Nuevo León no tiene una Ley de Movilidad actualizada, pero en un hecho inédito se discuten cuatro propuestas, entre ellas dos de diferentes bancadas en el Congreso local, pues los diputados no lograron ponerse de acuerdo.
Durante cuatro horas se llevó a cabo la primera de las cuatro mesas de trabajo para crear el nuevo marco legal. La discusión exhibió que las cuatro iniciativas difieren en mucho más que el número de artículos.
A casi ocho meses de que el análisis del tema inició en el Congreso, las Comisiones de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano empezaron la revisión técnica con la asesoría ejecutiva y moderación del Instituto de Política para el Transporte y Desarrollo (ITDP).
De los tres presidentes de las comisiones dictaminadoras sólo Mariela Saldívar, de Desarrollo Urbano, estuvo en el arranque de la sesión. Julia Espinosa de los Monteros, de Transporte, se incorporó a la reunión más tarde y Jesús Nava, de Desarrollo Metropolitano, no asistió.
Pero las propuestas del Gobierno del Estado, de las organizaciones civiles y de las bancadas del PAN y Morena enredaron el proceso en el tema de gobernanza, en donde cada quién defendió su proyecto de ley.
“Si bien había instituciones que se parecían en las iniciativas, difiere muchísimo el mecanismo de coordinación. Las iniciativas de Morena, del Estado y del PAN tienen un diseño bastante tradicional, que intenta ser más ciudadano, entre comillas, y es radicalmente diferente a la propuesta de las organizaciones civiles que tienen un mecanismo de empoderamiento”, dijo Clara Vadillo, gerente de política pública y seguridad vial de ITDP.
Por su parte, Santiago Fernández, asesor de Políticas Públicas de ITDP, mencionó que, sobre todo, hay bastantes diferencias en las propuestas sobre cómo integrar la red institucional.
Mientras el Gobierno del Estado propone la creación de un Instituto Estatal del Transporte, los panistas sustituyen al Consejo Estatal de Transporte actual por un Consejo Consultivo, los morenistas también quieren desaparecerlo para tener una Secretaría de Movilidad y una Agencia Estatal del Transporte, un Consejo Ciudadano, una Comisión de Tarifas y una Comisión de Observatorio.
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El problema de la gobernanza
La organización Únete Pueblo considera que en la nueva Ley de Movilidad tendría que haber un esquema de gobernanza que respete la ley, para poder acabar con la crisis de transporte público que vive Nuevo León.
“La principal crisis de transporte tiene que ver con la gobernanza, es por eso que reiteramos que es el enfoque que tenemos que resaltar”, señaló la vocera Rocío Montalvo.
El urbanista y asesor de esta organización, Moisés López, dijo que anteriormente no había participado en el análisis de cuatro iniciativas, lo que complejizaba la discusión.
López consideró que el tema tuvo muchas diferencias en esta primera mesa trabajo y es necesario vincular esta ley con el espacio público y vehículos no motorizados.
“Tenemos una ley del siglo pasado, centrada en procesos administrativos, no tenemos medios motorizados, no tenemos nada de espacio público y somos un desierto de ciudad, hay más diferencias que coincidencias, sobre todo en temas de gobernanza”, señaló López.
Organizaciones civiles como Pueblo Bicicletero y Únete Pueblo consideran que tener una Ley de Movilidad sin contar todavía con el Plan Integral de Movilidad (PIM) que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, podría generar incompatibilidad.
Analizar para no errar
Durante la sesión, los asesores del ITDP hicieron referencia a que la iniciativa del Estado y la de la bancada de Morena eran muy parecidas.
La morenista y presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa de los Monteros, se molestó porque sólo se hacía referencia a las coincidencias con el Ejecutivo.
La diputada aseguró que las propuestas se analizarán muy bien para no sacar una Ley de Movilidad al vapor, que no resuelva la problemática que tiene Nuevo León.
Por lo pronto, hoy miércoles se tocarán los temas de vialidad y servicios auxiliares, reglamento de tránsito, verificación vehicular y seguridad vial.
El jueves se tratarán las tarifas del transporte público, la seguridad del pasajero y las rutas.
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Transportistas contra el gobierno
En vez de hablar sobre su propuesta de ley, el secretario General de Gobierno, Manuel González, dijo que la administración dialogó con los empresarios y aceptaron que el Estado tome el control sobre ellos.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León lo desmintió y reveló que el diálogo ha permanecido en pausa.
Por razones como el deterioro en infraestructura y las tarifas en Ecovía y Metro, los transportistas expresaron su inconformidad para que el gobierno controle.
“Como resultados ineficientes del gobierno del estado en la prestación y operación del servicio de transporte público, reiteramos nuestra postura completamente en contra de su iniciativa de movilidad”, menciona el comunicado.