Gastan más… y mal

La mayor parte de los municipios del país ejercen de forma irregular el presupuesto que les es transferido para la realización de obras y servicios de seguridad, debido a su falta de capacidad para gestionarlos.

En su Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que muchos municipios invierten en obras y acciones no contempladas, transfieren recursos a cuentas bancarias no autorizadas, y carecen de documentación que comprueben sus gastos.

El rubro en el que la ASF detectó más irregularidades es en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FSIM), en el que un tercio de los recursos fueron invertidos en obras que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema.

Una cuarta parte fue invertida en “obras y acciones fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Para realizar su diagnóstico, la ASF realizó 847 auditorías a 394 municipios entre los años 2007 y 2012 y tomó como muestra a ayuntamientos de todos los grados de rezago social.

Los recursos federales asignados a esos municipios fiscalizados fueron de poco más de 62 mil millones de pesos; la ASF estudió un 78 por ciento de ese capital.

En el caso del FISM, un total de mil 398 millones de pesos se destinaron a obras que no benefician a la población más pobre; y mil 116 millones de pesos en obras que no estaban contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Casi 800 millones de pesos de ese Fondo, un 77 por ciento, fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las del programa; en un 13 por ciento, 90 millones de pesos, no se tuvo la comprobación de los gastos; y 223 millones del FISM no se ejercieron.

La Auditoría encontró que la falta de desarrollo institucional de los municipios está directamente ligada con la falta de resultados en la inversión de recursos económicos del Gobierno Federal.

Mientras más atrasado esté un municipio, tendrá menos capacidad de invertir se forma correcta ese dinero, lo que representa un “desperdicio” de millones y millones de pesos, determinó la ASF.

La situación se repite a nivel nacional.

En el 2013, solo mil 130 municipios, el 48 por ciento de los 2 mil 445 que existen en México, contaba con un órgano de control interno para realizar auditorías a la forma en que se invierten los recursos económicos de la localidad.

“Un factor importante que incidió en la inadecuada gestión de esos recursos, son las debilidades en las capacidades institucionales, por ejemplo la falta de institucionalización de los procesos, la elevada rotación del personal, la inadecuada calidad de éste; lo anterior influenciado a su vez por la insuficiente capacitación y asistencia técnica por parte de las dependencias federales y los gobiernos estatales, entre otros”, expone el diagnóstico.

La ASF encontró también que los municipios tienen irregularidades en los registros contables o patrimoniales; y es común el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio de recursos que se debe hacer a la Secretaría de Hacienda.

El incumplimiento de los municipios también se dio con la ciudadanía, al no difundir entre la población el monto recibido para las obras, su avance y la conclusión de estas.

Falta de capacidad en los municipios

La ASF reveló que la mayor parte de los municipios tienen dificultades para administrarse a sí mismos por su falta de desarrollo.

Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la captación de ingresos propios.

Los municipios tienen graves problemas para generar ingresos por la vía de impuestos, pago de derechos y otros mecanismos que les auxilian a mantener con recursos las arcas públicas.

De acuerdo con la ASF, los datos más recientes, del 2012, reflejan que el 55.5 por ciento de los ingresos propios recibidos por todos los municipios del país se concentró apenas en 39 localidades.

“En el 2012, los recursos propios fueron de 61 mil 689 millones de pesos, que representaron el 26 por ciento de los ingresos municipales locales, los cuales ascendieron a 237 mil 471 millones y significan un promedio de 32.2 millones por municipio”, expone el diagnóstico.

El 53.9 por ciento de esos ingresos se obtuvo por la vía de los impuestos, principalmente el predial, con un monto total de 10 mil 953 millones de pesos.

En ese año, el 57 por ciento de los recursos del impuesto predial de todo el país se concentró en solo 31 municipios. En promedio, estos 31 municipios recibieron 353 millones de pesos, mientras que entre los restantes, el promedio de ese ingreso fue de 5.1 millones de pesos.

Los 10 municipios que tuvieron más éxito con la captación del impuesto predial, en el 2012, fueron Guadalajara, Jalisco; Zapopan, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua; Puebla, Puebla; San Pedro Garza García, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; Naucalpan, Estado de México; y Tlalnepantla, Estado de México.

La falta de capacidad de los municipios proviene de carencias sistémicas que padecen la mayor parte de ellos, sobre todo en las comunidades rurales y localidades apartadas.

Con cifras del INEGI, la ASF reveló que un 11 por ciento de los municipios del país no cuentan siquiera con una línea telefónica; mientras que el 28.3 por ciento no tiene acceso a internet.

De los 2 mil 445 municipios del país, apenas un 47.2 por ciento, mil 154 localidades, tienen un sitio web a través del cual puede hacerse llegar información a la población.

Las carencias llegan también a los bienes tecnológicos que poseen los ayuntamientos.

“Si se relaciona el número de computadoras con el total del personal de las administraciones municipales, en promedio, a nivel nacional, se dispone de una computadora por cada cinco empleados”, afirma la Auditoría.

Este promedio es menor en entidades como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, en donde este valor es de tres empleados por computadora; en cambio, en Tabasco y Tamaulipas, el promedio duplica a la media nacional, con 11 y 10 personas por cada computadora.

Parámetros de organismos nacionales señalan que lo ideal es que haya una computadora por cada dos empleados para facilitar las actividades de los municipios.