[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”1_ya1iknk7″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Eliminar el fuero se ha convertido en la promesa más popular de los candidatos presidenciales en materia de rendición de cuentas, sin embargo, la realidad es que es un tema que durante años ha estado empantanado en el Congreso de la Unión.
Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala han prometido que, de ganar la elección del 1 de julio, presentarán iniciativas al Congreso para eliminar el fuero de los servidores públicos, incluido el del Presidente de la República.
Cuando se firmó el Pacto por México, uno de los compromisos del gobierno de Enrique Peña Nieto fue revisar los fueros “para que nadie tenga privilegios”, según se firmó en uno de los puntos del Pacto. Nunca ocurrió.
El fuero es una figura jurídica que da protección constitucional a legisladores y otros servidores públicos para no ser detenidos sin pasar por un proceso de desafuero, realizado por el Poder Legislativo.
En México todos los servidores públicos que cuentan con fuero constitucional pueden ser despojados de él para ser procesados judicialmente… todos, excepto el Presidente de la República.
Esa es la oferta que los candidatos presidenciales hacen hoy a todo pulmón: que serán ellos quienes quiten esa protección a la figura presidencial para hacer realidad la exigencia de rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
El tema de eliminar el fuero ha sido tratado desde hace años en el Congreso de la Unión y siempre se ha topado con pared a la hora de discutirlo
En la lista de pendientes del Congreso de la Unión existen varias iniciativas que han planteado acotar o eliminar el fuero del que gozan los servidores públicos, pero ninguna de ellas ha transitado en su camino legislativo.
Ahora la disposición de los candidatos presidenciales para tratar este tema ha despertado un nuevo interés en el Congreso, donde las bancadas de Oposición ya plantean la necesidad de aprobar estas iniciativas en este mismo periodo de sesiones antes de concluya el 30 de abril.
Años empantanado
El asunto de la eliminación del fuero constitucional para evitar el abuso de los servidores públicos ha sido un tema recurrente en las campañas de los políticos que buscan ganar el apoyo ciudadano y para los partidos de oposición.
Desde hace más de una década existen iniciativas presentadas ante el Congreso para acabar con la figura del fuero como se le conoce actualmente, sin embargo, al día de hoy, éstas siguen durmiendo el sueño de los justos
Una de las primeras iniciativas sobre el tema fue la que presentó en marzo del 2007 el entonces senador Pablo Gómez Álvarez, quien propuso modificar la Constitución para reformar el sistema de fuero. Hasta el año 2011 el Senado estudió y aprobó el tema, sumando otra iniciativa que había presentado el entonces senador Guillermo Tamborrel.
La minuta durmió el sueño de los justos cuando fue enviada a la Cámara de Diputados. En 2013, luego de la firma del Pacto por México, el tema volvió a ser del interés de los legisladores y a la minuta que había enviado el Senado se añadió otra que el entonces diputado Javier Corral había presentado ese año.
En términos generales, la reforma buscaba cambiar el término “fuero constitucional” por el de “inmunidad constitucional”, en donde quedaba establecido que los legisladores no podrían ser reconvenidos por sus opiniones y se permitía que los servidores públicos pudieran ser sujetos de proceso penal mientras ejercieran su cargo sin ser detenidos hasta que se dictara sentencia en su contra.
Una de las primeras iniciativas para legislar sobre el fuero a nivel federal se presentó en marzo del 2007
La reforma proponía aplicar esta normatividad a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quien sería acusado por la Cámara de Diputados ante el Senado.
Una vez que fue aprobado por la Cámara alta en 2011, la Cámara de Diputados estudió el tema hasta marzo del 2013 y le hizo varias modificaciones; la más polémica fue la que eliminaba la disposición de que la norma se aplicaría también al Presidente de la República. Es decir, los diputados perpetuaban el fuero del primer mandatario de la Nación.
Con ese cambio, la minuta fue enviada nuevamente al Senado, donde se encuentra atorada en comisiones desde entonces.
Antes del asueto de Semana Santa, el senador Zoé Robledo, de la bancada del PT-Morena, presentó una excitativa para que las comisiones de la Cámara alta den trámite a esta minuta a la que sólo le falta la aprobación del pleno senatorial.
Y no sólo eso. El legislador llamó a que se dictaminen también las iniciativas que se han presentado más recientemente sobre el tema y que no han sido tomadas como prioridad en un Congreso manejado por el PRI.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que en septiembre del 2016 se presentó una iniciativa promovida por el PRD en la que se propone eliminar el fuero y hacer al presidente de la República sujeto de juicio político. Esta propuesta tampoco ha sido tratada en comisiones.
“En México, la legislación actual no suspende el fuero en casos de flagrancia, ni cuando se cometen delitos graves o, como lo señalan algunas de las iniciativas que se han presentado, cuando los servidores públicos que gocen de dicha figura puedan ser procesados en libertad y sólo ser removidos de su cargo ya que haya una sentencia condenatoria”.
Los pros y los contras
El Instituto Belisario Domínguez señala que existen cuatro argumentos principales por los que se ha intentado modificar o desaparecer la figura del fuero constitucional.
La primera es que se intenta recuperar la confianza ciudadana en los congresos, los gobiernos y la clase política en su conjunto.
En segundo lugar, se busca recuperar un principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, pues en muchos casos el fuero va más allá de su fin y se usa para obtener privilegios.
Se busca acabar, además, con un incentivo perverso para abusar del poder, lo que facilita o induce a los servidores públicos a cometer delitos y actos de corrupción.
“Finalmente, se afirma que el fuero obstruye la justicia, sobre todo si el procedimiento para eliminar el fuero de un servidor público sujeto a proceso judicial es complejo y largo, lo cual permitiría a los acusados evadir la justicia”, expone el IBD.
Sin embargo, los expertos advierten sobre el peligro de eliminar completamente esta figura, pues se puede provocar un desbalance entre poderes.
“En el caso del fuero, si este es eliminado podría facilitar la persecución política. Aunque hay un esfuerzo social e institucional por establecer fiscalías independientes en el país a raíz de las reformas de justicia y de anticorrupción, este proceso no ha concluido, por lo que el riesgo de la persecución política no desaparece por completo.
Respecto del juicio político, si éste deja de ser por causas graves y se sustituye por criterios políticos interpretables por el legislador, es posible que se abran escenarios para golpes de Estado desde el Poder Legislativo”, advierte el Instituto Belisario Domínguez.
Lo recomendable, según los expertos del Legislativo, es reformar la figura actual del fuero precisando y acotando su alcance para facilitar la aplicación de la justicia, sin volverla un instrumento político.
Escándalo tras escándalo
Los escándalos de corrupción en los que se ha involucrado a funcionarios; la falta de investigación en casos donde se ha acusado a servidores públicos de cometer faltas o la forma en que los políticos buscan tener un cargo público para evadir la acción de la justicia ha provocado que el fuero sea mal visto por los ciudadanos.
Una de las primeras iniciativas para legislar sobre el fuero a nivel federal se presentó en marzo del 2007
Los casos que han dado mala fama al fuero sobran: un claro ejemplo es el caso de Julio César Godoy, quien fuera acusado de estar relacionado con grupos de delincuencia organizada en Michoacán y entró escondido al Palacio Legislativo de San Lázaro para tomar protesta como diputado federal y tener así fuero constitucional.
Sucedió también con otros escándalos como el de Luis Alberto Villarreal en el 2013, diputado del PAN, que fue acusado de liderar un grupo de legisladores que pedían moches a cambio de la asignación de recursos para obras públicas; aunque sus opositores le pedían solicitar licencia para que se llevara a cabo la investigación, no lo hizo. Finalmente fue exonerado por la PGR.
Estos son sólo dos ejemplos de cómo el fuero ha protegido a los políticos cuando deben rendir cuentas.
Recuperar la confianza ciudadana en los congresos, los gobiernos y la clase política es uno de los principales motivos para quitar el fuero
Para quitarle a un servidor público el fuero se debe llevar a cabo un proceso de desafuero por parte del Poder Legislativo que, al ser controlado por legisladores provenientes de los partidos políticos, la búsqueda de justicia se convierte en una negociación.
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