesos, de los que solo el 12.9 por ciento tuvo observaciones.
Asignaciones a discreción
El Fondo para el Fortalecimiento Financiero nació en el año 2015, como una forma del gobierno federal de enviar dinero a los estados y municipios del país.
El problema no fue que se enviara dinero a los gobiernos locales, sino que este se asignaba sin regla alguna, lo que podía prestarse a malos manejos del erario
El Fortafin fue el sucesor de otro fondo que se creó en el 2014, llamado Programa de Contingencias Económicas, con el que el gobierno federal enviaba dinero a los gobiernos locales y así “apoyar la inversión en infraestructura y su equipamiento para promover el desarrollo regional”.
Lo cierto es que no hubo ninguna regla para otorgar esos recursos, que eran manejados directamente por la Secretaría de Hacienda, dentro del Ramo 23.
Este Ramo se compone de una serie de programas y fondos que han sido señalados por expertos como un mecanismo de control político y para favorecer a ciertos estados.
“A través de algunos fondos de este ramo se transfieren recursos a gobiernos locales, los cuales presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a dichas administraciones; es decir, para el control político”, señaló la organización México Evalúa en su análisis La Arquitectura del Ramo 23
Desde su creación, en el año 2015, el Fortafin puso a disposición de los estados recursos multimillonarios. Ese año fueron de 70 mil 100 millones; en el 2016, 62 mil 258 millones; y en 2017, 55 mil 116 millones. En todos los años se gastó más de lo que se presupuestó inicialmente.
“Este crecimiento en el presupuesto se debe, en gran medida, a que los recursos del citado Ramo son asignados por criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin reglas de operación, diseño ni normativa; la Secretaría decide a quién otorgar recursos, los motivos, el monto y la temporalidad”, expone la ASF.
Algunos estados tuvieron observaciones por miles de millones de pesos, por concepto de la falta de comprobación del gasto, por obras de mala calidad o por otros motivos.
Cortar con irregularidades
De las entidades auditadas por la ASF, Michoacán es la que tiene la mayor cantidad de recursos observados en el ejercicio del 2017.
Michoacán recibió de la Federación un total de 3 mil 771 millones de pesos por medio del Fortafin; de ellos, hubo irregularidades en el 66 por ciento de ese dinero, lo que provocó un daño a la Hacienda pública por 2 mil 510 millones de pesos.
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Entre las irregularidades encontradas en esa entidad se encuentran que se depositó dinero en cuentas bancarias que no correspondían a las que debían usarse; que no se entregó documentación comprobatoria de los gastos; o que se pagaron obras que no se concluyeron.
Para evitar el mal manejo de los recursos públicos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer los programas y fondos discrecionales del Ramo 23, lo que provocó protestas de gobernadores y presidentes municipales.
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Al igual que como ha ocurrido en otros temas, el primer mandatario decidió cortar de tajo con el problema y borrar del Presupuesto de Egresos de la Federación estos fondos.
Ahora, los estados y municipios dependerán enteramente del dinero público que reciban vía participaciones o entradas propias, como el cobro de impuestos, para mantener a flote sus finanzas.
Además, el presidente López Obrador ha afirmado que la suma de dichos recursos más los apoyos que entregará a algunos sectores de la sociedad —como a los adultos mayores, a los jóvenes aprendices o a los estudiantes— y los programas específicos de obras de pavimentación y otras, activarán la economía de los gobiernos locales, sin necesidad de activar nuevamente el Ramo 23.
