Fuera el fuero

La eliminación del fuero en Jalisco abrió la puerta para que otros estados borren de su legislación la protección constitucional a los servidores públicos.


Aunque en otras entidades se han hecho intentos por eliminar el fuero, argucias legales han impedido que se concrete su desaparición.


Sin embargo, ahora que la mayoría de los ayuntamientos de Jalisco han aprobado el cambio en la Constitución local, esa entidad será pionera en que sus funcionarios puedan enfrentar a la justicia si cometen algún delito.


En otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León o Veracruz el tema ha comenzado a captar la atención de la clase política del país.


El urgente interés por recuperar algo de la confianza perdida de la ciudadanía ha obligado a los políticos mexicanos a eliminar el fuero.


Hasta ahora, los congresos estatales van más adelantados que el Congreso de la Unión, donde hay varias iniciativas relativas al tema, pero no han sido puestas a discusión.


Una de estas iniciativas, presentada por la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, pretende eliminar el fuero y que las autoridades puedan entrar incluso a los recintos legislativos a cumplimentar órdenes de aprehensión.


Otra de las propuestas, ésta del PRD, propone quitar el fuero al presidente de la República y solo acotar la inmunidad de los servidores públicos.


¿Inmunidad o impunidad?


El fuero o inmunidad es la protección que brinda la Constitución Política a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de acusaciones por sus dichos o acciones.


En México, el fuero nació con la Constitución Política de 1917, luego de que en 1913 fuera asesinado el senador Belisario Domínguez, dos semanas después de haber pronunciado un discurso contra el dictador Victoriano Huerta.


“Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre”, fue algo de lo que Belisario Domínguez dijo en tribuna el 23 de septiembre de 1913.


El 7 de octubre de ese año, el senador fue extraído de su casa por un grupo de personas y llevado hasta el consultorio del doctor Aureliano Urrutia, enemigo profesional de Domínguez, quien le cortó la lengua y la envió a Victoriano Huerta, quien era su amigo. Después, sus verdugos lo asesinaron y sepultaron su cadáver desnudo.


A raíz de ese caso, los diputados constituyentes de 1917 decidieron incluir una protección constitucional para que ningún legislador pudiera ser tocado por sus dichos o por denuncia alguna que se hubiera iniciado en su contra.


Sin embargo, el fuero constitucional perdió su razón de ser con los años y se prestó a algunas desviaciones para que los servidores públicos protegidos por la federación salieran impunes de algunas faltas.


Uno de los casos más relevantes fue el de Julio César Godoy Toscano, quien cuando era diputado electo, en el 2009, fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser parte del grupo criminal La Familia Michoacana.


Godoy Toscano no acudió a tomar protesta como diputado federal el 1 de septiembre de ese año.


Para ese mes, el michoacano ya tenía varias órdenes de aprehensión en su contra.


Para septiembre del 2010, Godoy burló la vigilancia del Palacio Legislativo de San Lázaro y con ayuda de algunos legisladores perredistas estuvo escondido ahí un par de días hasta que entró al salón de plenos a tomar protesta.


Ya investido con el fuero constitucional, Godoy Toscano pudo seguir su vida sin ser perseguido por las autoridades hasta que la PGR tramitó un juicio de procedencia para despojarlo del fuero.


En diciembre del 2010, la Cámara de Diputados quitó el fuero a Julio César Godoy, quien hasta hoy es prófugo de la justicia.


Por casos como este, no es un misterio que a los ojos de la ciudadanía el fuero sea considerado como un permiso para cometer faltas o delitos sin rendir cu entas o quedar en la impunidad y como un recurso que, además, promueve la no igualdad ante la ley.


Fuero constitucional


En México son 1,855 servidores públicos que gozan del fuero constitucional federal:


1 Presidente de la República


628 Senadores y Diputados del Congreso de la Unión


11 Ministros de la SCJN


7 Magistrados del TEPJF


7 Consejeros de la Judicatura Federal


20 Secretarios de Estado


66 Diputados de la ALDF


1 Jefe de Gobierno de la Ciudad de México


11 Consejeros electorales del INE


1,071 Diputados de los congresos locales


31 Gobernadores


Congelado, en el Congreso federal


En la actual Legislatura (LXIII) han sido presentadas dos iniciativas que pretenden acabar con el fuero constitucional, una de ellas del PRD y otra del PES.


Un estudio comparativo de ambas iniciativas realizado por el Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, señala que ambas propuestas coinciden en que los funcionarios sujetos a inmunidad puedan ser sometidos a proceso por acusaciones de índole penal, pero hasta que el juez dicte sentencia condenatoria, es cuando deben separarse del cargo.


El PRD propone quitar la inmunidad al presidente de la República y acota el fuero para los servidores públicos.


Del otro lado, está la iniciativa presentada por el Partido Encuentro Social (PES), cuya premisa es que aunque el fuero se creó como una manera de equilibrar la fuerza de los poderes en el país, su sentido se ha desvirtuado de su fin original.


El PES propone eliminar el término “fuero constitucional” de la Carta Magna “con el propósito de evitar el uso de esa expresión, que se encuentra muy asociada a la palabra impunidad”.


Sugiere, además, que se puedan ejecutar órdenes de aprehensión al interior de las instalaciones y recintos parlamentarios siempre y cuando exista una sentencia condenatoria.


El CESOP cita los resultados de una encuesta realizada por Mitofsky, en la que el 64 por ciento de los entrevistados se pronunció en contra de la existencia del fuero, y apenas un 24 por ciento a favor.


Adiós al fuero


Jalisco se convertirá en el primer estado en retirar completamente el fuero a todos los miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de todos sus organismos descentralizados y autónomos.


En total, Jalisco retirará el fuero estatal a mil 598 servidores públicos, entre los que se cuentan el gobernador, diputados, magistrados, alcaldes, síndicos, regidores y otros.


La medida fue votada en el Congreso de Jalisco el 14 de julio; dos semanas después, la eliminación del fuero fue aprobada por 104 cabildos –eran necesarios 65 ayuntamientos-, con lo que ya quedó establecida formalmente.


Los diputados locales de Jalisco aprobaron también un exhorto al Congreso de la Unión para que haga lo propio y elimine el fuero federal de la Constitución Política.


Jalisco es uno de los estados que, aunque gobernado por el PRI, ha tenido el mayor avance de Movimiento Ciudadano, una de las fuerzas de oposición más importantes en el occidente del país.


Hace tres años, en Morelos el Congreso estatal también había aprobado la eliminación del fuero estatal para todos sus servidores públicos; sin embargo, los alcaldes se ampararon contra la medida y no fue posible su puesta en marcha.


El panorama ha cambiado en los últimos años, y ahora Jalisco es la única entidad donde el tema ya acapara la atención de la clase política estatal.


El viernes pasado, el Congreso de Aguascalientes votó por una iniciativa para eliminar el fuero, pero fue rechazada al no alcanzar la mayoría de votos para el cambio constitucional.


La iniciativa fue presentada por Mario Alberto Álvarez (PAN), pero los panistas decidieron abstenerse en la votación y uno de sus legisladores votó en contra; el PRI y el PVEM, así como el PRD y el PT, votaron a favor; Nueva Alianza se abstuvo.


Al final, la votación quedó con 17 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra. Eran necesarios 18 votos para aprobar el cambio a la Carta Magna local.


En Aguascalientes el PAN recuperó la gubernatura en las elecciones del pasado 5 de junio, con Martín Orozco, hoy gobernador electo, quien ha sido señalado por tener cuentas pendientes con la justicia por unos terrenos que compró al municipio de Aguascalientes cuando él era alcalde.


En San Luis Potosí también existen iniciativas para eliminar el fuero, pero no han sido dictaminadas en comisiones del Congreso local y está próximo a vencerse el plazo de seis meses para su análisis.



En Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” envió hace unos días una iniciativa para eliminar el fuero para todos los servidores públicos a nivel estatal y municipal.


El PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano han anunciado que respaldarán la iniciativa del mandatario.


En esa entidad, los diputados locales del PAN anunciaron que ellos renuncian al fuero, en un movimiento mediático pero sin efectos legales, pues la Constitución establece que la única forma como se puede perder la inmunidad es mediante un juicio de procedencia.


En Veracruz, en mayo pasado se aprobó una reforma constitucional para quitar el fuero al gobernador, secretarios, al contralor general, alcaldes, síndicos –o miembros de los concejos municipales-, consejeros del Instituto Electoral Veracruzano y a los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.


La inmunidad constitucional, sin embargo, sigue aplicando para diputados locales, el fiscal estatal, magistrados y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.