Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) han padecido del desinterés de las autoridades y órganos capitalinos.
Una revisión realizada a las recomendaciones emitidas de 2017 a 2020 por el órgano defensor de los derechos humanos a nivel local indica que tan solo el 60 por ciento han sido aceptadas por las diversas entidades del Gobierno capitalino.
Las recomendaciones de la comisión son los resultados a las quejas interpuestas por los ciudadanos por la violación a sus derechos y marcan la ruta para que se les repare el daño
Especialistas y legisladores aseguran que las omisiones en acatar los llamados de la CDHCDMX se deben a que el órgano carece de las facultades para garantizar que se cumplan y porque no hay un reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Ante esta situación se han tomado medidas legislativas como una reforma para garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes de la ciudad.
El número de omisiones
De 2018 a 2020, la CDHCDMX ha emitido 105 recomendaciones, según la información disponible en el artículo 132 del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del órgano autónomo, de las cuales solo 63 (el 60 por ciento) fueron aceptadas y se encuentran en seguimiento de cumplimiento.
Es decir, las entidades las han acatado y han iniciado el proceso correspondiente para resarcir las violaciones a los derechos humanos cometidas.
Sin embargo, 42 no han sido aceptadas o fueron aceptadas parcialmente, lo que significa que las instituciones públicas no acataron al 100 por ciento el llamado de la comisión.
En el 2017 se emitieron siete recomendaciones, de las que solo seis fueron aceptadas; en 2018 se dictaron 23 y solo siete fueron aceptadas; en 2019 se hicieron 67 llamados y 43 fueron acatados; y en 2020 se emitieron ocho y las entidades públicas reconocieron únicamente siete.
La reforma
Ante la situación del no acatamiento de las recomendaciones, el pasado 11 de febrero de 2020 se aprobó un dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, propuesta por el legislador Ricardo Fuentes, que busca resolver la problemática.
Según el dictamen, los servidores públicos que cometan una omisión deberán explicar el motivo para no acatar el llamado del órgano autónomo.
En caso de no explicar o fundamentar la negativa durante los 10 días posteriores a la notificación, la reforma estipula que se citará a comparecer otra vez al funcionario o representante de la instancia.
En caso de que persista la negativa y otra vez no se fundamente el incumplimiento a la recomendación, en automático, se dará por entendido que la entidad o funcionario correspondiente aceptó el llamado, lo que lo obliga a cumplirlo.
Previo a la reforma, la ley estipulaba que cuando la recomendación no fuera acatada y no se fundamentara la razón, se daba por rechazada y la violación a los derechos humanos quedaba impune.
El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que dictaminó la reforma, Temístocles Villanueva, explica que lo descrito anteriormente es una “afirmativa ficta”, es decir, una figura jurídica que favorece al ciudadano y al cumplimiento de sus derechos.
Pues aunque la entidad no acate el llamado de la comisión por voluntad propia ni explique la negativa, se le obliga a cumplirla al darla por aceptada.
De esta manera, dice en entrevista Villanueva, se avanza en el reconocimiento de los derechos humanos de los capitalinos que, durante administraciones anteriores, no eran reconocidos.
“Anteriormente existía una falta de reconocimiento de los derechos humanos por parte de las autoridades que se traducía en el rechazo o no cumplimiento de las recomendaciones”, dice el legislador.
El diputado refiere que a pesar de que con la entrada de la nueva administración en 2018 al Gobierno de la Ciudad de México, aumentó el índice de aceptación de las recomendaciones, la reforma aprobada es necesaria para garantizar los derechos humanos de los habitantes de la capital.
Avance importante en Derechos Humanos
La reforma hecha al artículo 72 de la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México —que estipula la “afirmativa ficta” ante la negativa de las instituciones de acatar las recomendaciones— es un avance importante, dice el especialista en derecho y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martín Manjarrez Betancourt.
Afirma que la reforma no quita al ombudsperson su carácter conciliador, porque no se le dota de facultades sancionadoras y eso es algo que se debe destacar, sin embargo, sí aumenta la responsabilidad los servidores públicos que no aceptan las recomendaciones.
“Se tomó como una figura independiente para proteger los derechos humanos al ombudsperson, sin ninguna coacción, apostando a la civilidad por parte de las autoridades y no le podían poner dientes, porque perderíamos esta figura histórica, entonces, esta modificación a la ley conserva esa esencia y avanza en la defensa de los derechos”, señala el especialista.
Desde ahora, gracias a la reforma a la ley, los funcionarios dudarán en no cumplir lo que estipule la comisión. “Es un avance entre lo que se desea y lo que se puede esta afirmativa ficta, pero sin duda, los funcionarios ya lo pensarán dos veces antes de no aceptar las recomendaciones”, señala.
