Desde el lunes Noé Gerardo Chávez Montemayor, nuevo director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), inició una cacería contra las aplicaciones de transporte como Uber, Didi o Cabify, las cuales acusó de ilegales. Pero su argumento sobre la legalidad puede ser utilizado en su contra.
Acompañado por elementos de Fuerza Civil, el personal AET comenzó a detener arbitrariamente a los vehículos privados porque para él no pueden operar sin una concesión del gobierno.
La mañana del miércoles, los socios conductores de estas plataformas se manifestaron en el Congreso local y solicitaron el apoyo de los legisladores para detener los operativos promovidos desde la administración de Jaime Rodríguez.
Los diputados panistas, Claudia Caballero y Jesús Nava, anunciaron que presentarán un exhorto para que el gobierno cese los operativos mientras el Congreso termina de legislar la Ley de Movilidad, la cual contempla regular las plataformas digitales. Algunos legisladores locales del PAN también se reunieron en la AET con su titular, Noé Chávez.
El dirigente del PAN de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, calificó de terrorismo las acciones de la AET.
“Reprobamos los actos autoritarios que rayan en el terrorismo de estado en contra de quienes practican una actividad lícita para sustento de sus familias, cuando en el estado operan otros medios de transporte que en franco desacato a ley, operan con licencias falsas, vencidas u en otras condiciones que ponen en peligro la integridad de los usuarios y la autoridad luce por su ausencia”, dijo Guerra Villarreal a través de un comunicado.
El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Francisco Cienfuegos, reprobó los operativos de la AET contra las aplicaciones que prestan el servicio privado de autos.
“Nosotros estamos en total desacuerdo en que se les esté privando del trabajo, creo que la autoridad debe de estar de lado del ciudadano y de la clase laboral de este estado, y que deje y permita a los regiomontanos puedan seguir con su trabajo”, dijo el diputado priista.
“El Bronco”, a través de su cuenta de Twitter, argumentó que su prioridad es la seguridad, tanto de los usuarios como de los choferes.
“Nuestra postura es que por encima de todo esté el respeto a la Ley y que toda aquella persona que ofrezca un servicio de transporte, sea cual sea, esté debidamente regulado y registrado”, señaló.
Por su parte, a través de un comunicado, Uber defendió su servicio de transporte privado y aseguró que es legal y lamentó las detenciones.
“Uber es una empresa legalmente constituida en México (…) Lamentamos las recientes detenciones de socios conductores de Monterrey, que día a día se autoemplean mediante la aplicación de Uber de manera honesta para generar ganancias adicionales que beneficien a sus familias”, dijo.
La firma reconoció que no existe regulación en Nuevo León pero manifestó su disposición a construir con las autoridades un marco regulatorio incluyente, moderno e innovador.
“Que garantice el derecho de los neoloneses a escoger las alternativas de movilidad de su preferencia, que se adapten a sus necesidades específicas de traslado”, dice en el texto.
AET entre fraudes y embargos
Noé Gerardo Chávez Montemayor, nuevo director de la AET, no ha ejercido ningún cargo público, pues se ha dedicado a las empresas de transporte de carga pesada, de las que está acusado de fraude por 4.9 millones de doláres.
Chávez Montemayor enfrentó a la justicia en Nuevo León y Estados Unidos por fraude y conspiración en 2007 y 2008 por 4.9 millones de dólares.
En el Condado de Harris, la empresa VINMAR TRADE FINANCE, LTD, presentó una demanda contra Chávez Montemayor por conspiración.
A través de su empresa, Tracomsa, S.A., el funcionario estatal solicitó 4.9 millones de dólares para la compra de 30 camiones tractores de Kenworth y 28 remolques, deuda de la que incumplió el pago
“Tracomsa incumplió su obligación de pago con Vinmar en virtud del pagaré. Con respecto al incumplimiento, Vinmar demandó a Tracomsa en Monterrey, México y luego en el Condado de Harris, Texas”, dice el resumen de la demanda en poder de Reporte Índigo.
Pero además el director de la Agencia Estatal del Transporte fue demandado por la misma empresa en Nuevo León.
El expediente 558/2007 del cual Reporte Índigo tiene copia revela que el funcionario estatal enfrentó un juicio mercantil interpuesto por Felipe de Jesús Torres González, apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa VINMAR TRADE FINANCE, LTD, por un fraude.
La Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León desahogó todas las pruebas presentadas contra Chávez Montemayor. Y su empresa Tracomsa, S.A. fue embargada por la autoridad federal.
