El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por dotar de responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas. Además de encomiendas como el fortalecimiento de la vigilancia en las aduanas y tareas de seguridad pública, se encargarán de construir y operar algunas de las megaobras propuestas por el mandatario.
La última de las atribuciones que el Gobierno federal dio a las fuerzas castrenses es la administración y operación del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El pasado 20 de diciembre, el jefe del Ejecutivo anunció que el Ejército se hará cargo del segmento que va de Tulum (Quintana Roo) a Palenque (Chiapas); además se encargará de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y Felipe Ángeles de la Ciudad de México.
El presidente dijo que, aún cuando los proyectos están en fase de planeación, ya trabajan en la creación de una empresa controladora que será administrada por las Fuerzas Armadas para que operen estos proyectos.
López Obrador ha asegurado que el manejo de los proyectos por parte del Ejército es con el propósito de que la administración del tren y de los aeropuertos sea adecuada y que también brinden seguridad en las regiones en las que se situarán.
“Aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región de que van a poder estar seguros, se procurará que sea buena la administración, que sea autosuficiente y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas. Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizar”, sostuvo durante el evento.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil señalan que otorgar proyectos de carácter civil al Ejército pone en peligro la transparencia de las operaciones, pues durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Sedena no dio a conocer los convenios firmados con proveedores con respecto a las construcciones que tuvo a su cargo.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, comenta en entrevista que la construcción o vigilancia de obras por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional no es garantía de la disminución de la inseguridad en las zonas en las que se construyen, pues tanto el Ejército como la Guardia Nacional han sido señalados por violaciones a derechos humanos.
Lo que hace el presidente al poner los proyectos en manos del Ejército se le conoce como un proceso de militarismo, es decir, que incluyas a las Fuerzas Armadas en un proyecto político; y la actual administración lo ha hecho en más de una ocasión, por ejemplo, le ha dado más responsabilidades como en las aduanas y en el tema de migración que antes eran del orden civil
Política con Fuerzas Armadas
De acuerdo con Morera, en México se tiene un acuerdo desde 1946 en el que se estipulaba que al Ejército se le iba a mantener al margen de temas políticos. La presidenta de Causa en Común señala que debido a la desconfianza del presidente hacia los mandos civiles todo se le encomienda a los militares bajo el argumento de que en dicha corporación no hay corrupción.
“Hay que hacer hincapié en que el problema de la corrupción no es si eres civil o militar, se debe abordar desde los tramos en las instituciones donde puedes cometer algún delito y sobre todo en el Poder Judicial que te abre la puerta a la impunidad, de saber que no pasa nada por hacerlo, y es ese escenario el que no va a cambiar por darle cada vez más tareas y responsabilidades a las Fuerzas Armadas”, recalca.
De igual manera, una de las preocupaciones que destaca Causa en Común es que la corrupción rompa con mayor fuerza a los mandos militares ya que, al tener a su cargo dichos proyectos, deben responsabilizarse no sólo de su propio presupuesto, el cual creció 15.8 por ciento para este año comparado con el anterior, sino también de todos los presupuestos que van hacia los proyectos que les da el presidente.
Tan solo hasta octubre de 2020, la organización tenía registro de 55 militares en puestos de decisión de carácter civil, que iban desde secretarías de seguridad pública locales hasta un director de finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Para poder tener de nueva cuenta a civiles a cargo de los proyectos, Morera destaca que algunas posibilidades podría ser la intervención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o también que durante este año se vuelva a ver un contrapeso a nivel legislativo donde no tenga una mayoría Morena y sus aliados.
“De no tener oposición en las Cámaras, es muy probable que veamos un proceso fuerte de militarismo traducido en un mayor control de aduanas marítimas, fronterizas, en operaciones administrativas, en apoyo a programas de distribución a grupos sociales como ya se empezó con Sembrando Vida y desde luego el resguardo de estaciones migratorias”, recalca.
Otra de las figuras que se ha posicionado contra las decisiones del presidente es la diputada federal Martha Tagle, quien ha expresado que la militarización en la llamada cuarta transformación va más allá de la seguridad pues las encomiendas administrativas y negocios al Ejército, la Marina o la Guardia Nacional es debido a que estas le ofrecen al Gobierno federal lealtad y obediencia ciega.
El Gobierno federal atribuye tareas a las Fuerzas Armadas por considerar que las harán de manera adecuada y con el objetivo de que también brinden seguridad en las regiones en las que se desarrollan los megaproyectos
“El avance de las Fuerzas Armadas en este gobierno ya no solo es en tareas de seguridad, sino también de la administración pública y de corte empresarial. Lo militar es por definición contrario a lo civil. Con cada nueva tarea dada a militares se retrocede en la responsabilidad civil”, compartió Tagle a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el presidente López Obrador, el cuerpo de ingenieros del Ejército apoyará en la construcción del Tren Maya en el Tramo 6, que va de Tulum a Bacalar, con una longitud estimada de 249 kilómetros. También lo harán en el Tramo 7 BacalarEscárcega, de 252 kilómetros, referidos como Caribe 1 y Selva 2, respectivamente, con un total de 501 kilómetros, en ambos tramos están contempladas sus terminales de pasajeros y laderos.