La indefinición de los diputados de Jalisco sobre la designación del fiscal anticorrupción del Estado, uno de los pilares del futuro Sistema Estatal Anticorrupción, está generando zozobra y preocupación en distintas instituciones de la sociedad civil.
De acuerdo a los tiempos fijados, los legisladores deberían haber aprobado a todos los perfiles ante la necesidad de que arranque el SEA en enero de 2018. Aunque se prevé que podría iniciar este mecanismo sin la toma de protesta del zar anticorrupción. Luego de que el 14 de diciembre pasado el Congreso local no se definiera por los principales perfiles, entre Verónica Batres Jiménez y Gerardo Ignacio de la Cruz.
Verónica Batres es la carta por la que apuesta el PRI para fiscal anticorrupción, en tanto que Gerardo Ignacio de la Cruz tiene los votos de Movimiento Ciudadano
A esto se suman las impugnaciones, pues según medios locales existe una interpuesta por Gabriel Valencia López, aspirante excluido por el gobernador de las dos ternas; el Quinto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Tercer Circuito, concedió una suspensión provisional, con lo cual se frenaría el proceso.
Batres Jiménez es la carta por la que apuesta el PRI, en tanto que de la Cruz Tovar tiene los votos de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. El aplazamiento para nombrar al nuevo zar anticorrupción fue a propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el panista Miguel Ángel Monraz.
Esto ha provocado que algunos análisis locales señalen al PAN como el que tiene en sus manos con quién realizará la alianza, aunque ya se dan algunos vistos de acuerdos con el PRI de cara a un proceso electoral en donde optaron por no ceder su coto de poder a MC.
Genera suspicacias
Augusto Chacón Benavides, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, lamentó que la designación del fiscal haya quedado en una politización de un proceso que pintaba bien, con la revisión técnica de un comité.
“Lo ideal hubiera sido continuar, tomar las evaluaciones que hizo el Comité y en función de eso decidir, sin embargo no pudimos evitar completamente que se mezclaran las consideraciones políticas, de ahí que no se nombrara a uno de los magistrados y eso trajo como secuela que no pudiéramos tener fiscal”.
Por su parte Cecilia Díaz Romo, integrante de la plataforma de asociaciones civiles ¡Tómala!, manifestó suspicacias respecto a un aplazamiento de 10 días en los cuales se podría elegir a un fiscal que no vaya acorde a lo esperado en todo el proceso.
“El mandarlo a 10 días (el nombramiento), que será entre el 24, 25 de diciembre, pues sospechamos que es pensando que en esas fechas no va a haber mucha gente que esté al tanto y de alguna manera acordar algo que nos parecería que no va de acuerdo”
A esto se suma el reciente Estudio Cualitativo sobre Corrupción, de Jalisco Cómo Vamos, señala que uno de los esquemas o redes de la corrupción se da también a partir de la inversión del sector privado en las campañas electorales.
Dejarlo a la suerte
El futuro de la Fiscalía Anticorrupción está en medio de dos riesgos reales: que los poderes de Jalisco pacten para tener un fiscal a modo, o que, ante la falta de consenso, se deje ese cargo a la suerte, como advirtieron recientemente las principales universidades en el estado:
“Consideramos que llegar al supuesto que marca la convocatoria según el cual se nombraría a ese importante cargo mediante insaculación de las dos ternas que no alcanzaron la votación requerida, pondría en grave riesgo los resultados logrados, ya que la suerte podría favorecer a algún candidato que no participó de los criterios de evaluación, como sí lo hizo el resto.
“En este sentido, exhortamos a las y los diputados a llegar al consenso necesario para lograr el nombramiento del fiscal en la tercera ronda de votación y evitar una designación mediante insaculación”.
Ese comunicado fue suscrito el 18 de diciembre por José Morales, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Mario Flores, vicepresidente de la Región Occidente del Tecnológico de Monterrey; Tonatiuh Bravo, rector de UdeG, Francisco Ramírez, rector de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana (UP).
Cuando los universitarios señalan que la insaculación podría favorecer a un candidato que no cumplió con todos los criterios de evaluación, se refieren a Adrián Talamantes Lobato, quien fue incluido en la primera terna enviada por el gobernador, pese a haber omitido elementos como su declaración de conflicto de interés.
“Exhortamos a las y los diputados a llegar al consenso necesario para lograr el nombramiento del fiscal en la tercera ronda de votación y evitar una designación mediante insaculación”
Nada de ‘fiscal carnal’
La primera terna del gobernador para el cargo de fiscal anticorrupción fue muy cuestionada.
Estuvo integrada por Adrián Talamantes Lobato, que se vinculó al MC y a Enrique Alfaro Ramírez; por Lilia Iris Morán Ferrer, funcionaria estatal, por lo que se ligó al mismo Aristóteles Sandoval Díaz; y por Rogelio Barba Álvarez, funcionario de UdeG, que se relacionó con la esfera de Raúl Padilla López.
Un Tribunal Colegiado en materia de Trabajo concedió una suspensión provisional en respuesta a una impugnación, con lo que se frenó el proceso
La segunda terna la componen Verónica Batres Jiménez, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, y Miguel Ángel Silva Cuevas.
El Consejo de Rectores de UdeG también se pronunció ante el limbo en el que se halla la designación.
“Jalisco se encuentra hoy ante el grave riesgo de designar un fiscal a modo del poder. Uno basado en la complicidad y la subordinación. Nuestro Estado tiene la oportunidad de hacer la diferencia respecto a los graves vicios que obstaculizaron, en el ámbito federal, esta figura, precisamente debido al intento por designar un ‘fiscal carnal’”.
