Guerrero es actualmente uno de los estados más peligrosos y violentos del país. En la entidad gobernada por Héctor Astudillo Flores el crimen no discrimina, poniendo en riesgo constante tanto a los funcionarios públicos como a las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía.
El caso más reciente que evidencia la crisis de inseguridad por la que atraviesa la entidad es la desaparición de Alfredo Rodríguez Córdova, delegado administrativo de la Secretaría de Protección Civil y hermano de la diputada local priista Isabel Rodríguez.
La última vez que fue visto con vida Alfredo Rodríguez fue la mañana de lunes pasado cuando se dirigía, después de dejar a su hijo en la escuela, rumbo al homenaje a la bandera en el Palacio de Gobierno que presidió Astudillo Flores.
De acuerdo con un informe de las autoridades, el funcionario público desapareció en el trayecto rumbo a la sede del poder Ejecutivo, ubicada al sur de Chilpancingo, sin que hasta el momento se tengan noticias o conocimiento de su paradero.
Ante los hechos, Roberto Álvarez Heredia, vocero de seguridad del gobierno guerrerense comentó: “Ojalá aparezca pronto y bien”.
En su intento por encontrarlo, el gobierno de Héctor Astudillo ordenó llevar a cabo un operativo especial en el que están involucrados el Ejército, agentes ministeriales, policías federales y estatales.
A la Policía municipal se le dejó fuera de la búsqueda ya que desde hace 15 días sus elementos se encuentran encuartelados y bajo investigación de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de siete jóvenes, dos ya fueron encontrados muertos.
El gobierno del mandatario estatal se ha mantenido en silencio y se ha negado a informar sobre los avances del caso.
Por su parte, Marco Antonio Leyva Mena, alcalde con licencia de la capital del estado, escribió en redes sociales: “Hago votos porque pronto aparezca mi amigo Alfredo Rodríguez Córdova”.
Con este caso ya suman cuatro funcionarios públicos que han desaparecido bajo el mandato de Astudillo Flores en menos de un año.
El gobierno de Guerrero dijo que buscará el apoyo de la Federación para retomar el control de la seguridad en el estado y poder garantizar la protección de la ciudadanía y de los funcionarios públicos
En octubre del año pasado Adolfo Vergara de la Paz, subsecretario del Migrante, fue denunciado como desaparecido al igual que su medio hermano Juan Salgado de la Paz, delegado regional de la dirección estatal de Transportes.
Lo mismo pasó con Tomás Flores Castillo, jefe regional del departamento de Preparatorias Abiertas de la Secretaría de Educación estatal.
Las fuentes que reportaron la desaparición de los funcionarios públicos aseguraron que un grupo de hombres armados interceptó a las víctimas y se los llevó por la fuerza. Hoy ninguno de los casos ha sido resuelto por las autoridades correspondientes.
Aunadas a las víctimas por desaparición, el año pasado en Guerrero fueron asesinados Ulises Fabián Quiroz, precandidato a la alcaldía de Chilapa y Adolfo Serna Noguera, precandidato del PRI a la alcaldía de Atoyac.
Las otras víctimas
Apesar de que el estado de Guerrero ha sido clasificado como la entidad menos pacífica de la República por diversas ONG´s y estudios, entre ellos el Indice de Paz 2017, la inseguridad y la violencia son problemas que afectan a todos los mexicanos.
Durante los primeros días del 2018, en el estado de Hidalgo, el expresidente municipal de Mixquiahuala, Miguel Ángel Licona Islas y su hijo del mismo nombre fueron asesinados a tiros en su casa.
Dos días antes, en Nayarit, el director de Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, quien fuera un militante activo del Partido de la Revolución Democrática, fue ejecutado afuera de su domicilio.
Horas antes del atentado, en la misma demarcación, el exdiputado local del sol azteca y actual secretario del Sindicato e Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Manuel Hernández Escobedo, fue atacado a tiros por dos hombres que viajaban en una motocicleta. Sin embargo el funcionario y la persona con quien viajaba resultaron ilesos.
El 2017, además de haber sido catalogado como el año más violento de los últimos 20 en el país, también se destacó por la cantidad de funcionarios públicos que perdieron la vida en hechos sangrientos.
En la estadística se incluyen a los nueve alcaldes en funciones ultimados: Antolín Vital Martínez, presidente municipal priista de Tepexco, Puebla; Stalin Sánchez González, alcalde del PRD de Paracho, Michoacán; Manuel Hernández, alcalde de Hutzilán de Serdán, Puebla; Crispín Gutiérrez Moreno, alcalde priísta de Ixtlahuacán, Colima; Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Nueva Alianza de Hidalgotitlán, Veracruz; Victor Manuel Espinoza, alcalde de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, y su esposa, en el municipio de Banderilla, Xalapa; José Santos Hernández, presidente municipal de San José el Alto, Oaxaca; Sergio Antonio Zenteno, presidente municipal priísta de Bochil, Chiapas, y Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, Guerrero.
A este número hay que sumarle los asesinatos de Ángel Vergara Chamú, dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero y el de Armando Arturo López Solano dirigente del mismo partido en Quechultenango, Guerrero.
Ante los hechos de violencia registrados, el gobierno de Guerrero dijo que buscará el apoyo de la Federación para retomar el control de la seguridad en el estado y poder garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como de los funcionarios públicos.
En la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chilpancingo, la capital del estado gobernado por Héctor Astudillo Flores, fue catalogada como uno de los lugares donde la población se siente más insegura en toda la República.
