Esta situación lamentable no va a quedar impune y toda la fuerza del Estado, con ayuda de las fuerzas federales y municipales, estarán trabajando hasta detener a los responsables”
de Seguridad de NL
El gobierno de Nuevo León ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien dé información sobre los agresores de tres personas, entre ellas dos menores de edad, el sábado pasado en Santa Catarina.
“El crimen organizado y la venta de droga son los móviles de la agresión dirigida a Miguel Moreno Chaires, quien salió del Penal del Topo Chico el pasado 17 de octubre, donde estuvo internado por delitos contra la salud”, detalló el gobierno de la entidad en un comunicado.
El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, y Aldo Fasci, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad, informaron que fue ron identificados por testigos dos de los siete agresores, por lo que podrían ser detenidos en las próximas horas.
“Esta situación lamentable no va a quedar impune y toda la fuerza del Estado, con ayuda de las fuerzas federales y municipales, estarán trabajando hasta detener a los responsables”, dijo Aldo Fasci.
“La pérdida de dos menores de edad por situaciones ajenas, son dos niños absolutamente inocentes, pone al Estado en una situación de molestia”, añadió.
En la agresión resultaron muertos América de la Paz Manzanares Olvera, de 7 años; Juan Fernando Chaires Alvarado, de 5, y Juan Chaires Ramí rez, de 40 años.
También resultaron heridas Cecilia Margarita Segovia Solís, de 33 años; Juana Isabel Moreno Chaires, de 32 años, y Adela Moreno Chaires, de 36 años de edad, quienes se encuentran fuera de peligro.
“El gobernador ha tenido a bien, por conducto de los órganos que tienen la competenci en esto, y me pidió lo anunciáramos, el ofrecer una recompensa por la captura de dos personajes que podremos dar sus nombres en la mañana”, dijo González Flores.
El funcionario señaló que el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Constitución del Estado facultan a la entidad para ofrecer recompensa económica para allegarse de información.
